Tras caída de la tributaria, comienza el pulso para recortar el presupuesto de 2025

Si bien en el Congreso se explicó que esta decisión fue un golpe de autoridad para que el gobierno Petro tenga un espíritu más conciliador y no los vea como un trámite notarial, con todo lo sucedido se mantiene alta la incertidumbre sobre el futuro fiscal, dado que la caja de la Nación se aprieta y cada vez hay menos plata.

De igual forma, el país evitó un cambio tributario que generaba nuevos impuestos que no eran bien vistos por los analistas y gremios, como era el caso del impuesto al carbono o la exención de IVA a vehículos híbridos, pero también perdió la oportunidad de crear fuentes de ingresos como la que se proyectaba con los juegos de suerte y azar en línea.

Diego Guevara, ministro de Hacienda, indicó que la más afectada con todo esto será la inversión, por lo que ahora la prioridad del Gobierno será ajustar los rubros de gasto con la mira puesta en mantener la estabilidad fiscal y manteniendo el “manejo responsable” que, desde su perspectiva, se le ha dado a las finanzas del país.

“El Congreso ha negado las posibilidades de inversión, ha negado los proyectos regionales, nosotros insistiremos en las posibilidades de seguir invirtiendo. Hay que decirle al país que se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto, esto no es un voto en contra del presidente Petro, sino es un voto en contra de las regiones y es un voto en contra de la inversión”, advirtió.

Según lo estipulado en la presentación del Presupuesto del 2025, el monto total es de $523 billones, de los cuales $495,7 billones se financiarán con recursos de la Nación y $27,3 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. Así mismo, en su momento se informó que del monto total, $12 billones son contingentes, quiere decir que están sujetos a la aprobación de proyecto de ley de financiamiento.

Si bien en el proyecto final se hablaba de un recaudo de $9,8 billones, caída la ley de financiamiento, el primero paso a seguir es bajar los $523 billones a $511 billones para respetar el principio de equilibrio presupuestal que reza en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, según el cual, no se puede gastar más de lo que se gana.

De una forma simple, según conceptos de la legislación y la misma Corte Constitucional, “significa que los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) de una Nación, deben ser iguales a la totalidad del gasto público”, lo cual no se cumple con el hundimiento de la norma propuesta por el Ministerio de Hacienda.

Para Henry Amorocho, profesor de hacienda pública de la Universidad del Rosario, además del recorte, hay que poner sobre la mesa que para este año se proyecta que la ejecución presupuestal alcance entre el 77% y el 80%, lo que generaría un sobrante de aproximadamente $95 billones que podría ser destinado a futuros presupuestos.

“Vemos la necesidad clara de una reducción de apropiaciones para que se pueda expedir un decreto de presupuesto para el año 2025 por $511 billones de pesos. Ya si el Gobierno considera el año entrante reiterar la posibilidad de llevar a cabo una reforma tributaria, pues la presentará y desde luego buscará generar la plata que le hace falta”, explicó.

Amorocho también destaca la necesidad de recortes adicionales, como lo ha sugerido el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por un monto de $28 billones, todo con el fin de garantizar coherencia macroeconómica y estabilidad fiscal, recomendando una priorización estratégica en las reducciones de gasto y una coordinación estrecha con el Banco de la República.

De forma similar piensa Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien señala que la cara preocupante del recorte es que de los $511 billones, “sólo $70 billones corresponden a la inversión pública, lo que implicaría un castigo a este rubro con la reducción del 26% en términos reales en comparación con el presupuesto de este año”.

“Ante esto, alertamos que el gobierno nacional tendrá el reto durante el próximo año de hacer estos recortes sin afectar los programas sociales que están vigentes y las nuevas necesidades que surjan”, destacó.

Cabe resaltar que este Observatorio publicó hace un tiempo varias recomendaciones para recortar el gasto, partiendo del funcionamiento y no desde la inversión, mediante estrategias como dar mayor autonomía a los entes territoriales en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, eliminar la duplicidad de funciones entre la Nación y mejorar la eficiencia del gasto social.

La ley de financiamiento fue una iniciativa que desde el principio no gustó en el Congreso e influyó en la caída del proyecto de presupuesto para el próximo año, dado que fue vista como un cheque en blanco que el Ministerio de Hacienda quería hacerles firmas. Ante esto propusieron discutir las cosas por separado, pero el Gobierno no aceptó y acabó jugándose por una apuesta que perdió.

Dicho esto Mauricio Piñeros, socio director de Gómez-Pinzón Abogados y experto en asuntos tributarios, indicó que no queda de otra más que hacer un ajuste o reducción en el presupuesto de gastos e inversiones.

“El problema del presupuesto que debe expedir el Presidente es que la Constitución Política establece que si el Congreso no lo aprueba, regirá el presentado por el Gobierno, para cuya ejecución el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios. En este caso se verán abocados a expedir el presupuesto presentado, pero deberá hacer ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión teniendo en cuenta que no va a contar con la plata para atender los gastos del presupuesto que había inicialmente presentado”, destacó.

El Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro tendrán hasta el próximo 31 de diciembre para presentar las cuentas de gastos e ingresos del 2025, que finalmente se irán por decreto, luego de que el proyecto de Presupuesto General de la Nación se hundiera por falta de trámite y diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.