Los cambios anunciados por Gobierno y Congreso muestran se traducen en cifras que no aminoran el riesgo de que el sistema quede sin dinero al 2100.
Esta semana finalmente acabó la discusión que se tenía en el Congreso de la República, sobre cuál de las cuatro ponencias de la reforma pensional que había en ese recinto, pasaría a votación en el Senado, en medio de las movidas de la oposición para frenar su trámite y el llamado del Gobierno para avanzar rápido.
De las cuatro propuestas que estaban sobre la mesa (dos de archivo, una del Gobierno y otra alternativa) fue la oficial, encabezada por el Ministerio del Trabajo, la que se impuso en las votaciones y acabó recibiendo el aval del Legislativo en esta etapa, tras un acuerdo que se alcanzó con el Partido Liberal para hacer algunos cambios.
Entre los cambios más notorios para el nuevo texto de la pensional destaca la reducción del umbral de cotización obligatoria en Colpensiones, que estaba en 3 y se cayó a 2,3. Así mismo, está el hecho de que los recursos no serían administrados por la cabeza del régimen de prima media, sino por un actor que aún se debe definir.
Si bien estas modificaciones en el proyecto de reforma, que se incluirán como proposiciones durante lo que resta de trámite, expertos como José Ignacio López, presidente de Anif, sostienen que todavía no se están abordando los problemas de equidad y sostenibilidad del sistema pensional.
“Se perdió la oportunidad de trabajar con base en la ponencia alternativa. Los cálculos, todavía preliminares, nos sugieren que con el umbral del 2,3, que en principio es el que se ha negociado con el Partido Liberal, estaríamos hablando de un aumento de hasta 74 puntos del PIB en valor presente neto del pasivo pensional, unos $1.156 billones, esto es un monto que va a poner una presión sobre la sostenibilidad del sistema”, explicó López.
Tomando como referencia los cálculos más recientes del Comité Autónomo de Regla Fiscal, con el umbral de tres salarios mínimos, los pagos del Gobierno a Colpensiones serían del 4% del PIB a 2100. Por otra parte, si se baja el umbral a dos salarios mínimos, por encima de lo pactado entre el Gobierno y liberales, la carga sería del 3,6% del PIB; dejando una diferencia mínima, que sería menor con el umbral del 2,3 que ya se dijo.
Es por esto que para Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, cualquier alivio al sistema de pensiones, con una eventual reforma, se sentirá únicamente con un umbral de 1,5 salarios mínimos o menos, dejando claro que “esta no es la reforma que el país necesita”.
“Nos preocupa que no vemos que Colpensiones esté lista para el reto gigantesco de administrar las cuentas de 25 millones de personas. Y también nos preocupa que las reglas de juego de los actores, incluyendo las administradoras de fondos de pensiones, no son claras, por lo menos en la ley”, agregó Wills.
En una línea similar opina Nicolás Lara López, abogado consultor del Centro Jurídico Internacional, quien destacó que “es fundamental tener en cuenta que lo más riesgoso y preocupante de la reforma pensional es cómo el Gobierno pretendería abarcar esta garantía de la mesada pensional a todos los ciudadanos que tengan esa expectativa pensional o que pese a que no la tengan, como aquellos que no son cotizantes al sistema, pues de qué forma se les puede garantizar ese ingreso mínimo y básico para tener una garantía de cara a la vejez”.
Otro de los puntos que llama la atención en los acuerdos para destrabar la reforma pensional, tiene que ver con el aumento de los subsidios del régimen solidario, que según explicó el senador liberal Alejandro Chacón, serían para los estratos más bajos. Esto, según los expertos se debe delimitar ya que de lo contrario serían más presiones al sistema pensional.
Portafolio también habló con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, quien argumenta que la reforma no aborda los privilegios y desequilibrios existentes en el sistema pensional colombiano y que “introduce algunas inequidades de género y agrava otras”.
“Por ejemplo, extiende el pago del subsidio que crea el subsidio a los adultos mayores, aumenta el número de semanas, eleva la edad para tener o poder solicitar ese subsidio, muchísimo más para las mujeres que para los hombres. También pone a las mujeres en condiciones desventajosas en el mercado laboral, con lo de la reducción de las semanas de cotización”, explicó Restrepo.
Entre tanto, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, sostuvo que “la reforma es fiscalmente insostenible pues la obligación a cargo del Estado se va a incrementar. Este costo fiscal para el Gobierno pondrá en riesgo el acceso efectivo a una pensión a quienes están en sus primeros años laborales”.
“Un umbral de pensión de 2,3 salarios mínimos, que hoy son cerca de 2,6 millones de pesos mensuales a cargo de Colpensiones, es decir de todos los colombianos, es realmente alto e impone un subsidio a cada futuro pensionado muy alto que no es posible sufragar. Pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas e implica darle subsidio al 83% de la población”, dijo.
Estos expertos indicaron que antes de cualquier decisión que se pueda tomar en el Senado, el país debe analizar a fondo las implicaciones de los cambios propuestos por el Gobierno, ya que al parecer no llevarían al país a un panorama diferente, sino que se mantendría todo en el mismo escenario, pero con diferentes cuentas.
A la reforma pensional le restan tres debates y le quedan menos de tres meses para cumplirlos.
Saida Quintero, directora del Área Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, criticó la falta de ajustes en variables claves del sistema pensional y la rigidez del proyecto en relación con la edad de jubilación. Así mismo, advirtió la necesidad de ampliar el número de cotizantes y vincular la reforma pensional con una reforma laboral para garantizar la viabilidad del sistema.
“Resulta indispensable medir el impacto económico de la reciente sentencia de la Corte Constitucional que ordenan reducir, para el caso de las mujeres, el número de semanas necesarias para adquirir el derecho a la pensión de vejez”, dijo esta experta, que a su vez insistió en que el debate debe darse a profundidad.
