Analistas dicen que si bien se puede aumentar el cupo de endeudamiento, no es algo que se deba tomar a la ligera.
“Vamos a radicar una ley de ampliación del cupo porque no tengo, pagando esto, lo tenemos que pagar, pero tengo que abrir espacio para cupo. Esto nos pone en un nivel alto de endeudamiento, pero cuando lo pago, está por fuera del cupo, es un punto de discusión que vamos a tener”, dijo Bonilla.
Al ser consultado por los medios de comunicación, este funcionario dejó claro que aún no se tiene una fecha establecida para su presentación, aunque desde el Ministerio explicaron que el cupo a solicitar será de US$17.607 millones para usar durante las vigencias fiscales del 2024, 2025 y 2026, por medio de bonos y banca multilateral.
“El gobierno colombiano tiene un cupo de endeudamiento que limita todos los movimientos que hace de deuda interna y en el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional quedó por fuera del cupo. Ahora nos toca pagarlo, ya pagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, o sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones”, agregó.
Portafolio consultó a varios expertos sobre esta propuesta, que si bien es una herramienta válida para dar juego al manejo de las finanzas en los diferentes gobiernos, es necesario tener cuidado en momentos en los que la regla fiscal demanda mucho cuidado.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, arrancó aclarando que este es un proyecto de ley que recurrentemente se lanza en el país, razón por la cual no debe ser visto como un tema atípico o sobre el que se haya hablado muy poco durante los últimos años.
“Esto, de otra manera, es un cupo que la Comisión de Crédito Público va autorizando a lo largo del camino. Y ese crédito está en función de las necesidades del mediano y largo plazo del país, en materia de endeudamiento”, explicó.
Dando un vistazo a los últimos cupos de endeudamiento que se han solicitado al Gobierno, están la Ley 1366 de 2009, que subió el techo en US$4.500 millones, la Ley 1624 de 2013 (US$10.000 millones), la Ley 1771 de 2015 (US$13.000 millones) y la Ley 2073 del 2020, que durante la pandemia elevó el cupo de endeudamiento en $14.000 millones.
No obstante, si se tiene en cuenta la tasa de cambio actual, los US$17.000 millones que solicitará el Ministerio de Hacienda este año se traducen en más de $67 billones, lo que equivale a tres veces lo recaudado con la pasada reforma tributaria (2022), lo cual es una suma que los expertos resaltan que no es menor.
Es por esto que para Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, subir el techo de deuda no es un tema que se deba tomar a la ligera y que exige un debate muy profundo por parte de todos aquellos que estarán en este proceso.
“El Congreso debe actuar con la mayor prudencia para examinar el sustento de ese cupo de endeudamiento, tanto en términos de la estabilidad fiscal, como en términos de los programas y proyectos que quiere financiar el Gobierno con ese cupo de endeudamiento, de forma que solamente se aumente el endeudamiento en el marco de lo que permite la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo”, sostuvo.
Restrepo cerró diciendo que “si el Gobierno dice que se le acabó la capacidad de endeudamiento para darle margen de acción al país, es porque necesita endeudarse por encima del reciclaje o ‘roll-over’”, lo cual para él es incompatible, a primera vista, con el marco fiscal de mediano plazo.
Estos analistas insistieron en que ahora lo importante es que el Comité Autónomo de Regla Fiscal se pronuncie cuanto antes sobre la conveniencia de este tipo de medidas y si respeta o no la regla fiscal.
