Tras la aprobación de la reforma a transferencias, la nueva ley de competencias debe mitigar los riesgos fiscales e implica un amplio debate político.
Hace una semana, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP). Esta reforma constitucional a las transferencias constituye no solo una victoria legislativa del gobierno Petro y del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, sino también la mayor transformación en la administración y organización del Estado en años recientes.
La iniciativa aumentará los recursos que la Nación les gira a las entidades territoriales del actual 23,8% de los ingresos corrientes al 39,5% en un período de 12 años a partir de 2027. La luz verde de las mayorías parlamentarias se dio a pesar de los sonoros llamados de alerta de analistas, exministros y exviceministros de Hacienda, tanques de pensamiento económicos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y el Banco de la República. En resumen, la reforma podría embarcar al Estado en una ruta de insostenibilidad de las finanzas públicas e incumplimiento de la regla fiscal, así como de mayor inflexibilidad presupuestal, mayor costo de endeudamiento e impactos en el crecimiento económico.
Más que una crítica a una mayor descentralización, los opositores señalaron los riesgos en captura ilegal de esos recursos y en la falta de capacidades ejecutivas de muchos entes territoriales. La fuerza de los políticos, más el respaldo final del presidente Petro, se impuso sobre esas alarmas de los técnicos y la reforma es una realidad. Ahora la atención debe centrarse en el proyecto de ley de competencias que debe presentar el gobierno Petro y tramitar el Congreso en los próximos dos años. Si bien los recursos se definieron primero que las obligaciones, siguen vigentes las preguntas que ese articulado debe responder: ¿Cuáles son esas responsabilidades que el Gobierno Central transferirá y con qué capacidades las recibirán las regiones? Además, ¿de cuántos recursos estamos hablando y cómo se financiarán desde los departamentos y los municipios? El debate de esa ley de competencias debe arrancar de inmediato y con la mayor apertura política y técnica.
Al fin de cuentas, el diablo de cómo se implementará este modelo descentralizador y cómo desactivar esos riesgos fiscales estará en esos detalles del articulado. Es el momento de mirar hacia adelante y diseñar de forma sostenible y ordenada esa nueva arquitectura territorial, fiscal y administrativa. Lo primero que debe materializar ese proyecto de ley son los mecanismos para que esos aumentos graduales de recursos de transferencias no desemboquen en la senda de insostenibilidad en las finanzas públicas e incumplimiento de la regla fiscal, que las voces críticas han advertido. El compromiso queda ahora en manos del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, y no se debe ceder en ese frente.
En segundo lugar, están las medidas para inyectarle realidad financiera a esa transferencia de obligaciones de la Nación a las regiones. En otras palabras, el diseño institucional de esa descentralización que reconozca la heterogeneidad de los territorios para establecer los criterios que guíen esta distribución con la meta de reducir la pobreza, cerrar brechas regionales y mejorar la vida de los ciudadanos.
Tercero, no se pueden desdeñar los llamados de atención sobre la corrupción en las regiones y la captura de esos recursos por actores ilegales, así como sobre la pereza fiscal territorial. La nueva ley de competencias debe incorporar esos componentes políticos de transparencia, desarrollo institucional y promoción de las capacidades tributarias de las regiones. En conclusión, un debate de marca mayor que no da espera.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/carta-del-director-editorial-y-ahora-que-sigue-619167
