En lugar de mejorar la situación general, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría hacer más difícil la contratación formal y desalentar la transición de la informalidad a la formalidad, dice el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Con la llegada de diciembre inicia también la discusión del salario mínimo del próximo año, para el cual las cifras de inflación y productividad serán decisivas. No obstante y a pesar de los incrementos que ha habido en el monto, estos no se han traducido en una mejora significativa de los ingresos de los trabajadores ni han impactado positivamente la estructura salarial en el país.
Así lo establece un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que señala que a pesar de que se han realizado incrementos amplios al salario mínimo, a lo largo de la última década, el salario medio de la economía ha mostrado una ligera pero preocupante tendencia a la baja en su proporción respecto al salario mínimo.
Asimismo, que problemas como la falta de productividad, la informalidad persistente, las desigualdades de acceso a empleos formales y la limitada capacidad de las empresas para aumentar los salarios por encima del mínimo no se resuelven con esta medida y que en lugar de mejorar la situación general, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría hacer más difícil la contratación formal y desalentar la transición de la informalidad a la formalidad.
“En el sector informal la situación es más crítica. En 2013, el salario medio de los trabajadores informales representaba el 93% del salario mínimo, pero en 2023 esta cifra se redujo al 78%. Esta disminución refleja que los incrementos en el salario mínimo no solo son insuficientes para mejorar la situación de los trabajadores en la informalidad, sino que pueden acentuar su vulnerabilidad”, dice el documento.
Con lo que un aumento del salario mínimo sin intervenciones estructurales que fomenten la formalización y mejores condiciones laborales podría agravar las disparidades.
Para el Observatorio, es fundamental tener en cuenta que los trabajadores informales, que incluyen en su mayoría a mujeres y a personas de zonas rurales, representan uno de los grupos más vulnerables del país. Por lo que es importante que las decisiones sobre el incremento del salario mínimo tomen en consideración las repercusiones que estas medidas pueden tener en los trabajadores de la Colombia rural, para garantizar que las políticas salariales beneficien a todos de manera equitativa y no generen impactos negativos en los sectores más desprotegidos.
¿Qué se puede hacer?
La firma sostiene que una alternativa más equitativa para mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores es la implementación de la negociación sectorial, adaptada al tamaño de las empresas.
Un enfoque que, argumentan, permitiría que los sindicatos y empleadores con mayores capacidades de pago acuerden condiciones salariales justas y sostenibles, sin imponer cargas excesivas a las micro y pequeñas empresas.
“De esta manera, se fomentaría un incremento en los ingresos laborales de forma más equilibrada y se reducirían los riesgos de impactos negativos en las empresas más vulnerables, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad económica y laboral del país”.
Lo anterior teniendo en cuenta que el incremento al salario mínimo, en su forma actual, presenta características regresivas al imponer la misma carga salarial a todos los empleadores, sin considerar sus capacidades de pago, utilidades o el tamaño de sus operaciones.
“Esta medida uniforme genera una inequidad inherente: los empleadores con una mayor capacidad financiera no enfrentan un aumento proporcional a sus posibilidades, mientras que aquellos con recursos más limitados se ven presionados por exigencias desproporcionadas que pueden llevarlos a la informalidad o incluso a la quiebra”.
El análisis del Observatorio expresa que es importante evitar que los trabajadores informales y los empleadores con menor capacidad de pago se vean afectados de manera desproporcionada debido a la falta de acuerdos salariales adaptados entre los grandes sindicatos y las grandes empresas.
Y que la negociación debería considerar las diferencias en las capacidades de pago para proteger a los sectores más vulnerables y asegurar condiciones justas para todos.
Por lo que consideran que el incremento del salario mínimo debe estar basado en el IPC y en el crecimiento medio de la productividad, como principios fundamentales para garantizar que el ajuste preserve el poder adquisitivo de los trabajadores y esté alineado con las capacidades económicas del país.
“Sin embargo, esta política salarial debe complementarse con un enfoque más regionalizado, que reconozca las diferencias económicas y sociales entre zonas urbanas, rurales y regiones específicas”.
Para lo cual concluye que una regionalización del salario mínimo permitiría que las particularidades de cada área sean consideradas, ajustando los incrementos de manera más equitativa y acorde con las realidades locales, tal como lo han sugerido los hallazgos sobre las disparidades salariales persistentes entre zonas del país.
Información extraída de: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/salario-minimo-2025-los-riesgos-de-un-aumento-desproporcionado
