La reforma aprobada encara ahora una ruta de transición marcada por exigencias técnicas, retos jurídicos y sostenibilidad.
La aprobación de la reforma de las pensiones, el viernes pasado por la Cámara de Representantes, constituye tanto el principal logro legislativo de la administración Petro en sus casi dos años como un conjunto de cambios drásticos al sistema de seguridad social en Colombia. Los innegables consensos alrededor de buena parte de su articulado convirtieron este proyecto en la primera ley aprobada dentro del paquete reformista del Gobierno.
El nuevo sistema apuesta a superar la competencia entre Colpensiones y los fondos privados de pensiones (AFP) al establecer una arquitectura de cuatro pilares. Uno de ellos, el solidario, busca reconocer una renta mínima para alrededor de 2,5 millones de colombianos en edad de pensión y actualmente en extrema pobreza. Por otro lado, todos los cotizantes que devenguen hasta 2,3 salarios mínimos entrarán forzosamente a Colpensiones y las AFP servirán de fondos complementarios para lo restante.
En medio de la última fase de su aprobación, la forma como se aceleró el trámite parlamentario, por vía de una aceptación por las mayorías de la Cámara Baja del texto aprobado por el Senado, ha despertado una intensa controversia jurídica. Mientras el bloque gobiernista –apoyado por conservadores, liberales, verdes y ‘la U’– sostiene que hubo suficiente discusión y publicidad, las fuerzas opositoras denuncian que no hubo debate y anunciaron demandas ante la Corte Constitucional. Los magistrados del máximo tribunal tendrán que escuchar esos argumentos y decidir si el camino tomado en el Legislativo mina la exequibilidad de la iniciativa. Tanto el Gobierno como la oposición y la sociedad tendrán que acatar cualquier decisión de los magistrados en esta materia.
Mientras eso se resuelve, la primera reforma social del gobierno Petro enfrenta desde ya grandes retos para su implementación. Con tan solo un año hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, la ejecución de la transición es crucial en distintos frentes. El primero es el de la pedagogía. El impacto del nuevo régimen pensional es generalizado para toda la población, y queda en hombros del Gobierno desplegar una efectiva comunicación e información sobre beneficios y condiciones.
Otro aspecto clave está en la preparación de Colpensiones en la recepción de unos 17 millones de nuevos cotizantes. No han sido pocas las alertas desde distintas entidades sobre riesgos en la capacidad de Colpensiones de sostener su papel protagonista en el régimen entrante. La consolidación de esta empresa estatal como la única alternativa para la mayoría de los colombianos es uno de los mayores desafíos de la reforma.
Por otro lado, el nuevo régimen de pensiones deberá superar en los próximos años las advertencias técnicas en torno a su sostenibilidad fiscal que se expresaron en el debate del proyecto. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que la reforma implicará gastos adicionales al año 2100 por alrededor de 62,3 % del PIB. Estos costos llevarían en unos 15 años a la necesidad de otra reforma de pensiones, que toque edad de retiro, entre otros aspectos paramétricos. En conclusión, la implementación del nuevo sistema pensional estará marcada por el pulso jurídico, el reto ejecutivo para preparar a Colpensiones y la sostenibilidad financiera.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-reto-pensional-3353149
