El Emisor hace bien en mantener la cautela, pero el Gobierno debe asumir un rol activo para corregir los factores que alimentan el alza de precios.
La inflación sigue mostrando una resistencia preocupante a bajar, cerrando septiembre en 5,18% anual, según el Dane. Es el tercer repunte consecutivo y superó las expectativas del mercado, reforzando los riesgos alcistas que enfrentan los precios al consumidor. No se trata de un fenómeno puramente estadístico: detrás de este comportamiento hay presiones estructurales que persisten y que demandan respuestas decididas. En ese contexto, la prudencia del Banco de la República sigue siendo su mejor aliada.
El principal ‘culpable’ de esta persistencia es la indexación, especialmente en servicios. El arriendo, por ejemplo, mantiene una indexación superior a 90%, muy por encima del promedio histórico. Esto se agrava porque, desde 2022, más hogares viven en arriendo. A ello se suma que los servicios intensivos en mano de obra —como peluquerías y restaurantes— siguen presionados por el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la incertidumbre sobre la reforma laboral.
En paralelo, los precios de los bienes muestran dinamismo: la inflación anual de este grupo fue 2,3%, la más alta desde abril de 2024, impulsada por una demanda interna sólida que elevó los precios de muebles, electrodomésticos y ropa. Y la revaluación del peso aún no se refleja plenamente en los precios.
El rubro de regulados aporta presiones: las tarifas de colegios calendario B y el comportamiento de la electricidad han sido determinantes. A ello se suma la incertidumbre energética, con precios del gas natural en alza por menor oferta interna y mayores importaciones, lo que se traduce en costos más altos para la industria y el transporte. En alimentos, aunque los perecederos dieron un respiro, los procesados —carnes, café y quesos— mantienen alzas, reflejando tensiones de oferta y demanda.
Frente a este panorama, el Banrepública ha actuado con prudencia, manteniendo su tasa de interés en 9,25%, reconociendo que el retorno a la meta de 3% será más lento de lo previsto. La postura es coherente con la persistencia de la inflación subyacente, cercana al 5%.
Pero la política monetaria no puede actuar sola. El Gobierno debe complementar la estrategia con medidas estructurales. Primero, revisar los mecanismos de indexación, especialmente en arriendo y educación, porque el ‘piloto automático’, útil en tiempos de estabilidad, se convierte en obstáculo cuando la inflación se resiste a ceder. Segundo, fortalecer la oferta de bienes y servicios con mejor infraestructura logística, especialmente en regiones afectadas por cierres viales como el de la vía al Llano, y estimular la inversión productiva que permita responder con agilidad a la demanda interna.
Tercero, retomar una reforma laboral equilibrada, que proteja los derechos de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad empresarial, y crear incentivos para productividad y formalización.
Aunque la independencia del Emisor es un baluarte constitucional, la coordinación interinstitucional puede facilitar una respuesta más integral. La política fiscal debe evitar presionar en exceso la demanda agregada, y los subsidios deben ser más focalizados para no alimentar distorsiones.
El rebrote inflacionario no es transitorio. Su persistencia refleja tensiones estructurales que exigen una respuesta articulada entre la política monetaria, fiscal y sectorial. El Emisor ha hecho lo correcto al actuar con cautela, pero el Gobierno debe asumir un papel más activo en la corrección de los factores que alimentan el alza de precios. Solo así será posible recuperar la estabilidad necesaria para un crecimiento sostenible.
JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/opinion-portafolio-una-inflacion-rebelde-641749
