La selección del nuevo presidente de ISA despierta alertas éticas, riesgos corporativos y cuestionamientos técnicos que merecen atención y respuesta.
Si bien la reciente designación de Jorge Carrillo como nuevo presidente de ISA se encuentra “sujeta a varias condiciones que hasta la fecha no se han verificado”, la decisión de la junta directiva ha sido recibida con intensa polémica. La entrada del ex gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero en la capital antioqueña ha desatado serios cuestionamientos desde el punto de vista ético como político.
Lo primero que hay que decir es que la elección de Carrillo no fue el resultado de una decisión unánime de la junta directiva. Los votos mayoritarios de Ecopetrol se inclinaron a su nombre, mientras que la postulación fue rechazada por los minoritarios, entre ellos fondos de pensiones y la EPM. Más aún, el actual gerente de las empresas públicas antioqueñas envió una carta al máximo órgano corporativo de ISA en la cual pide formalmente detalles del proceso de selección para comprobar que se ajusta a los estándares de gobierno corporativo de ISA.
Además, la misiva menciona el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos y los riesgos de un potencial incumplimiento de estas disposiciones anti-corrupción norteamericanas por las investigaciones en curso contra el nuevo presidente. No son desdeñables los señalamientos que enfrenta Carrillo: tres procesos en la Fiscalía, dos en la Procuraduría, dos quejas en la Superintendencia Financiera y otra en la Superintendencia de Industria y Comercio. Las polémicas en torno a su gestión en EPM tocan créditos de vivienda, reducción de condiciones de licitación y una grave denuncia sobre la ‘venta’ de negocios.
No sobra recordar que solo las autoridades disciplinarias y entes de investigación tendrán la palabra final sobre las distintas acusaciones que se ciernen sobre Carrillo. También es cierto que su designación se inserta dentro de un pulso político en Antioquia y Medellín, y, por esa razón, los defensores de la designación hablan de ‘persecución’ y de la debida presunción de inocencia. No obstante, dentro del ramillete de alternativas que la junta directiva contaba para la presidencia de ISA, se contaban varios hombres y mujeres con notables trayectorias y sin cuestionamientos de esta envergadura y notoriedad.
A estas alertas éticas que ha despertado el caso deben sumarse los riesgos al gobierno corporativo de ISA. Este conglomerado tiene una tradición empresarial sólida, e importante presencia como multilatina en Brasil, Chile, Perú y otros países. Que EPM, socio minoritario de ISA, solicite mayores claridades en la selección y evaluación de Carrillo pone a prueba precisamente la fortaleza y el respeto a estas prácticas, indispensables en el mundo corporativo de hoy.
Si a este pulso en ISA le añadimos la reciente intromisión presidencial a la junta de Ecopetrol en la decisión de CrownRock -que negó Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal- podríamos estar ante una peligrosa tendencia de la administración Petro de detrimento del gobierno corporativo de las empresas públicas del sector energético y eléctrico. Precisamente por la naturaleza estatal de su propiedad, de las designaciones y políticas de los gobiernos de turno y los inevitables pulsos políticos, grupos como Ecopetrol y empresas como ISA requieren de gobierno corporativo, técnico e independiente.
En conclusión, esta selección -aún no ratificada- del nuevo presidente de ISA despierta estas alertas éticas y riesgos corporativos, que merecen respuesta de la junta directiva, con la máxima transparencia y buscando la idoneidad en el cargo.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/transparencia-e-idoneidad-editorial-611542
