Por aferrarse a conceptos ya previamente hundidos, el Gobierno dejó pasar el momento de construir una reforma al sistema de salud con un consenso real
El pasado viernes, el ministerio de Salud radicó ante el Congreso de la República, con más bien bajo perfil, el proyecto de ley para la reforma a la salud. El texto es mucho más corto que el original hundido en el Senado en abril pasado y representa un nuevo intento de la administración Petro para cambiar el marco que rige el sistema sanitario para los colombianos.
La reforma del sistema de seguridad social en salud ha sido una de las iniciativas más debatidas dentro de la tríada reformista del Gobierno Nacional y, al mismo tiempo, de las más rechazadas desde la sociedad civil y los actores del sistema. De hecho, la radicación del nuevo articulado ha sido recibida por gremios, asociaciones de pacientes y expertos como otra muestra de la falta de voluntad política de la Casa de Nariño para consensuar los cambios que busca.
Que la atención en salud en Colombia requiere de transformaciones urgentes es algo que ningún actor niega. Más aún, hay falencias estructurales como la insostenibilidad financiera del sistema y las responsabilidades del aseguramiento y el manejo del riesgo, ya identificadas y que cuentan con un creciente consenso sobre la necesidad de atenderlas. No obstante, la propuesta oficial sigue apuntando a sustituir el sistema de aseguramiento privado por un esquema público, que la resolución de las evidentes problemáticas.
Hoy el sistema de salud enfrenta una compleja coyuntura. De las 28 entidades promotoras de salud (EPS) hay siete intervenidas y más de la mitad de los ciudadanos están afiliados a EPS públicas, administradas por el Estado o en solicitud de dejar el sistema. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC) la deuda de las EPS asciende a $16,8 billones, mientras que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente con un déficit proyectado este 2024 de $2 billones.
A lo anterior se debe añadir que la ‘reforma por la puerta de atrás’ que ha venido desplegando el Gobierno no solo ha sido incapaz de estabilizar el sistema y avanzar en la visión gubernamental, sino que ha deteriorado indicadores de gestión. Según el observatorio ‘Así Vamos En Salud’ en los primeros cuatro meses de este año las tutelas para exigir atención en salud se elevaron 42,4% frente al mismo período de 2023 y las PQRS aumentaron 11%.
En vez de mejorar la relación del sistema de salud con los ciudadanos, la gestión de la administración Petro la ha empeorado y encima generado mayor zozobra. De acuerdo a la más reciente encuesta Invamer, el 50% de los colombianos cree que los afiliados de las EPS intervenidas o en proceso de salir del sistema verán deteriorados sus servicios. Las preocupaciones sobre la continuidad de los procedimientos médicos, la asignación de citas y la entrega de medicamentos aumentan en medio de la negativa del Gobierno de llegar a los acuerdos necesarios tanto alrededor de aspectos técnicos como la UPC y su insuficiencia, como alrededor del marco institucional del sistema.
Se mantienen en el nuevo proyecto de ley radicada -que, según el minsalud, es la continuación de la misma reforma de hace año y medio- los vacíos y alertas sobre las soluciones a la crisis financiera del sistema, la gobernanza institucional, el rol de las EPS y del aseguramiento individual, la falta de claridad en la transición y la protección a los avances ya adquiridos por los ciudadanos, entre otros. En conclusión, con los pacientes en el centro, el Gobierno no debería dejar pasar la oportunidad de construir un ‘cambio’ en salud con el trabajo conjunto con los demás actores del sistema.
Información extraída de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/precio-del-oro-el-20-de-septiembre-de-2024-3957515
