La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, de subir en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria no fue sorpresiva. Respondió a un diagnóstico que los datos ya venían confirmando: el comportamiento de la inflación básica, el deterioro de las expectativas, el entorno internacional y las presiones internas acumuladas.
Sin embargo, lo que marcó la reunión de marzo fue la reacción del Gobierno. La salida del Ministro de Hacienda de la reunión, y su decisión de convocar una rueda de prensa por fuera del anuncio institucional del Banco, convirtió una diferencia conceptual sobre política monetaria en un cuestionamiento a la autonomía constitucional del Emisor y a la independencia de los miembros de Junta.
Ese punto importa porque la estabilidad de precios es un bien público.
La Junta del BanRep existe para proteger el poder adquisitivo del peso y preservar la confianza en la moneda. No para actuar como un apéndice del Ministerio de Hacienda. Cuando esa frontera se desdibuja, se debilitan la institución, la confianza empresarial y la credibilidad de las reglas.
La decisión, además, tenía fundamentos claros. La inflación básica, que excluye los componentes más volátiles de la canasta y permite medir la presión de fondo sobre los precios, mostraba que el problema seguía instalado en el núcleo de la economía.
Esa medida pasó de 5,12% en junio de 2025 a 5,29% en diciembre, 5,46% en enero de 2026 y 5,53% en febrero. Es decir, la inflación básica sigue por encima del rango meta y, además, retoma una trayectoria ascendente.
A eso se sumó que la moderación del IPC en febrero respondió en buena parte a factores transitorios ligados a precios de energéticos, no a una corrección sostenida de la inflación.
Por eso la situación luce aún más frágil en un entorno internacional marcado por la incertidumbre del conflicto en Irán y por la presión sobre petróleo y gas, que puede volver a transmitirse a combustibles, transporte e insumos.
El mercado financiero ya había anticipado una política monetaria más restrictiva.
En menos de tres meses, la tasa de los TES a un año subió de 11,30% a 13,46%, mientras la de los títulos a 10 años pasó de 13,13% a 13,27%. En otras palabras, el mercado dejó de esperar una baja rápida de tasas y empezó a descontar un período más largo de restricción monetaria.
La Encuesta Mensual de Expectativas de marzo apuntó en la misma dirección, mostrando que una reducción estructural de la inflación solo se espera hacia finales de 2027.
Por tanto, la Junta confirmó una trayectoria que ya estaba incorporada en las expectativas y en algunos instrumentos financieros como los TES.
Conviene reconocer que parte de la presión inflacionaria actual fue alimentada por decisiones de política económica de corto plazo.
Un salario mínimo decretado muy por encima de la inflación, junto con una presión fiscal que ha empujado la demanda cuando el país aún no terminaba de corregir su desequilibrio de precios, elevó la indexación, deterioró las expectativas y terminó exigiendo una respuesta monetaria más severa.
Precisamente por eso la autonomía del Banco importa más: porque debe actuar cuando la política de corto plazo agrava el problema.
La inflación alta golpea primero a los hogares, a los asalariados y a las pequeñas empresas. Por eso, defender al Banco no es defender una ortodoxia. Es defender una institución que existe para evitar que el costo de la improvisación vuelva a recaer sobre el país.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
