La falta de respaldo político en el Congreso, pondría en jaque nuevamente las cuentas de gasto para el próximo año.
Esta semana cerrará con el paso crucial que se dio en el Congreso de la República para despejar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación del 2026, luego de que las comisiones económicas aprobaron esta iniciativa en primer debate y dejaran todo listo para la discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
El hecho de que estas cuentas hayan quedado fijadas por un monto de $546 billones, cifra que representa un recorte de $10 billones frente a la propuesta inicial presentada por el Gobierno ha despertado posiciones encontradas en la opinión pública, puesto que algunos lo ven como una victoria del Gobierno y otros lo traducen como un alivio a las cuentas de la Nación y un freno al gasto desmedido de esta administración.
Lo cierto es que el debate de fondo apenas comienza y ahora todas las miradas están puestas en la reforma tributaria, que definirá de dónde saldrán los ingresos para financiar ese presupuesto recortado, pero que sigue enfrentando un ambiente de enorme desconfianza política.
Si bien la aprobación del PGN en las cuatro comisiones económicas del Congreso permitió destrabar una de las discusiones más tensas de las últimas semanas, hay quienes consideran que la decisión se puede tomar como un mensaje político en el que se dijo a la Casa de Nariño que se respalda el presupuesto, pero no a cualquier costo.
Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, fue directo en su posición y advirtió que “no estamos de acuerdo con el monto y lo hemos venido diciendo, pero creo que es peor para el país pasar este presupuesto por decreto. Por eso vamos a acompañar esta propuesta alternativa de la representante Olga”.
En su declaración dejó claro, sin embargo, que la oposición se prepara para una batalla mayor, en la que sentará sus bases frente a que “no estamos de acuerdo y votaremos negativo la reforma tributaria”. Así mismo, indicó que el presupuesto salió adelante con consenso, pero la tributaria no cuenta con el mismo respaldo y corre el riesgo de naufragar.
El nuevo pulso: la tributaria
El ajuste de $10 billones redujo parcialmente el hueco fiscal que debía cubrirse con la reforma, llevándolo de $26,3 a cerca de $16,9 billones. Sin embargo, para varios congresistas la señal es inequívoca frente a que no habrá mayorías para aprobar nuevos impuestos.
Efraín Cepeda, senador conservador y candidato presidencial, fue tajante al decir que “eliminamos las disposiciones generales, los artículos en que tenían casi que facultades omnívoras para hacer lo que quisiera con la plata del presupuesto y con otros contratos firmados y compromisos”
Dicho esto, sentenció que “Ese presupuesto está desfinanciado en los $26 billones de la tributaria o $16 billones hoy, porque no habrá tributaria ni 26, ni 16, ni 10, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos. No habrá reforma tributaria y el Gobierno tendrá que hacer los recortes correspondientes”.
Entre tanto, la senadora Angélica Lozano también celebró que el PGN se haya aprobado en el Congreso y no por decreto y destacó que “lo bueno es que sale por el Congreso, sale por ley. ¿Temimos que iba por decreto? Pues no, se logró la ley como debe ser”.
Así mismo, además de la reducción del monto, destacó logros como la eliminación de varios artículos que consideraba riesgosos, “eliminamos varios artículos peligrosos, quitamos facultades que no tiene el presidente hoy, y aquí esta ley se las iba a dar. Eliminamos varios artículos que le echaba mano a la plata de las elecciones en cada departamento del país, y eliminamos un pote de mermelada”.
Sin embargo, Lozano no ocultó su preocupación al señalar que “lo malo sigue siendo un presupuesto inflado, $547 billones que no existen, hace que el Gobierno mantenga la expectativa y la idea de aprobar una nueva reforma tributaria, que es inconveniente. Lo feo, el peligro, el riesgo de que al hundirse la tributaria por $16 billones de pesos, el Gobierno diga que los va a reemplazar con deuda, nueva deuda”.
¿Qué sale y qué entra?
En la Cámara de Representantes, Wilmer Castellanos enfatizó la diferencia entre los dos debates y acotó que “una cosa es el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación y otra, muy distinta, el proyecto de ley de financiamiento”, destacando que aunque se lograron consensos sobre el monto del PGN, la tributaria sigue siendo un campo minado.
“Ya se habló de sacar varios artículos de la ley de financiamiento que consideramos son lesivos para las y los colombianos. Así que bueno, en muchos de estos artículos estamos de acuerdo en que no se pueden aprobar el IVA a la gasolina, el IVA de los carros híbridos, el IVA de las boletas de los conciertos, el impuesto a los licores, más impuestos para las personas naturales y jurídicas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.
Desde la academia, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ofreció una mirada más técnica y dijo que “lo que tenemos hoy es apenas un primer debate aprobado. Todavía faltan tres debates más y solo hasta el 20 de octubre sabremos si ese recorte de 10 billones se mantiene. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ya tiene que empezar a pensar en un nuevo texto para la ley de financiamiento”.
Salazar advirtió que si el presupuesto finalmente no se aprueba con el recorte en los debates restantes, el Gobierno podría recurrir a un decreto con el monto original de $557 billones, lo que devolvería la necesidad de una tributaria de $26 billones; subrayando que “estamos en manos de lo que ocurra de aquí al 20 de octubre”.
Frente a lo que se podría cambiar, este analista recordó que el Gobierno ha hablado de limitar el alcance de los impuestos a hidrocarburos, licores y tabaco; dos sectores con fuerte impacto político y económico, pero que habían sido identificados como fuentes principales de ingresos.
Por otra parte, Salazar puso la lupa sobre el impuesto al consumo, incluido en la propuesta inicial. Según el académico, este gravamen presentaba un error técnico de origen, señalando que “se usó un instrumento que era para ingresos de la Nación para modificar ingresos territoriales. Eso no aguantaría un análisis de constitucionalidad”.
El dirigente gremial cuestionó la baja ejecución del gasto de inversión y alertó sobre la corrupción, resaltando que “lo que los colombianos se preguntan es por qué en vez de asfixiarlos con más impuestos, no se aprietan el cinturón y dejan de derrochar tanto dinero con una ejecución tan pobre que no llega al 70% y con los niveles de corrupción más altos que ha vivido Colombia en toda su historia”.
Por ahora, lo que parece seguro es que el país seguirá atrapado entre la necesidad de garantizar los recursos para financiar el gasto y la resistencia política y empresarial a nuevos impuestos. Un pulso que, como lo resume el Observatorio Fiscal, solo se definirá hacia el 20 de octubre.
