La reforma a la salud 2.0 no es el proyecto que requiere este sistema para revertir su deterioro y realidad financiera.
Al momento de escribir estas líneas el proyecto de ley de reforma a la salud, en su segundo intento, hace su tránsito en la Cámara de Representantes en medio de sesiones extras. Esta iniciativa sanitaria 2.0 es impulsada por el Gobierno Nacional mientras que asociaciones de pacientes, ex altos funcionarios, expertos, gremios, observatorios académicos y sociedades científicas piden su hundimiento o, al menos, la suspensión de su debate.
El sector de la salud termina este 2024 con un marcado deterioro en indicadores de prestación del servicio, así como en materia financiera. Las quejas- PQRS- y las tutelas registran un crecimiento del 30 y del 40 por ciento en meses recientes. Alrededor de 1.200 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) han cerrado definitivamente este año, y otras 3.000 de forma temporal. A lo anterior se añaden las preocupaciones de pacientes que han venido experimentando restricciones en sus tratamientos y medicamentos que, antes recibían oportunamente.
Además, con ocho EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud y una más en vigilancia especial, ya la prestación de la salud de unos 29 millones de habitantes está en manos del Estado. El modelo estatizador, preferido por la administración Petro, constituye una realidad en una ‘reforma por la puerta de atrás’ que no se ha traducido en mejoras del servicio. Todo lo contrario, la situación financiera del sistema se deteriora: de acuerdo a Acemi, gremio de las EPS, solo la deuda por Presupuestos Máximos suma $2,5 billones, mientras las pérdidas de estas entidades alcanzan los $8 billones.
Parte de la crisis financiera del sector pasa por la renuencia del Gobierno de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a unos niveles técnicos adecuados. Un estudio de Anif estima en 16,4% el aumento que debería tener la UPC en 2025 para poder cubrir los servicios de salud, sin tener en cuenta los déficits acumulados de años anteriores. Para la Andi esta alza debe ser 16,9%. Mientras los recursos para el sector sanitario no han estado garantizados en los montos requeridos, el ministerio de Salud insiste en negar la magnitud y naturaleza de la actual emergencia.
En reciente entrevista con EL TIEMPO, el jefe de la cartera de la salud, Guillermo Jaramillo, no solo afirmó que esos aumentos de UPC “no se justifican”, sino que señaló que, si no se aprueba el proyecto de reforma, “el único camino que tendríamos sería la liquidación de estas entidades”. Con justa razón varios ex ministros y ex viceministros del sector encabezaron una misiva pública así: “El colapso de la salud, entre la amenaza, la negación y la evasión”.
El proyecto de reforma a la salud, que el Gobierno intenta aprobar a ‘pupitrazo’ en tres días, no cuenta con los consensos con los distintos actores del sistema, necesarios para acometer esta transformación. Más aún, la inmensa mayoría de estos actores critican la falta de concertación por parte del gobierno Petro y algunos solicitan la suspensión del debate parlamentario para una discusión más exhaustiva del articulado.
Les asiste la razón en esa petición. Según la Andi, este proyecto demandaría en los próximos años unos $163 billones adicionales a las finanzas públicas, en medio de la actual crisis fiscal. Esas claridades financieras para las arcas estatales y para las EPS, IPS y demás actores son urgentes. Sin negar las falencias estructurales y coyunturales que traía el sistema de salud antes de 2022, el deterioro de hoy ha sido catalizado y acelerado por las decisiones del gobierno Petro y le asiste una gran responsabilidad.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/mas-discusion-y-concertacion-editorial-portafolio-619876
