La reducción de $300 por galón que comenzará a aplicarse en febrero a la gasolina marca un giro relevante en la política de combustibles de los últimos años, pero no debe interpretarse como un cambio estructural, sino como un ajuste pensado más por circunstancias coyunturales y de conveniencia política tras la fuerte alza del salario mínimo de 23%, que hizo replantear las previsiones de inflación.
El Gobierno argumenta que la baja se da por el saneamiento de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y en la brecha favorable entre el precio internacional y el valor interno del galón, que permite aplicar una corrección sin generar presiones fiscales adicionales.
Pero no hay que perder de vista que entre 2022 y 2025 el precio interno se incrementó de manera acelerada, en parte para cubrir un déficit que ponía en riesgo la sostenibilidad del Fepc, mientras que en paralelo la caída del dólar y de los precios externos hizo que la gasolina dejara de ser subsidiada y empezara a generar aportes netos al Fepc, que no se trasladaron al consumidor sino que se utilizaron para cubrir parte del subsidio al diésel.
Para el consumidor, el alivio es evidente. Tras años de aumentos sucesivos, un recorte envía una pequeña señal de recuperación del poder adquisitivo que se irá perdiendo por los efectos del reajuste del salario mínimo en los precios de bienes y servicios. Sin embargo, desde la perspectiva fiscal, la decisión tiene matices importantes.
La reducción de $300 es apenas una fracción del potencial técnico disponible. Cálculos muestran que el valor interno supera el internacional hasta en $3.000 por galón, lo que permitiría ajustes más representativos.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/reduccion-a-medias-486918
