Es inoportuno que, en medio de la desaceleración, el Gobierno persiga otra sobrecarga de tributos, sin esforzarse en reducir sus gastos.
El Gobierno Nacional presentó ya hace unas semanas la estrategia de reactivación de la economía que busca impulsar en los próximos meses. Una de las iniciativas, que hace parte del componente legislativo del plan -es la presentación de una ley de financiamiento, con el que el Ejecutivo buscaría $12 billones para cerrar el ‘hueco’ que hoy tiene el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2025.
Para la administración Petro esta nueva ola de impuestos cumple, en combinación con las inversiones forzosas para el sector financiero, con el objetivo de reactivar la economía y de equilibrar las finanzas públicas. Porque de eso se trata la llamada ‘ley de financiamiento’: constituye una nueva reforma tributaria que extraerá de la economía, de los hogares, de las actividades productivas un monto oneroso, incluso en comparación con cambios impositivos anteriores.
El Gobierno ha advertido que la iniciativa, cuyos detalles técnicos todavía no se conocen, bajará la tasa nominal de impuesto de renta a las empresas de 35% a menos del 30%. Además, anunció que no tocaría el IVA ni modificaría el umbral de declarantes del impuesto de renta. No obstante, solo el descenso de esos 5 puntos porcentuales a los tributos corporativos le costaría al fisco unos $10 billones.
En otras palabras, con esas restricciones ya anunciadas, esos billonarios recursos saldrían de los bolsillos de los hogares y familias declarantes, de eventuales aumentos a los actuales impuestos saludables, verdes y demás, y de sobretasas y cargas adicionales a sectores como el minero-energético y el financiero. En resumen, los dineros que se dejarán de recaudar en unos saldrán de otros.
Mientras que el afán alcabalero de la medida queda clara, su capacidad de ‘reactivar’ la dinámica económica se pone en duda, en especial frente al estímulo de la inversión y la generación de empleo. Al contrario, podría golpear todavía más sectores que hoy sufren la desaceleración. No sobra recordar que las empresas de todos los tamaños y los hogares colombianos han experimentado ya varias reformas tributarias consecutivas- en 2021 y 2022-, cuyos duros efectos sobre las empresas aún se experimentan.
El solo anuncio de esta intención de la Casa de Nariño de esta nueva tributaria ha elevado la incertidumbre de los actores económicos, en medio de la actual desaceleración, y despertado la crítica de expertos y analistas del mercado. En momentos en que los actores económicos esperan la demorada definición de un plan de reactivación urgente, tangible y específico, la administración Petro les apuesta a proyectos de ley para tramitar en el Congreso como esta reforma tributaria y la iniciativa de ‘inversiones forzosas’.
Otro aspecto que enrarece el ambiente de esta propuesta impositiva es la falta de un compromiso real del Gobierno Nacional con la reducción del gasto público, en especial de funcionamiento. En mitad de una crisis fiscal de tal magnitud como la actual, el Ejecutivo no ajusta su presupuesto para 2025 a la realidad económica, sino que busca sacarles más recursos a hogares y empresas.
A lo anterior hay que añadir que la administración Petro no ha dado muestras de querer controlar y mejorar la eficiencia y eficacia de su gasto, aumentar los índices de ejecución de la inversión pública y reforzar la lucha contra la corrupción y la desidia. Por ende, es inconveniente e inoportuna esta búsqueda de más impuestos cuando hogares y empresas luchan por salir adelante en una economía frenada y sin una ruta clara de reactivación.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-no-por-via-de-impuestos-611062
