El sábado pasado el gobierno de Gustavo Petro logró un primer acuerdo dentro de la agenda de diálogo en las negociaciones de paz que desarrolla con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se trata del modelo para la participación de la sociedad civil “en la construcción de la paz”, punto central del proceso con esta guerrilla que apunta a la definición de una “Gran Acuerdo Nacional”. A diferencia de las Farc, el ELN no busca una mesa entre dos partes- Estado y organización subversiva- sino una “conversación” con actores sociales para los cambios.
En ese orden de ideas, lo pactado hace pocos días constituye un hito destacado ya que es la primera vez en la que se avanza en el pedido histórico del ELN sobre esa consulta a la sociedad civil. Además, implica un importante paso en el sentido en que la participación social ocupa un lugar fundamental en todo el proceso de paz de esta organización. No es exagerado afirmar que es el corazón de estos diálogos de paz, desde el punto de vista de los guerrilleros, o al menos buena parte de él.
No obstante, a unos días de haber sido logrado este acuerdo, los dirigentes de siete gremios de la producción expresaron sus preocupaciones sobre el enfoque que se le estaba dando a este modelo de participación en sus borradores. Las alertas de los representantes del sector privado sobre esta hoja de ruta para la discusión de la sociedad civil no son menores. En primer lugar, está la agenda de discusión que incluiría aspectos del régimen político, el modelo económico y la situación ambiental.
Esto es, ha quedado la incertidumbre sobre si la agenda de transformaciones constitucionales y legales que podrían acordarse en los diálogos con organizaciones de la sociedad civil, llega a la mesa, es aceptada por ambas partes y entonces se convertiría en vinculante. ¿Dónde quedaría entonces el rol del Congreso de la República, la separación de poderes públicos y los caminos institucionales establecidos para la adopción de este tipo de cambios?
Si bien el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aclaró que “revisar el modelo no implica revisar el sistema de propiedad privada y capitalista”, haría bien el Gobierno en consignar esas aclaraciones en documentos posteriores del proceso de diálogo. En especial, en medio de la insistencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en impulsar una Constituyente y en sus mensajes de la posibilidad de hacerlo por vías distintas al Congreso de la República. Los temas que se discutirían en esa gran “consulta con la sociedad civil” dentro del acuerdo de paz ELN-Estado abren la puerta al tipo de cambios constitucionales que la Casa de Nariño persigue.
A lo anterior se debe añadir que este acuerdo alrededor de la participación de la sociedad civil se firmó, aún a pesar del anuncio del ELN de regresar a los secuestros. En otras palabras, el fin de este flagelo contra los colombianos debió ser una especie de línea roja que el gobierno de Petro no debió cruzar hasta lograr que la guerrilla renunciara a este delito. Todo lo contrario, hoy el ELN tiene su marco participativo y sigue con estas actividades. También se espera que los representantes del Estado no pasen de agache en próximos momentos de la negociación para lograr que se acaben no solo los secuestros sino el reclutamiento de menores y el terrorismo.
En conclusión, esos reparos de los gremios- en términos de ejes, agenda, dudas sobre la vinculación, preocupación por una Constituyente por la ‘puerta de atrás’- y, habría que añadir, la visión de un Estado demasiado generoso en sus concesiones- no deben engavetarse y merecen atención.
