Agradecimientos a Asobancaria y en particular a Jonathan Malagón y Alejandro Vera por la invitación a este evento.
I. Consideraciones conceptuales sobre la política monetaria
Quiero iniciar esta presentación, tal como lo he hecho en algunas presentaciones recientes, con una reflexión general. Quiero en particular recordar algo que para ustedes puede ser obvio, pero no por ello deja de ser importante. Me refiero a que el objetivo principal asignado por la Constitución al Banco de la República y a su Junta Directiva es mantener el poder adquisitivo de la moneda, en coordinación con la política económica general. Esto se ha operacionalizado por parte de la Junta a través de lo que se conoce como estrategia de inflación objetivo, encaminada a mantener una inflación alrededor de 3%, con flexibilidad en la tasa de cambio y con la tasa de interés de muy corto plazo como instrumento principal.
La relación entre el objetivo de una inflación baja y estable y el crecimiento económico es compleja. Típicamente, una postura contraccionista de la política monetaria encaminada a bajar la inflación genera una desaceleración de la actividad de económica en el corto plazo. Sin embargo, el impacto de esa misma política y del logro de una inflación baja y estable es claramente favorable para el crecimiento económico en un horizonte de tiempo más largo. Es precisamente esta paradoja la que ha conducido a que en la mayor parte del mundo se le otorgue autonomía a los bancos centrales para que sus decisiones no estén excesivamente sesgadas por consideraciones de corto plazo, que típicamente son de mayor importancia para los gobiernos de turno.
Una inflación estable alrededor de 3% permite un mayor crecimiento económico sostenible por varias razones:
- En primer lugar, porque genera condiciones de estabilidad y predecibilidad del nivel general de precios que facilita la toma de decisiones por parte de las empresas, los inversionistas y los consumidores.
- En segundo término, pero no menos importante, porque una inflación estable en niveles bajos es requisito indispensable para mantener tasas de interés bajas en forma sostenible. Ningún ahorrador estaría dispuesto a comprar un CDT de largo plazo a tasas de interés bajas si cree que la inflación puede comerse la rentabilidad esperada de esas inversiones. Asimismo, ningún banco estará dispuesto a dar un crédito hipotecario a tasa fija a plazos de 15 o 20 años si cree que la inflación va a subir en el futuro y que con ella subirán las tasas de corto plazo y sus costos de fondeo.
Por otra parte, contar con una inflación baja y estable ayuda a que la política monetaria pueda actuar en forma contracíclica, endureciéndose con mayores tasas de interés en los ciclos de auge de la demanda agregada, en los que típicamente se generan presiones inflacionarias, y bajando esas tasas cuando bajan la demanda y la actividad económica, tal como sucedió por ejemplo en 2020, durante la crisis del Covid.
Desafortunadamente hay condiciones en las cuales se hace necesario mantener una política monetaria contractiva para bajar la inflación aunque la actividad económica se haya desacelerado y no haya evidencia de excesos de demanda. Ello sucede por ejemplo cuando los precios y los salarios están fuertemente indexados a la inflación del pasado. Sucede también cuando hay aumentos en los márgenes de riesgo país, tales como los que se han presentado recientemente, generados tanto por factores de incertidumbre global como por factores idiosincráticos tales como aumentos en la deuda pública y déficits fiscales superiores a los previstos.
Condiciones como estas imponen una mayor carga a las políticas monetarias restrictivas y las hacen más difíciles y costosas en términos del sacrificio temporal que debe hacerse en términos del ritmo de actividad económica y el empleo para bajar la inflación al nivel deseable y recuperar por esa vía la posibilidad de crecer más a mediano y largo plazos.
Estas consideraciones de carácter general pueden parecer excesivamente teóricas pero me parecen importantes para analizar lo que ha sucedido con las condiciones macroeconómicas de Colombia en el período reciente. De hecho, como veremos en el resto de esta charla, en los últimos años hemos tenido que adelantar una política monetaria fuertemente restrictiva, incluso más restrictiva que la de países cercanos al nuestro, como Chile o Perú, en los que la inflación enfrentó menos restricciones para bajar. Aún así, me atrevo a decir que afortunadamente nuestra política ha sido exitosa en su propósito de bajar la inflación y se ha modulado de tal forma que, si bien ha tenido costos de corto plazo en materia de actividad económica y empleo, esos costos han sido muy inferiores a lo que muchos preveían.
Dejo acá estas consideraciones generales y paso a comentar en mayor detalle sobre lo que vemos desde el Banco en materia del impacto de la política monetaria contractiva reciente sobre la actividad económica, el empleo y la actividad financiera, y obviamente sobre la evolución de la inflación y las expectativas sobre la misma. En ese contexto discutiré más adelante sobre la importancia que ha tenido para el Banco la cautela en el proceso de reducción de las tasas de interés de política y sobre las razones para que esa cautela se haya hecho aún mayor en las dos últimas sesiones de Junta.
Al final de mi presentación haré adicionalmente algunas consideraciones sobre el papel que está previsto para el Banco de la República de administrar recursos de ahorro que generará el sistema pensional de acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso el año pasado, la cual requiere reglamentaciones urgentes por parte del gobierno nacional.
II. Ajuste en la demanda, actividad económica, empleo y crédito
La política monetaria contractiva empezó a aplicarse por parte del Banco de la República mediante aumentos en la tasa de interés a partir de septiembre de 2021 y llegó a su punto de mayor intensidad entre abril y diciembre de 2023, cuando la tasa de interés de política se mantuvo en 13.25%.
Esa política tuvo sin lugar a dudas un impacto importante en la demanda interna que, si bien fue doloroso, no sólo permitió iniciar el proceso de ajuste de la inflación sino también reducir los excesos de demanda que llegaron a manifestarse en un muy alto nivel de déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos del país. Dicho déficit representó el 6.1% del PIB en 2022, un indicador que ciertamente implicaba un alto nivel de vulnerabilidad externa de la economía colombiana en ese momento. El proceso de ajuste en este frente ha sido contundente. El déficit corriente de la balanza de pagos se redujo a un promedio de 1.7% del PIB en los tres primeros trimestres de 2024, menos de la tercera parte de lo que era dos años atrás. El equipo técnico del Banco estima que ese déficit podría aumentarse para 2025 a un 2.5% del PIB, cifra que en cualquier caso seguiría siendo muy inferior a la que observábamos en 2022.
Con respecto a la actividad económica, el proceso de ajuste fue significativo en 2023, pero en el período más reciente se está evidenciando una recuperación clara.
- Después de dos años de un crecimiento del PIB extremadamente alto e insostenible en 2021 y 2022 (10.8% y 7.3% respectivamente), la actividad económica se desaceleró al 0,6% en 2023.
- Sin embargo, desde el último trimestre de 2023, cuando hubo una caída del 0.7%, el crecimiento del PIB ha sido positivo y cada vez mayor trimestre tras trimestre. Con cifras desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario, el crecimiento fue 0.5% en el último trimestre de ese año y en los tres primeros trimestres de 2024 subió a 0.9%, 1.8% y 2%, respectivamente. Además, de acuerdo con el informe de Política Monetaria dado a conocer por el equipo técnico del Banco la semana pasada, el crecimiento estimado para el último trimestre de 2024, habría sido de 2.3%, manteniendo así la tendencia favorable de recuperación del dinamismo económico.
- Para el año completo 2024, el equipo técnico del Banco prevé un crecimiento de 1.8%, aunque debe reconocerse que esa cifra incorpora comportamientos muy heterogéneos entre los diferentes sectores, con buenos resultados en agricultura y en servicios y resultados bastante pobres en manufacturas y construcción. Para 2025 el crecimiento esperado es de 2.6% y para 2026 de 3.4%, cifras que en su conjunto son acordes con lo que se estima que es el crecimiento potencial de la economía colombiana.
- En este contexto cabe destacar también que pese al fuerte ajuste monetario que ha tenido que hacerse para reducir la inflación, los indicadores del mercado laboral han mostrado una notable resiliencia. La tasa de desempleo divulgada por el DANE para diciembre de 2024 fue de 9.1%, considerablemente inferior al 10% de diciembre de 2023. La población ocupada en diciembre de 2024, por su parte, superó en 756 mil personas a la que se tenía un año atrás, manifestando un crecimiento de 3.3%. De manera más general, puede decirse que a lo largo de los últimos años el empleo total ha seguido creciendo y tanto las tasas de informalidad como las de desempleo son inferiores a las que se observaban antes de la pandemia. Sería obviamente deseable que fueran aún menores, pero ello requeriría políticas estructurales que se salen del alcance que puede tener la política monetaria del Banco de la República.
- Con respecto al sector financiero, las altas tasas de interés que hemos observado durante el proceso de ajuste macroeconómico reciente han conllevado una desaceleración muy importante en el crecimiento del crédito, junto con un deterioro de la calidad crediticia y grandes provisiones. Ello se ha reflejado negativamente, con un número importante de bancos experimentando pérdidas tanto en 2023 como en 2024. No obstante, los indicadores de solvencia siguen siendo favorables y están por encima de los mínimos regulatorios. Además, el proceso de deterioro de la calidad de la cartera está ya estabilizándose y ya empiezan a observarse indicadores de recuperación del crecimiento del crédito. De manera notable, cabe decir que en los últimos meses hemos empezado a ver nuevamente un crecimiento positivo en términos reales en los saldos de crédito de vivienda.
III. Evolución de la inflación, expectativas y cautela en la política monetaria
En materia de inflación debo resaltar en primer lugar la fuerte tendencia descendente que trae este indicador desde marzo de 2023, cuando llegó al techo de 13.34%. Durante los últimos 21 meses, la inflación general del IPC ha caído en más de 8 puntos porcentuales hasta el nivel de 5.2% en el que se ubicó en el pasado mes de enero.
Más adelante me referiré al hecho de que la inflación total del IPC se ha mantenido muy estable en ese 5.2% por tres meses consecutivos, interrumpiendo la tendencia descendente que traía en los meses precedentes. Hay que destacar positivamente, sin embargo, que la inflación básica ha seguido disminuyendo de manera sistemática, respondiendo de manera clara a la política monetaria contractiva. El indicador de inflación básica que más usamos en el Banco (que excluye alimentos y rubros regulados por el gobierno) bajó de 10.5% en junio de 2023 a 5.15% en diciembre de 2024 y a 5.02 en enero de 2025, de acuerdo con las cifras reveladas el fin de semana pasado por el DANE.
El que la inflación total no haya continuado bajando en los últimos meses, como sí lo ha hecho la inflación básica, se explica íntegramente por un repunte en los precios de los alimentos que esperamos sea temporal. La inflación anual de alimentos, de hecho, pasó de ser inferior al 2% en octubre pasado a 4.5% en enero.
IV. Razones para la cautela
La notable reducción en la inflación que hemos logrado en los dos últimos años no puede ni debe llevarnos a la complacencia o a un relajamiento de la cautela con la que el Banco ha manejado la política monetaria en el período reciente. Al respecto, deben resaltarse tres mensajes fundamentales:
El primero es que la inflación se mantiene significativamente por encima de la meta de 3% establecida por el Banco de la República, meta que como comenté al comienzo de mi intervención es parte fundamental de la estrategia de inflación objetivo con la cual la Junta del Banco ha interpretado su mandato constitucional. En 2024 cumplimos cuatro años con inflación por encima de la meta, lo cual hace que para la credibilidad del Banco y de su estrategia sea particularmente crítico que logremos cumplir en 2025.
El segundo mensaje, que refuerza al anterior, es que la inflación ha demostrado ser más persistente en Colombia que en otros países de la región. De hecho, Colombia tiene en este momento la tasa de inflación más alta entre todos los países que cuentan con una estrategia de inflación objetivo en América, incluidos países avanzados como Estados Unidos y Canadá y países con economías emergentes más similares a la nuestra, como México, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. En esos países la inflación se incrementó de manera notable en 2021 y 2022 pero todos ellos lograron bajarlas a niveles que hoy son inferiores a las de Colombia y más acordes con las metas establecidas por sus bancos centrales. Tres casos particularmente destacables son los de Perú, Costa Rica y Paraguay, en los cuales las tasas de inflación ya son iguales o inferiores a las metas respectivas, lo cual les ha abierto la posibilidad de bajar de manera considerable sus tasas de interés de política, muy por debajo de la que tenemos en nuestro país.
Hay varias razones para explicar la persistencia tan fuerte que ha tenido la inflación a pesar de una política monetaria contractiva. Entre ellas quisiera resaltar lo difícil que ha sido reducir la inflación de servicios, que en el caso colombiano se mantiene en un nivel de 6.8% en enero pasado, muy por encima de la inflación total y de la inflación básica. En alto grado, esa inflación de servicios se ve presionada al alza por fenómenos como el sistema que tenemos de indexación de los arriendos a la inflación del año calendario anterior y el mecanismo de ajuste anual de los salarios mínimos, que en los últimos cuatro años se ha hecho particularmente complejo por aumentos muy superiores a la inflación observada.
El tercer mensaje que quiero dejar alrededor de la cautela con que debemos seguir manejando la política monetaria tiene que ver con lo sucedido con las expectativas. En un contexto en que la inflación se mantiene por encima de la meta y más persistente de lo deseable, las expectativas sobre la misma cumplen un papel fundamental para las decisiones de política.
A partir de diciembre de 2023 y en todas las ocho sesiones de la Junta del Banco de la República en que estaba previsto tomar decisiones de política monetaria durante 2024 se adelantó de manera sistemática un proceso de reducción de las tasas de interés de política que completó 375 puntos básicos, llevándola de 13.25% hasta 9.5% en diciembre de 2024. Este proceso se llevó de manera cautelosa, con reducciones que entre marzo y octubre contemplaron reducciones de 50 pbs cada una. En diciembre el ritmo se redujo 25 pbs y en enero se vio conveniente realizar una pausa a la espera de mayor información sobre los determinantes de la inflación futura, las expectativas y los elementos de juicio requeridos para definir la magnitud y velocidad a la que podría relajarse la política monetaria sin poner en peligro el cumplimiento de la meta.
Entre los elementos que condujeron a esta mayor cautela en diciembre y enero quisiera destacar el comportamiento de las expectativas de inflación. Un indicador al que usualmente otorgamos importancia es el Break Even Inflation que se calcula con la diferencia en la rentabilidad a la que se transan en el mercado los TES a tasa fija y los TES atados a la inflación (TES en UVR) a diferentes plazos. Haciendo unos ajustes técnicos por diferencias en las primas de liquidez y de volatilidad de los diferentes títulos, este indicador sugería en octubre pasado que la inflación esperada para fines de 2025 estaba muy cerca del 3%, totalmente alineada con la meta establecida. En enero de 2025 ese mismo indicador se había aumentado a más de 4.5%. Las expectativas expresadas por los analistas en las encuestas que realizan el Banco de la República y otras entidades también aumentaron entre octubre y enero, aunque en menor magnitud, y se mantienen alrededor de 4%, todavía por encima de la meta.
Los riesgos de una inflación para finales de 2025 mayor a la que se esperaba hace unos pocos meses están vinculados en parte a fenómenos internacionales, tales como la perspectiva de una guerra comercial a nivel global liderada por fuertes aumentos arancelarios por parte de los EE.UU.. Esa misma perspectiva ha hecho que las expectativas de reducciones en las tasas de interés por parte de la FED sean bastante más limitadas y que las tasas de interés globales a plazos largos sean actualmente mayores de que veíamos un año atrás. En este contexto, durante los últimos meses de 2024 se observó una depreciación importante de las monedas de economías emergentes como Colombia con respecto al dólar, con implicaciones que podrían presionar al alza la inflación en nuestros países. Aunque este fenómeno se ha revertido parcialmente desde comienzos de enero, solo el tiempo nos dará mayor claridad sobre su persistencia.
Posiblemente vinculado con la depreciación del peso en los últimos meses de 2024, el incremento en los precios de bienes transables que se captura en el índice de precios al productor (IPP) ha sido considerable. En octubre pasado, la tasa anual de crecimiento del IPP era de solo 1.6%, cifra que aumentó a 5.8% en diciembre, si bien en enero se redujo ligeramente a 5.5% quizás como reflejo de la corrección que empezó a observarse en la tasa de cambio.
Paralelamente a lo anterior, factores idiosincráticos han afectado también las expectativas de inflación y los márgenes de riesgo implícitos en las tasas de interés de los bonos colombianos en el exterior, haciendo necesario el reforzamiento de la cautela. Entre esos factores se destaca el hecho de que las cuentas fiscales de 2024 estuvieron considerablemente más deficitarias de lo que se preveía, con un déficit de 6.8% del PIB, superior en 1.2 pp a lo previsto, algo que se traduce en que Colombia tiene hoy niveles de endeudamiento público del orden de 60% del PIB, considerablemente mayores a los que estaban implícitos en las estimaciones previas, que eran del orden de 55% del PIB.
Para 2025, el Plan Financiero expedido por el Gobierno la semana pasada proyecta una reducción del déficit a 5.1% del PIB. Aunque ello implicaría una mejoría sustancial frente a 2024, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal persisten no solo porque se trata de un déficit superior al que se preveía cuando se presentó el Presupuesto General de la Nación, sino porque se presenta a pesar de que supone un crecimiento muy fuerte de los ingresos tributarios, 17.4%, cuya viabilidad ha generado inquietudes a varios analistas. Además, aún si se cumplieran esas proyecciones de ingresos, la deuda neta del gobierno permanecería a final de 2025 por encima de 60% del PIB, un nivel similar a los máximos históricos que alcanzamos en el marco de la crisis del COVID en 2020 y 2021 y claramente superior al 55% del PIB que la Ley de la regla fiscal consideró sostenible y adoptó como ancla de referencia para esa regla.
Aparte del tema fiscal, entre los factores que han afectado recientemente las expectativas de inflación se destaca la magnitud del aumento del salario mínimo para 2025, que si se incluye el ajuste en el subsidio de transporte, implica un aumento en los costos para los empleadores de 11%, más de 6 pps por encima de la inflación observada y 8 pps por encima de la meta de inflación. No sobra destacar que ese aumento del salario mínimo tiene también un efecto importante sobre las cuentas fiscales, en particular por su impacto sobre los pagos de pensiones del sistema de prima media, que en alto porcentaje corresponden a pensiones de montos equivalentes o cercanos al salario mínimo.
Sin lugar a dudas, los desarrollos recientes generan grandes retos para la política monetaria y pueden hacer más difícil y costoso el logro de la meta de inflación. Las decisiones por delante serán complejas. Se espera que ellas sean compatibles con una senda de tasas de interés que vayan bajando, pero probablemente a un ritmo más lento de lo que se preveía antes para mantener su consistencia con la convergencia de la inflación hacia su meta. Como lo reiteramos en todos los comunicados de prensa de la Junta, las decisiones irán tomándose en cada momento con la información disponible, bajo los lineamientos de política que he tratado de delinear en esta presentación.
V. El papel del Banco de la República en la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del sistema pensional
No quiero terminar esta intervención sin hacer un comentario sobre el papel que jugará el Banco de la República en la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del sistema pensional, con base en lo aprobado el año pasado por el Congreso Nacional.
La Ley 2381 de 2024 define un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. En el pilar contributivo, los aportes pensionales realizados por los trabajadores se dividen entre un componente de prima media y otro de ahorro individual. El componente de prima media será administrado por Colpensiones y recibirá las cotizaciones de todos los trabajadores correspondientes a ingresos desde 1 hasta 2,3 smlmv. Dado que actualmente las cotizaciones de esos trabajadores van parcialmente para el componente de ahorro individual, el cambio implica un aumento importante en los recursos que recibirá Colpensiones desde el momento en que entre en vigencia la reforma. En el futuro esta situación se invertirá, porque el pago de pensiones por parte de Colpensiones requerirá de mayores recursos que los que demanda el sistema actualmente vigente.
En otras palabras, la reforma generará para Colpensiones un excedente de recursos temporal, que seguramente será insuficiente para cubrir las obligaciones futuras por concepto de pensiones. El propio proyecto de Ley estima que hacia 2070 que el Fondo de Ahorro para el Pilar Contributivo -FAPC- se habrá agotado plenamente, con lo cual el Gobierno requerirá aportar mayores recursos para cubrir el déficit correspondiente. El reto por hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados. El reto de avanzar en esa dirección sigue latente y no se altera en lo absoluto por el papel de administrador de recursos financieros que va a cumplir el Banco de la República.
La creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) administrado por el Banco de la República está planteada de tal forma que le asigna a ese Fondo unos ingresos calibrados para que no se afecte el gasto corriente en pensiones del Gobierno nacional ni el ahorro agregado de la economía.
Los recursos que reciba el Banco de la República a través del FAPC serán canalizados hacia el mercado de capitales a través de administradores profesionales para generar una rentabilidad que ayude al Gobierno a cubrir sus obligaciones de pensiones en el futuro. La ley establece un Comité Directivo que actuará como autoridad máxima del FAPC y que contará con tres miembros del Gobierno y cuatro miembros independientes expertos nombrados por la Junta Directiva del Banco de la República.
En línea con su función constitucional de agente fiscal del Gobierno, el Banco actuará como el administrador del Fondo bajo una responsabilidad de medio y no de resultado. Para este propósito, el Banco proporcionará la infraestructura técnica y operativa adecuada, garantizando una separación estricta entre los recursos del Fondo y los propios del Banco, tanto en términos presupuestarios como contables, guiado por principios de prudencia y diligencia, comunes en los mandatos de administración fiduciaria. Además, en el diseño del esquema de administración del Fondo, el Banco garantizará que su gestión esté totalmente separada del manejo de las reservas internacionales y de las funciones de política monetaria, cambiaria y crediticia, cuyos lineamientos son definidos por la Junta Directiva. Es así como funciona actualmente el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), a través del cual el Banco sirve de agente fiscal al gobierno para administrar recursos originados en actividades petroleras.
Con respecto a los recursos a administrar en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, quisiera resaltar que de acuerdo con cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), los ingresos anuales del Fondo serían cercanos al 0.9% del PIB en los primeros años del funcionamiento y alcanzarían 1.2% del PIB en 2051, año a partir del cual decaerían progresivamente. De acuerdo con ello, en el punto máximo los activos bajo administración alcanzarían aproximadamente 660 billones de pesos, equivalentes a más de 35% del PIB. Se trata por tanto de una enorme responsabilidad, cuyo buen funcionamiento tendrá implicaciones importantes para los mercados financieros y de capitales. Estimaciones preliminares sugieren que los ingresos mensuales del Fondo a partir del próximo 1º de julio serían del orden de 1.4 billones de pesos, lo cual pone de presente la urgencia de que se definan a la mayor brevedad todos los detalles regulatorios para que el Banco pueda definir los procesos y las contrataciones correspondientes para su buen funcionamiento.
Para avanzar en la estructuración del Fondo es fundamental contar con un marco normativo que defina la conformación de su Comité Directivo, así como las funciones de ese Comité y del Banco como administrador. El Banco de la República ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Regulación Financiera (URF) para delinear una propuesta normativa que deberá expedir el Gobierno. En este proyecto de decreto se ha planteado un periodo de transición que permita comenzar a funcionar el 1º de julio, a pesar del rezago que ya existe en la reglamentación requerida para poder conformar el Comité Directivo del FAPC, avanzar en elaborar los contratos con los administradores delegados, definir los criterios para escogerlos y establecer sus lineamientos de inversión.
Esperamos que el borrador del decreto en el que se estuvo trabajando intensamente el año pasado con la URF y el Ministerio de Hacienda y que según entendemos se encuentra actualmente en revisión del Ministerio de Trabajo, pueda ser publicado a la mayor brevedad para comentarios del público. Con su expedición podrá iniciarse el proceso de preparación para un cambio de tanta profundidad como el que tenemos por delante, para lo cual se cuenta con menos de cinco meses. Sin la pronta expedición de este decreto resultaría imposible definir los elementos esenciales para empezar a administrar el Fondo en su periodo de transición.
No menos importante es la reglamentación adicional que se debe construir por parte del Gobierno, entre otros, sobre la operatividad para definir los ingresos del Fondo, la definición del esquema de subcuentas generacionales, sus respectivas políticas de inversión y la fase de desacumulación. La pronta expedición de los decretos correspondientes resulta absolutamente indispensable para que el Banco pueda cumplir en los tiempos establecidos con las funciones que le asignó la Ley. El Banco ha ofrecido y seguirá ofreciendo toda su colaboración para que los actores involucrados trabajemos con la celeridad requerida, y de manera conjunta y coordinada, para lograr una adecuada implementación del nuevo sistema pensional en relación con la creación y entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).
Información extraída de: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/notas-gerente-general-congreso-tesoreria-asobancaria
