Pensiones bien invertidas

La aclaración reciente de la Unidad de Regulación Financiera (URF), según la cual no será necesario repatriar los recursos del ahorro pensional hoy invertidos en el exterior, es una buena noticia. No solo despeja una inquietud jurídica, sino que reafirma un principio básico: la diversificación internacional no es un capricho ideológico: es una herramienta elemental de gestión de riesgo y de protección del patrimonio de millones de trabajadores colombianos.

Conviene decirlo. Las AFP tienen un mandato fiduciario preciso: cuidar e incrementar el ahorro de los cotizantes con riesgo calculado. Ese mandato no lo define el Gobierno ni la coyuntura fiscal, sino los trabajadores que aportan mes a mes. Los verdaderos jefes de las AFP no están en el Ejecutivo: están en las nóminas del país. La URF ha explicado que el decreto no implica una “repatriación total” y que el cumplimiento de los porcentajes se lograría con flujos nuevos anuales sin obligar a desmontar posiciones afuera. Y se contempla una “cláusula de escape” para que, si se justifica, los fondos mantengan o aumenten la inversión internacional.

Esto no significa desconocer una responsabilidad moral y ética con el desarrollo nacional. Pero ese acompañamiento no puede ir en contravía del objetivo central de preservar y aumentar el patrimonio de los cotizantes. Forzar inversiones domésticas con retornos inferiores o riesgos mal compensados termina siendo una forma de expropiación del ahorro laboral.

La discusión de fondo va más allá del “dentro o fuera”. El verdadero problema es que el mercado de capitales colombiano sigue siendo estrecho, poco profundo y excesivamente concentrado. Durante años, los mecanismos de financiación se han limitado a deuda pública e infraestructura tradicional. Eso ya no es suficiente para una economía que quiere crecer, innovar y diversificarse.

Aquí la conversación útil no es “obligar”, sino “habilitar”. Si el Gobierno quiere que más ahorro se canalice al país, debe hacer su tarea: un banco de proyectos real, con factibilidad, cronogramas y estructuración; vehículos que agrupen iniciativas para diversificar riesgo; y reglas estables de información, gobierno corporativo y supervisión para que las AFP inviertan con tranquilidad. No se trata de patriotismo financiero, sino de construir activos invertibles, con retornos comparables y riesgos entendidos por el mercado.

En el mundo, los grandes fondos pensionales entendieron esto hace tiempo, combinando diversificación global con participación de largo plazo en activos reales: infraestructura, propiedad, crédito privado, capital de crecimiento y private equity. Esa mezcla les permite amortiguar choques, capturar primas de iliquidez y, sobre todo, aumentar retornos netos para sus afiliados.

Colombia necesita dar ese salto: que los fondos puedan participar, con estándares de riesgo y transparencia, en el sector real, la tecnología, la logística, la transición energética, la salud y los servicios exportables. No para “salvar” proyectos, sino para financiar empresas y apuestas industriales con capacidad de crecer, exportar y generar empleo formal. Eso puede elevar retornos de largo plazo, dinamizar la productividad y, de paso, volver más atractivo el mercado de valores.

Limitar a las AFP no fortalecerá el ahorro pensional ni desarrollará la economía. Liberar su capacidad de invertir bien, sí. Cuidar el ahorro de los trabajadores y financiar el futuro del país no son objetivos opuestos: son complementarios, siempre que se respete el principio rector: la pensión es del cotizante, y su rentabilidad -con riesgo bien gestionado- no se negocia.

JAIME PUMAREJO HEINS
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