Expertos opinaron que el destino de estos recursos no lo determina el Gobierno y que el plan es ‘una reetiqueta’ de lo que ya se está haciendo.
Este fin de semana se desató una polémica en el sector agricultor por cuenta de una resolución emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la cual se plantea la creación del programa de fomento a la Asociatividad Rural y Productiva “Confianza Colombia”, en el marco de la reforma agraria integral.
Según la cartera, este programa busca atender las necesidades de organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores para aumentar sus capacidades de producción, así como también, promover el fortalecimiento de la asociatividad rural.
Si bien se ha mencionado que este proyecto es parte de los planes a ejecutar por la cartera para la reactivación económica del sector, lo cierto es que las fuentes de los recursos son los que han causado dudas en los actores del renglón.
Específicamente la Resolución 124 de 2024 manifiesta que algunas de las atribuciones financieras para este programa pueden ser de “recursos parafiscales autorizados por el órgano competente para programas económicos, sociales y de infraestructura destinados a las organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios”.
Vale la pena resaltar que en el país rige la Ley 101 de 1993 de recursos parafiscales, la cual estableció que con el ánimo de proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias del país, se buscaría un mejoramiento en el ingreso y la calidad de los agricultores, es decir fondos de fomento.
Sin embargo, estos recursos aunque son públicos, provienen de contribuciones tributarias de los agremiados y son administrados por la institución más representativa, es decir que son las obligaciones que pagan los agricultores, por lo que el Gobierno no tiene decisión sobre ellos.
Ahora bien, actores del renglón como el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que no es creíble que una resolución del Ministerio pueda definir el destino de estos recursos de parafiscalidad. “Solo las leyes que crearon los fondos parafiscales tendrían esa facultad”, informó.
De igual manera, el exministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, señaló a través de sus redes sociales que esos planes de la cartera de Agricultura son parte de un “control del Gobierno” sobre esos recursos que podrían “resultar en la distribución ineficiente de fondos que beneficia a asociaciones afines al mismo Gobierno”.
Por otra parte, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, resaltó que desde el sector de la ganadería la ley no contiene que esos rubros se puedan invertir en obras de infraestructura, por ejemplo, por lo que la “esencia” de este sector es atender al pequeño productor de acuerdo a las reglas de juego.
“No se trata de identificar a dedo a quién sí y a quién no, sino un juego claro, abierto y limpio, no sé para dónde van y cuál es la intención del Gobierno, los fondos parafiscales tienen un marco legal y una ley propia, vamos a ver en qué termina esto“, opinó en su cuenta de X.
No obstante, el exministro Valencia, en días pasados le había comentado a Portafolio que los recursos parafiscales no pasan por el Presupuesto Nacional, ni el Congreso aprueba o no dentro de la Ley de Presupuesto porque no hacen parte del gasto, ni del ingreso de la Nación, “por eso el Gobierno no puede aspirar, solo por su participación en las juntas directivas, a ejercer control sobre ellos”.
Así mismo, fuentes cercanas a este medio indicaron que la pretensión de utilizar estos recursos con otros fines, podría resultar ilegal puesto que hay una ley que justamente regula la destinación de los mismos.
¿Cuál es el plan?
Según lo comunicado por el Ministerio de Agricultura el plan tiene tres apuestas, entre las cuales se destacan el apalancamiento de la reforma agraria, la transformación e inclusión productiva y el fortalecimiento de la asociatividad.
Esto, por ejemplo, se realizará para el caso de la primera, habilitando e implementando instrumentos de financiamiento (ICR) para garantizar el acceso a la tierra por parte de las organizaciones campesinas y de productores.
También se fortalecerán y crearán nuevos instrumentos para la generación de ingresos de estos grupos y el fomento de la productividad, competitividad y sostenibilidad en el contexto de las cadenas agropecuarias. Se orientarán a través de “la inversión de los fondos parafiscales hacia el fortalecimiento de la asociatividad rural, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios”.
Adicionalmente, se estimó una inversión de $2,6 billones, apalancada por el presupuesto de 2024, a través de $100.000 millones de recursos del PGN adicionales en financiamiento, sumado a $50.000 millones del Programa de Asociatividad FAIA.
Destacan $1,1 billones de recursos de Finagro, así como $580.000 millones de recursos PGN de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y $200.000 millones de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Igualmente, plantean las acciones preparatorias y de respuesta frente a los eventos climáticos para los que se destinan $14.725 millones en acciones preparatorias, $558 millones en acciones de respuesta y $509,4 millones en recursos disponibles de financiamiento y mitigación del cambio climático.
Por esta razón, las fuentes cercanas a este medio destacan que este plan del Gobierno de reactivación del sector agropecuario, “pareciera ser una reetiqueta de lo que ya se viene trabajando”.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/polemica-en-agricultura-por-plan-en-el-que-se-usan-recursos-parafiscales-606049
