Las consultas previas, la dificultad para obtener permisos ambientales y la incertidumbre política tienen en pausa decisiones de inversión que desde 2026 dejarían al país con déficit en la oferta energética.
Aunque la transición energética es una de las apuestas más fuertes del Gobierno de Gustavo Petro, materializar sus promesas de una economía descarbonizada y basada en energías limpias ha encontrado en la comunidad el principal cuello de botella y más grande obstáculo y tiene al país en dirección a un déficit de energía en un par de años.
Comunidades indígenas o habitantes cercanos a las zonas de influencia de los proyectos, han sido los principales obstáculos para que privados puedan ejecutar los planes de inversión y la construcción de los proyectos.
Enel se vio obligada a desistir de continuar con la ejecución de las obras del proyecto eólico Windpeshi debido a que las comunidades guajiras bloquearon en más del 50% de las jornadas de trabajo la entrada a las obras lo que impidió ejecutar los planes en los tiempos previstos. Es también el caso de EDF Renewables Colombia que tomó la decisión de retirarse de su Proyecto de energía solar en Girardot (Cundinamarca), por las demoras en permisos ambientales y cambios en las reglas fiscales y del sector.
EPM había anunciado la entrega del parque eólico Jepírachi a la comunidad wayúu de La Guajira, pero al final no fue posible extender la vida útil del proyecto y las autoridades ambientales terminaron por aprobar es desmantelamiento del proyecto.
Alexandra Hernández, directora de SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables del país, aseguró que “el actual Fenómeno de El Niño se jugó con el cargo por confiabilidad de hace 5 – 6 años en donde la mayoría de renovables ni siquiera estaban en el radar. Hubiera sido de gran ayuda que esos proyectos retrasados pudieran entrar, pero en estricto sentido este fenómeno nos lo jugamos hace ya varios años, pero hacia adelante, a futuro, a partir de 2026 las energías renovables van a jugar un papel determinante porque las cifras oficiales del Gobierno ya están previendo que debe entrar nueva energía desde ese año o habrá déficit estructural en la oferta de energía y es ahí donde las renovables jugarán un papel importante”.
Conflictividad social atrasa proyectos
A pesar de la urgencia por el ingreso de los proyectos atrasados, las relaciones entre sector privado y comunidades no ha sido fácil y eso tiene bloqueados hoy los planes de ejecución.
Alejandro Castañeda, director de ANDEG, gremio que reúne a las empresas generadoras, sostiene que “el problema de hoy es la conflictividad social con las comunidades, temas de consultas previas, bloqueos, etc., eso es lo que está generando muchas más complicaciones en el desarrollo de las energías renovables en el país”.
Pero, además, actores de la industria energética del país consideran que hay que cuidar los mensajes, que desde el Gobierno se han promovido en su afán por reformar el mercado de energía en Colombia.
Natalia Gutiérrez, presidente de ACOLGEN, se refirió a la necesidad de enviar los mensajes adecuados en medio de la actual coyuntura, y en particular, criticó una frase que el presidente Petro ha repetido en distintos escenarios.
“Mensajes como “los embalses llenos y los precios altos” no pueden coger carrera, no puede ser que digan que hay vertimientos si el precio está por encima de $1.000. Los vertimientos se dan por temas operativos, que son coordinados con el Centro Nacional de Despacho y de operaciones, por mantenimientos programados y por licenciamiento ambiental, y en ocasiones porque llueve”, dijo la presidente Gutiérrez, quien agregó que “esas frases tendenciosas que ambientan un cambio del sector le hacen mucho daño no solo a la generación sino a todos los puntos de la cadena, hay que ser responsables”.
Las necesidades del sector
Aunque el relacionamiento con las comunidades es lo que más ha costado a la industria energética colombiana, hay aspectos regulatorios que pueden contribuir a destrabar algunos procesos que hoy tienen retrasada a la industria.
“Del lado regulatorio lo que ayudaría es una mayor flexibilización en la formación de los precios de bolsa y ajustes que no son trascendentales. Lo que está bloqueando las decisiones de los inversionistas es la inestabilidad social”, dijo Castañeda, de la ANDEG.
Pero, además, se reclama mecanismos que permitan darles celeridad a varios de los trámites administrativos que hoy frenan el avance de los proyectos.
“Desde la regulación lo que se necesita es simplificar los trámites y tener reglas más claras en los tiempos de los procesos. Esto es clave porque se va a traducir en tiempos más cortos para la entrada de proyectos y mayor certidumbre de cuándo van a entrar”, advirtió la directora de SER Colombia.
Sobre cómo avanzar en esa regulación, Alexandra Hernández de SER, aseguró que “le hemos sugerido al presidente Petro y al Ministerio de Minas un plan de choque para que la UPME pueda destrabar todos los trámites que tiene su resorte para que y la CAR también pueda avanzar en expedir todas la licencias y permisos ambientales”.
Retrasos no son sólo culpa del Gobierno Petro
Aunque la realidad hoy es que los proyectos no logran entrar en los tiempos previstos por falta de permisos y trámites administrativos, los participantes de la industria reconocen que no ha sido por negligencia de este Gobierno, sino que ha sido un problema que viene de varios gobiernos atrás.
Gutiérrez, presidente de ACOLGEN, sostiene que “lo que se necesita es más energía porque más energía nos resuelve un montón de coyunturas que tenemos: coyunturas de precios, y de balances; pero también hay un gran reto porque tenemos demasiada energía atrasada y esto no es un problema de este gobierno, viene de gobiernos anteriores e infortunadamente nos cogieron en un momento de coyuntura mundial inflacionaria, problemas de cadenas de abastecimientos, desbalances de los flujos de commodities para generar energía, es decir, carbón caro, gas caro, etc., nos cogieron con Fenómeno de El Niño, así que más oferta de energía es una de las grandes soluciones”.
Un primer paso para resolver esos problemas, dice Castañeda de ANDEG, es el tener una CREG operativa, “el diálogo con el Gobierno estuvo parado por muchos meses porque no teníamos CREG, estamos esperando que lleguen los expertos encargados para continuar con la dinámica con la que se venía. Los mecanismos están, estamos con una subasta de cargo por confiabilidad que está abierta, y a la expectativa de que se llegue a febrero con esa subasta de cargo que lo que hace es generar los mecanismos para que las empresas tomen las decisiones de seguir invirtiendo en generación de energía eléctrica”.
Otro de los puntos clave, a juicio de Hernández en SER Colombia, es avanzar en “los puntos del proceso de comercialización y de revisión de esa ecuación económica y tributaria que pueda hacer que los proyectos con la nueva realidad macroeconómica (tasas de cambio y tasas de interés) puedan fluir y cerrar financieramente, y sobre todo mecanismos de comercialización que puedan apoyar a que el cierre financiero de los proyectos se dé y esa energía se contrate y puedan, con base en eso, entrar a construir esos proyectos”.
Aunque el déficit de energía está planteado para comenzar a tener efectos en 2026, Natalia Gutiérrez advierte que “eso no es largo plazo, para nosotros el 2025 y 2026 es corto plazo”.
Además, la presidente de ACOLGEN dice que “necesitamos estabilidad, y con eso me refiero a muchas cosas. Una institucionalidad funcional, ya hay CREG y ya por fin el Gobierno entendió la importancia de la CREG, esperamos que la agenda regulatoria se desatrase, pero desafortunadamente la coyuntura de precios tiene secuestrada la agenda del sector y hay muchas cosas por hacer, entre esas, regular mercados intradiarios, la modernización del mercado y un montón de cosas que van a generar eficiencias y van a acelerar este camino de la transición energética”.
