Mientras corre el tiempo en el Congreso, el Gobierno ya dijo que tiene hasta el 30 de diciembre para reglamentarlo.
Aunque el proceso para definir en cuánto quedará el Presupuesto General de la Nación del otro año parece haber quedado definido y ya todos esperan el decreto que expedirá el Gobierno para reglamentar sus cuentas de gastos e ingresos, todavía son muchos los elementos que están en juego y recientes alertas advierten que la inversión se sigue perfilando como la más sacrificada el otro año si las cosas no salen como se espera.
Luego del fracaso de las negociaciones en el Congreso, donde el Ministerio de Hacienda no logró convencer a los senadores y representantes de la estabilidad de sus proyecciones y, por el contrario, las alertas de riesgo fiscal fueron las protagonistas de la charla, la atención de la gente en las calles y del mercado en particular se centra en lo que finalmente pase con la ley de financiamiento.
De los $523 billones de gasto que propuso la Casa de Nariño para la próxima vigencia, apenas tiene asegurados $511 billones, aunque con unas estimaciones de ingresos por eficiencia de la Dian que varios expertos han calificado como “optimistas” y que mantienen el riesgo de que se repita lo visto en 2024, cuando se tuvo que recortar el gasto porque no había plata para sustentarlo.
Recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a los dineros cuya ejecución se aplazó este año y acotó que finalmente serán recortados. Esto, mientras que advirtió que para el 2025 se tomarán su tiempo, puesto que la ley les da hasta el 30 de diciembre para presentar lo que se conoce como el decreto de reglamentación presupuestal.
“El proyecto de presupuesto tendrá que ser decretado y podemos hacerlo entre el 21 de octubre y el 30 de diciembre en cualquier momento, y debe ir a la par o con algo de distancia con la liquidación del presupuesto del 2025”, manifestó Bonilla González.
El jefe de la cartera de Hacienda explicó que deberán sacar dos decretos: “uno, el decreto de presupuesto, equivalente a lo que salía del Congreso como la sanción de una ley, y segundo, el decreto de liquidación del presupuesto que es la distribución de partidas verticalmente”; los cuales esperan tener listos antes del 30 de diciembre.
Riesgo de desfinanciación
En lo corrido del trámite presupuestal para el 2025, hasta el momento el Ministerio de Hacienda sólamente ha justificado ingresos por $511 billones, ya que los $12 billones restantes dependen de una ley de financiamiento que se radicó hace casi un mes, apenas tiene sus ponentes nombrados, no cuenta con mensaje de urgencia y desde ya promete vivir un fuerte debate en el Legislativo, donde tiene una fuerte oposición.
Este proyecto, que algunos sectores han calificado como una reforma tributaria, ya que no genera impuestos transitorios sino que cambia de fondo el sistema tributario nacional, es de vital importancia para las cuentas del Gobierno, ya que si no se aprueba, el país entraría en un escenario de insostenibilidad que haría inconstitucional el Presupuesto del otro año.
“Si no se tramita la ley de financiamiento o se tramita y se aprueba una parte, el 2 de enero se tiene que informar si el presupuesto está o no financiado y declarar una suspensión por la parte no financiada”, explicó al respecto el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Acá vale la pena destacar que uno de los principios constitucionales que deben cumplir este tipo de normas es el de sostenibilidad, es decir, garantizar que los gastos no sean mayores que los ingresos, que sería lo que terminaría pasando si no se aprueba la ley de financiamiento. No obstante, para subsanar cualquier novedad, se puede realizar un recorte al gasto público que alivie la caja del Estado.
Tres grandes riesgos
Recientemente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un análisis en el que advierte que todo lo que está pasando en este frente, expone al país a tres grandes problemas que en últimas terminan socavando la confianza de los inversionistas y aumentando las primas de riesgo, haciendo que el desarrollo sea más caro.
“El primer problema gira en torno a dificultades en la gestión presupuestal. El presupuesto consta de 3 partes. Los ingresos, los gastos y las disposiciones generales. Estas disposiciones son una serie de normas de carácter legal que tienen el objetivo de garantizar la ejecución del presupuesto de gastos, las cuales rigen únicamente durante el año fiscal para el que se expidan”, arrancaron explicando.
Los analistas del Observatorio explicaron que cuando el presupuesto es aprobado por decreto y en este se incluyen las correspondientes disposiciones generales, el Ejecutivo no podría darse así mismo, facultades que son de competencia exclusiva del Congreso de la República o de lo contrario podría estar contradiciendo normas constitucionales y legales que pueden generar demandas futuras que busquen tumbar el decreto.
“La segunda gira en torno al desbalance del Presupuesto con un faltante de $12 billones. En vista de que no fue aprobado en primer debate, el decreto debe ser igual a la propuesta radicada por el Gobierno inicialmente (por $523 billones). Sin embargo, no existe tributación sin representación (en periodo de paz o normalidad, solo el Congreso puede decretar o modificar impuestos), de tal forma que las medidas tributarias necesarias para balancear el presupuesto no pueden ser expedidas por el gobierno vía decreto”, manifestaron.
Dicho de una forma simple esto último, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Casa de Nariño, pueden establecer o hacer cambios al sistema tributario, sin tener el aval legislativo, con lo cual siguen dependiendo de que se apruebe la Ley de Financiamiento.
Por último está la posibilidad de que todo esto acabe con un castigo a la inversión pública y sentencian que en el panorama actual, lo más probable es que el legislativo niegue la Ley de Financiamiento, lo que obligaría al Gobierno a recortar gastos el próximo año.
“En este contexto, dadas las rigideces presentes en el gasto de inversión, la caída de la inversión pública podría alcanzar los $28 billones, con consecuencias negativas para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso y el bienestar general. Otro punto problemático es que, en estas situaciones, el legislativo no tiene voz ni voto en qué gastos reducir, todo queda a criterio del gobierno de turno”, explicaron.
Según las cuentas del Gobierno Nacional, el presupuesto del 2025 irá por $523 billones de los cuales $324,9 corresponden a gastos de funcionamiento (63%), $112.6 billones al pago de deuda pública (21%) y $82,5 billones al componente de inversión pública (16%).
Por último, en cuanto a su distribución sectorial, sin contar la deuda pública, los sectores con más recursos serán Educación con $79 billones (15%), Salud y Protección Social con $57 billones (11%) y Trabajo con $53 billones (10%); aunque desde la Universidad Javeriana sugieren esperar a ver qué pasa en el Congreso.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/los-riesgos-que-siguen-vigentes-sobre-el-presupuesto-nacional-del-2025-616905
