Otro palo en la rueda

El nuevo decreto sobre negociación laboral colectiva por niveles abre un nuevo y complejo capítulo para el mercado laboral colombiano.

Al permitir acuerdos por rama y por grupos empresariales, el Gobierno mueve el centro del diálogo entre capital y trabajo, con promesas de concertación, pero también con riesgos de costos y distorsiones competitivas, en especial para las mipymes, que no estuvieron en la mesa.

El Ministerio de Trabajo sostiene que la reglamentación desarrolla mandatos constitucionales y compromisos internacionales, sin invadir la órbita del Congreso, y que la negociación a nivel de empresa seguirá vigente.

Según afirma, el objetivo es ampliar cobertura, reducir conflictividad y coordinar estos procesos. Si los convenios se alinean con productividad y formalización, podrían bajar costos judiciales.

Pero el diseño tiene efectos que no pueden ignorarse. La extensión de beneficios sectoriales a compañías que no participaron puede trasladarles cargas a unidades con baja productividad, erosionando márgenes y empleo.

Gremios como Fenalco advierten que se habilitarían estructuras con alcance sobre sectores completos, aumentando la probabilidad de acuerdos desalineados con realidades regionales y con la heterogeneidad empresarial.

Además, la posibilidad de exigir contribuciones a sindicatos a trabajadores no afiliados prende las alarmas sobre la libertad negativa de asociación. Aun si se presenta como solidaridad, su aplicación generalizada puede abrir litigios y minar la legitimidad social.

Debe evitarse la coerción y respetarse la elección individual. Desde la óptica empresarial, el riesgo no es la negociación, sino su desconexión con la productividad y la caja cada vez más apretada de las compañías. Con costos no salariales altos, añadir obligaciones sin hoja de ruta sectorial puede acelerar cierres e informalidad.

Para evitarlo, el decreto debería aterrizarse con tres salvaguardas. Primero, cláusulas de sostenibilidad que condicionen la extensión de acuerdos a indicadores de productividad y al estado financiero de las empresas, con revisiones periódicas y asimetrías regionales cuando apliquen.

Segundo, umbrales de representatividad real para activar negociaciones sectoriales, medidos por cobertura de trabajadores y empresas, no solo por afiliación. Tercero, un mecanismo de salida para Mipymes vulnerables, que permita optar por pactos de empresa cuando demuestren incapacidad de absorber incrementos sin destruir empleo.

El Ministerio de Trabajo debería publicar lineamientos para alinear convenios con metas de productividad, formación dual y adopción tecnológica por rama.

Así, cada acuerdo vendría atado a compromisos de inversión en capital humano y modernización, y no solo a aumentos de costo horario.

Esto exige coordinación con el Sena y universidades, para que la negociación sea un instrumento de competitividad y no un impuesto implícito. Como país, necesitamos reglas que protejan derechos y habiliten crecimiento. La respuesta debe ser corregir la norma para que premie la formalidad y respete la libertad de elegir.

Si el Gobierno incorpora estas salvaguardas y convoca mesas técnicas, el decreto puede pasar de riesgo de incertidumbre a catalizador de productividad compartida. Pero, si se ignoran las alertas, habrá más pleitos laborales, menos empleo y un clima de inversión enrarecido.

Urge pragmatismo y acuerdos que eleven el piso sin romper el techo, así como rigor y transparencia.

Jaime Pumarejo Heins
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/otro-palo-en-la-rueda-489939