A solo nueve meses del cambio de mandato presidencial en Colombia, el próximo gobierno enfrentará una encrucijada crítica: persistir en un modelo económico agotado o emprender reformas estructurales que permitan un crecimiento sostenido y equitativo.
Hoy, la economía se apoya en el consumo de los hogares y las importaciones, mientras que la inversión permanece estancada. Esta fórmula, aunque útil en la coyuntura pospandemia, no garantiza desarrollo a largo plazo.
El país necesita una transformación profunda que reactive el aparato productivo y fortalezca la capacidad de generar empleo formal. La hoja de ruta está trazada. Energía, salud, competitividad, inclusión financiera y seguridad son los cinco ejes que deben guiar la acción del próximo gobierno, como lo presentaron seis tanques de pensamiento en la reciente Asamblea de Anif.
Pero no basta con identificarlos: se requiere voluntad política, diálogo constructivo y genuino entre sectores y reglas claras que generen confianza.
En energía, por ejemplo, la crisis financiera del sistema eléctrico y el retraso en proyectos de transmisión amenazan la seguridad del suministro. Y sin una comisión de regulación verdaderamente independiente y diligente, y sin inversión decidida, el país seguirá expuesto a apagones y precios elevados que afectan tanto a los hogares como a la industria.
En salud, el deterioro patrimonial de las EPS ha comprometido la atención a millones de colombianos. La falta de liquidez ha desembocado en cierre de servicios, afectando hospitales y debilitado a toda la red de prestadores. Es urgente inyectar recursos, y repensar el modelo.
La sostenibilidad del sistema exige alianzas público-privadas, eficiencia en el uso de recursos y una integración real entre salud individual y colectiva. Sin estas reformas, el sistema seguirá colapsando. La competitividad empresarial también está en juego.
Colombia opera bajo una cultura de permisos que frena la innovación y castiga el error. El 92% de las empresas son microempresas atrapadas en un laberinto regulatorio que impide su crecimiento.
Si el país quiere aprovechar oportunidades como el nearshoring, debe simplificar -de una vez por todas- trámites, pasar de controles previos a supervisión posterior y permitir que las empresas innoven con responsabilidad. La regulación no puede ser un obstáculo; debe ser una herramienta para el desarrollo.
La inclusión financiera es otro reto urgente. Con solo 35,5% de los adultos con acceso a crédito formal, millones de colombianos y empresarios siguen yendo al ‘gota a gota’, enfrentando tasas de usura que perpetúan la pobreza. La regulación de esa tasa desincentiva el crédito a perfiles de riesgo alto.
Ajustar su cálculo permitiría ampliar la cartera de consumo y comercial, dinamizando la economía y reduciendo la dependencia del crédito informal. Finalmente, -y lo más importante que claman los empresarios-, es que sin seguridad no hay inversión.
El crimen organizado ha mutado, infiltrando instituciones y cerrando espacios productivos en regiones importantes. La violencia ya no es solo política; es económica. El próximo gobierno debe tipificar adecuadamente estos delitos, fortalecer la persecución criminal y garantizar la presencia efectiva del Estado. Solo así será posible recuperar territorios y atraer inversión.
Colombia tiene el potencial y necesita crecer más, pero necesita decisiones valientes. El país no puede seguir postergando su desarrollo. El momento de actuar es ahora.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/un-timonazo-decisivo-482946
