Patrimonio negativo llegó a $15,8 billones, crecieron PQRS y el financiamiento para 2026 parte con un déficit.
El sistema de salud en Colombia cerró 2025 en un escenario de restricciones financieras, problemas de acceso y señales de insuficiencia estructural que se trasladan al inicio de 2026, de acuerdo con un informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud.
La información disponible de los catálogos financieros de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), con corte a noviembre de 2025, evidencia un deterioro sostenido del patrimonio, un aumento de las pérdidas operacionales y una presión creciente sobre los mecanismos de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
A este panorama se suma la ausencia de datos de entidades con un peso significativo en el sistema, lo que introduce un nivel adicional de incertidumbre sobre la magnitud real del desbalance.
El patrimonio negativo neto del sistema mostró un incremento superior al 100% entre 2022 y 2023 y se mantuvo en esa trayectoria entre 2023 y 2024, cuando aumentó 93% y alcanzó los -$9,7 billones, sin incluir la información de Nueva EPS por ausencia de datos oficiales.
Con corte a 2025, el patrimonio negativo se ubica en -$15,8 billones y llegaría a -$16 billones al incorporar el registro de Mutualser EPS, lo que refleja una profundización del desbalance patrimonial.
La falta de información de entidades que concentran millones de afiliados impide conocer la situación completa, pero permite anticipar que el resultado consolidado sería aún más alto.
La pérdida operacional del sistema siguió una tendencia similar. Entre 2023 y 2024 se incrementó 48%, al pasar de -$4,6 billones a -$6,8 billones, nuevamente sin considerar a Nueva EPS en la última vigencia reportada. El 57% de esa pérdida se concentró en el régimen contributivo.
Para 2025, los catálogos financieros disponibles al mes de noviembre muestran una pérdida operacional acumulada de $7,3 billones. De ese total, $3,7 billones corresponden al régimen contributivo, equivalentes al 51,3% de las pérdidas; $1,6 billones al régimen subsidiado; y $1,8 billones a las entidades que operan en ambos regímenes, sin incluir Mutualser EPS. El resultado del ejercicio, que integra ingresos, gastos y costos, fue negativo en -$5,6 billones.
La siniestralidad global del sistema superó el 100% en 8,6 puntos porcentuales, un indicador que refleja que el gasto en servicios de salud excede los ingresos disponibles.
Este comportamiento confirma que, al cierre de 2025, la insuficiencia financiera se agudizó frente a años anteriores. La combinación de patrimonio negativo, pérdidas operacionales y alta siniestralidad configura un escenario en el que la sostenibilidad del sistema depende de decisiones presupuestales y de flujo de recursos que no muestran señales de ajuste oportuno.
Uno de los puntos críticos fue la ejecución del presupuesto máximo. Al mes de diciembre de 2025, el giro o monto liquidado por la Adres para financiar los servicios y tecnologías cubiertos por este mecanismo ascendió a $2,4 billones.
Sin embargo, el presupuesto reconocido para la vigencia se estima en $4,4 billones y la apropiación presupuestal definitiva fue de $4,2 billones, según la Resolución 185903 de 2025. Esto implica que solo se ejecutó el 57% de los recursos al cierre del año, lo que evidencia retrasos en la liquidación y en la disponibilidad de recursos para las EPS, con efectos directos sobre la oportunidad en la atención.
Aumento de las PQRS y tutelas
La presión financiera se reflejó también en el aumento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. La información publicada por la Superintendencia de Salud muestra que en agosto se registró un incremento de 36,4% frente a junio.
Con base en el comportamiento histórico de los últimos ocho años, se proyecta que al cierre de 2025 se habrían acumulado cerca de 2,06 millones de PQRS en el sistema. Esta estimación es cercana a la proyección presentada por la Defensoría del Pueblo, que anticipó un acumulado de 2,01 millones PQRS para diciembre. En ambos casos, las cifras superan los 2 millones de quejas en un solo año.
Las tutelas en salud siguieron una trayectoria similar. Según los reportes de la Corte Constitucional, al mes de septiembre se observó un incremento sostenido, con un pico en julio de 32.414 tutelas.
Aunque en agosto hubo una reducción a 27.118, en septiembre las acciones volvieron a aumentar hasta 30.173, ubicándose por encima del promedio anual. De mantenerse esta tendencia, para el cierre de 2025 se proyecta un total de 318.981 tutelas, una cifra que coincide con la advertencia de la Defensoría del Pueblo, que estimó un acumulado cercano a 314.658 acciones judiciales.
El inicio de 2026 no muestra un cambio estructural en el panorama financiero. De acuerdo con la Resolución 185905 del 31 de diciembre de 2025, el presupuesto inicial de ingresos y gastos de la Adres para la vigencia fiscal de 2026 asciende a $110,7 billones.
De ese total, solo $1 billón fue apropiado para cubrir el presupuesto máximo del régimen contributivo y subsidiado. Esta cifra contrasta con los $4,2 billones destinados a este concepto en 2025 y señala que el año comienza con un presupuesto máximo desfinanciado, pese a que los servicios y tecnologías financiados por este mecanismo se mantienen.
En el componente de compra centralizada de medicamentos, la misma resolución asignó $222.000 millones. Esta apropiación resulta limitada frente a la magnitud del presupuesto máximo y al peso que pueden tener estas tecnologías, que podrían representar hasta el 53% del gasto total.
La diferencia entre los recursos asignados y las necesidades esperadas introduce un riesgo adicional para la continuidad del suministro de medicamentos, en particular para enfermedades huérfanas.
Para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el presupuesto de gasto aprobado para 2026 es de $99,5 billones. El incremento de la UPC fue de 16,49% para el régimen subsidiado y de 9,03% para el régimen contributivo.
Sin embargo, las estimaciones del sector apuntaban a un aumento entre 15% y 17%, sin considerar un escenario de incremento del salario mínimo como el fijado para 2026. En el régimen contributivo, esta diferencia se traduce en una insuficiencia inicial estimada entre $2,7 y $3,1 billones.
A la fecha, el Ministerio de Salud no ha publicado el estudio técnico de cálculo de la UPC, lo que abre interrogantes sobre los supuestos utilizados, en particular frente al impacto del incremento del salario mínimo del 23% y del Índice de Precios al Consumidor sobre los costos del sistema, especialmente en el talento humano en salud.
En este contexto, las previsiones del déficit financiero podrían ampliarse, dado que las estimaciones iniciales no incorporaban un aumento salarial de esa magnitud.
El mayor incremento de la UPC del régimen subsidiado frente al contributivo responde a órdenes de la Corte Constitucional para equiparar la prima pura al 95% de la del régimen contributivo. No obstante, si la UPC de referencia no cubre los costos reales de la atención, la equiparación porcentual no garantiza suficiencia financiera.
El seguimiento a la vigencia 2026 será determinante para evaluar si los incrementos diferenciales permiten sostener la operación del sistema o si profundizan el descalce entre ingresos y gastos.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/sistema-de-salud-cerro-2025-con-perdidas-de-7-3-billones-y-arranca-2026-con-deficit-en-upc-y-presupuesto-maximo-486354
