El Gobierno debe garantizar los recursos para los subsidios energéticos e impedir el deterioro financiero del sistema.
El año nuevo comenzó a oscuras para los más de 40.000 habitantes de Puerto Carreño, capital de Vichada. El suministro de energía eléctrica en este departamento de la Orinoquia fue suspendido a raíz de una deuda del Gobierno por alrededor de 6.257 millones de pesos por concepto de subsidios para los estratos populares.
Tras varios meses sin pagar a los proveedores de electricidad y con más del 50 por ciento de la facturación en esos estratos, la situación financiera se volvió insostenible. Y de esta forma, una capital departamental se quedó sin energía. La reacción del Ministerio de Minas y Energía, y en general del Gobierno, fue lenta ante una emergencia de esta naturaleza en una región del territorio nacional apartada. Apenas el martes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó la disponibilidad de 184.000 millones de pesos, incluyendo el monto adeudado en Vichada.
Más allá del retorno del servicio, la emergencia en Puerto Carreño constituye un hecho grave que amerita la atención prioritaria de la administración Petro. La situación no es exclusiva de las zonas no interconectadas y, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el apagón podría replicarse en otras regiones ante la crisis financiera de las empresas. Esta es una alarma que lleva no pocos meses disparada.
De hecho, seis gremios del sector energético –Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás y Ser Colombia– advirtieron que la situación actual podría derivar en una “crisis financiera sistemática y previsible” con graves efectos en la prestación del servicio eléctrico y de gas natural. Estas organizaciones apuntaron que, a diciembre del 2024, las empresas de energía eléctrica reportaron subsidios acumulados por 2,7 billones de pesos, mientras que para el gas natural el monto alcanzó los 628.000 millones.
Estas deudas de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 –que se suman a otros rubros– han debilitado las condiciones financieras de estas empresas, impidiendo pagos a proveedores y reduciendo los flujos de caja y liquidez para las operaciones. Las consecuencias podrían reflejarse en los usuarios, con alzas en las facturas o en los cortes del servicio, como lo sucedido en Puerto Carreño.
También preocupa que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025 no cuente actualmente con la cobertura de dos trimestres de estos subsidios para electricidad y otros dos y medio para gas natural. No sobra reiterar el llamado al Gobierno Nacional para encarar el ‘apretón’ fiscal con decisiones de recorte, con sensibilidad social, que protejan la calidad de vida y la continuidad de los servicios esenciales para los más pobres y vulnerables.
El peor escenario sería que el sistema energético nacional, por vía de decisiones tardías, transitara el camino del deterioro y la insostenibilidad financiera, como ha venido experimentando el sistema de salud. Es momento de abandonar las cuentas de cobro políticas por el reciente hundimiento de la segunda reforma tributaria y destinar los esfuerzos del Ejecutivo en garantizar estos recursos –alrededor de 3 billones de pesos–, explorar salidas financieras a esas deudas, aliviar la presión financiera a las empresas y focalizar con mayor eficiencia los subsidios.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un-pago-urgente-3415842
