Esta semana se presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria. Si se aprueba, Colombia alcanzará un total de 22 reformas en las últimas tres décadas, lo que equivale a un promedio de dos reformas por período presidencial. Esta cifra supera las 16 reformas realizadas en los primeros 90 años del siglo XX y es significativamente mayor que el número de reformas en países comparables como Chile (8), Perú (14) y México (7) en el mismo período.
La constante necesidad de recursos fiscales se ha abordado mediante reformas que han colocado a Colombia en la desafortunada posición de tener los mayores gravámenes regionales e inestabilidad jurídica.
Esta situación afecta la confianza de los inversionistas y complica la planificación a largo plazo. Además, agrava problemas como la evasión y la elusión fiscal, que son los principales desafíos del sistema tributario.
Cada año, cumplir con la declaración de renta se ha convertido en una travesía cada vez más compleja para los colombianos.
Aunque estas reformas se presentan como “estructurales”, en la práctica a menudo ofrecen soluciones a corto plazo. A pesar de los aspectos debatibles del proyecto de ley, la historia tiende a repetirse: el mayor recaudo se concentrará en el primer año, pero podrían generarse déficits a mediano plazo debido a la reactivación de exenciones sectoriales y la reducción del impuesto de renta de las empresas.
En lugar de perpetuar la incertidumbre tributaria, el enfoque debería centrarse en el gasto público.
Hacemos fiesta con el dinero del futuro. El Presupuesto General de la Nación (PGN), excluyendo deuda, supera el 20% del PIB, en comparación con aproximadamente el 15% de hace una década.
Actualmente, el monto del PGN en discusión es de 523 billones de pesos, el más alto en la historia, con cerca de 40 billones de pesos aún desfinanciados. Mientras los gastos de funcionamiento aumentan un 6,2% y el pago de la deuda un 19%, la inversión cae un 17%. Aunque las inflexibilidades son parte del problema, aún hay margen para realizar recortes en los gastos de funcionamiento.
Cerca de 20 entidades proyectan un incremento en su presupuesto de funcionamiento de más del 20%, y las 10 principales, que representan cerca del 80% del PGN, han aumentado su presupuesto en un 15%.
Un plan de austeridad podría ser efectivo si es claro, comunicable y estandarizado. Limitar los aumentos en funcionamiento, exceptuando los gastos rígidos, a un rango máximo podría evitar la necesidad de una nueva reforma tributaria.
De lo contrario, en 2026 volveremos a discutir otra reforma tributaria y seguiremos condenados a enfrentar cambios en el pago de impuestos cada dos años.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/analisis/opinion-portafolio-una-nueva-tributaria-613174
