La USO le respondió al Presidente que medir aquí, con ciencia y controles, puede ser mejor que importar energía.
La frase “no diga disparates”, dirigida al presidente Petro por la Unión Sindical Obrera (USO), debería servir para algo más que un cruce de trinos. Es la prueba de que el debate sobre fracking, cuando se toma en serio, toca lo esencial: costos, emisiones, industria y soberanía energética. Y el hecho de que la ‘lección rápida’ venga del sindicato de Ecopetrol, no de un consultor ni de un gremio, le da un peso político que el país no debería desperdiciar.
El detonante fue la afirmación de que si el crudo Brent baja de US$60 “se quebró Ecopetrol”. La USO contestó con números: un breakeven estimado alrededor de US$50 por barril y un lifting cost promedio cercano a US$12. Mientras el precio esté por encima del breakeven, hay utilidades. Por eso, decir que por debajo de US$60 la quiebra sería automática “carece de sustento técnico”. Y puso un espejo regional: en Vaca Muerta, el lifting cost se ubica entre US$4 y US$5 y el breakeven ronda los US$45.
Pero lo más relevante es que la USO no se quedó en la contabilidad. Puso sobre la mesa un dato que rompe caricaturas: en emisiones por barril producido, los yacimientos no convencionales pueden tener una huella de carbono menor que muchos campos convencionales maduros. También recordó que el petróleo producido mediante fracking es, por lo general, más liviano y mejor remunerado que el crudo pesado que compone una parte importante de la producción colombiana. Eso no es un permiso en blanco: es una invitación a discutir con mediciones y comparaciones reales, no con miedos importados ni certezas de pizarra.
Luego vino la parte incómoda de la realidad productiva: Colombia ya no logra suplir su demanda de gas natural con producción nacional y hoy importa cerca del 20% del consumo, incluyendo demanda esencial. La refinería de Barrancabermeja está importando crudo liviano, producido con fracking, para completar su carga, cuando históricamente se abastecía con petróleo nacional. Y la petroquímica local se deteriora por insuficiente disponibilidad de gas.
Si el objetivo es soberanía, prohibir evaluar en casa lo que ya estamos comprando afuera es una contradicción estratégica, costosa y creciente. Hace un par de días insistimos en lo mismo: la transición no se decreta; se financia y se gestiona. Por eso la discusión sensata no es “fracking sí”’o “fracking no” como acto de fe. Es si Colombia será capaz de hacer lo que hacen los países serios: pilotos con reglas exigentes, línea base hidrogeológica y sísmica, datos abiertos, medición independiente, trazabilidad de agua, control de metano, gestión de residuos, auditoría ambiental permanente, participación ciudadana y sanciones reales. Si la técnica no pasa esa prueba, se descarta con evidencia.
Pero negarse a medir es renunciar sin saber, y asumir que importar es neutral, cuando no lo es. Negarse a evaluar el recurso local no elimina la demanda; sólo traslada el riesgo al bolsillo del usuario, a la industria y a la caja de la Nación. Ecopetrol y la Nación participan en cerca del 65% de la producción petrolera.
JAIME PUMAREJO HEINS
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