Mientras el Gobierno reivindica la descentralización, muestra resistencia a que los departamentos busquen preservar ingresos vitales.
El reclamo de los gobernadores es válido y merece ser escuchado. Se trata de rentas que financian servicios esenciales y cuya alteración tiene efectos inmediatos sobre la estabilidad fiscal de los departamentos y, en consecuencia, sobre la atención en salud, educación y deporte, por no hablar de los incentivos contra el contrabando.
Las regiones no están exagerando cuando advierten de estos riesgos, reales, para sus finanzas. Incluso el propio Gobierno ha reconocido implícitamente esa preocupación al señalar que la Nación estaría dispuesta a cubrir eventuales pérdidas derivadas de la medida. Pero ese anuncio no elimina de fondo la discusión sobre la forma en que se están adoptando decisiones de alto impacto fiscal.
Dicho lo anterior, reconocer la legitimidad del reclamo regional no puede llevar a una conclusión equivocada. Hay que decir que en nuestro ordenamiento jurídico quien está llamado a dirimir este conflicto no es ni el Ejecutivo ni los gobernadores, sino la Corte Constitucional. Es este alto tribunal el que debe determinar si el decreto de emergencia y las medidas tributarias que de él se desprenden se ajustan o no a la Constitución, por más consistentes que puedan parecer los argumentos para dejar de recaudar esos tributos apelando a la excepción de inconstitucionalidad. En tal sentido ya se radicó una solicitud de suspensión provisional, frente a la cual solo procede esperar que el alto tribunal actúe y decida con prontitud.
Porque no es sano para el país que se consolide la idea de que esta figura –la excepción de inconstitucionalidad– sea una salida habitual cada vez que exista una controversia entre niveles de poder. La excepción de inconstitucionalidad es un recurso extremo, pensado para situaciones límite, no para reemplazar los cauces ordinarios de control constitucional que hoy por fortuna siguen operando. Pero lo anterior no obsta para insistir en que esos cauces deben funcionar con celeridad y profundidad, precisamente para evitar que la incertidumbre se prolongue y erosione la confianza institucional.
También es contradictorio que mientras reivindica con razón la descentralización, muestre tanta resistencia frente a que las regiones exploren caminos legales para no quedarse sin ingresos vitales para el bienestar de sus habitantes. Esa contradicción debe resolverse con argumentos y diálogo, no con advertencias de sanciones ni descalificaciones que solo enrarecen el ambiente.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-reclamo-regional-3526117
