El papel aguanta todo

El tema no es nuevo ni ha dejado de generar controversia desde hace un buen tiempo. Se trata de la situación fiscal del país, que la semana pasada volvió a ser objeto de polémicas por cuenta de la publicación -con más de un mes de demora frente a las fechas usuales- del plan financiero de 2026, que elabora el Ministerio de Hacienda.

No consiste en un ejercicio cualquiera. La idea es sincerar la realidad de las cuentas estatales, comenzando por el balance del año previo. Pero sobre todo mostrar las previsiones del futuro cercano, lo cual pasa por una proyección razonable de usos y fuentes.

Aunque siempre aparecen imprevistos, la intención es transmitir credibilidad en la política económica, con destino especialmente hacia los tenedores de deuda. Son los inversionistas en bonos denominados en pesos y divisas los que se encargan de constatar que lo que se dice, se hace. Y Colombia no se puede dar el lujo de “perder la cara” ante ellos si busca tener esas puertas abiertas.

Para nadie es un misterio que el país está en una especie de matrícula condicional en esta materia, después de años de haber sido un modelo de buen manejo de sus asuntos.

La línea de crédito flexible, que en su momento nos dio el Fondo Monetario Internacional y cuyo acceso ya se perdió, le da respaldo a la afirmación.
Tras haber empezado a enmendar la plana que se llenó de borrones debido a las urgencias derivadas de la pandemia, volvimos a dar marcha atrás.

Durante 2025 el déficit primario aumentó de manera significativa hasta el equivalente del 3,5 por ciento del tamaño de la economía.
Esa es una de las razones de peso por la cual nuestros márgenes de riesgo se han ampliado, algo que se traduce en la necesidad de pagar mucho más que los pares que tenemos en la región a la hora de contratar nuevas acreencias.

Si bien es cierto que indicadores como el déficit fiscal o el peso de la deuda cayeron frente a 2024, cualquier analista juicioso sabe que ello tuvo que ver con una tasa de cambio revaluada y audaces operaciones impulsadas por la Dirección de Crédito Público.

También resulta evidente que hay un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos del Gobierno central. Para colmo de males, las proyecciones oficiales se ven infladas lo cual sugiere que algo muy malo puede terminar en algo mucho peor.
Lejos de partir de un diagnóstico realista, el Ejecutivo optó esta vez por prometer una reducción sustancial de los saldos en rojo, sin que se precise con claridad cómo se va a asegurar una ambiciosa baja en el gasto.

Ante el pronunciamiento hecho por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en el sentido de que sería aconsejable un recorte por más de 32 billones de pesos, la respuesta del propio Presidente Petro es que hacer la tarea es fácil.
“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, reza el refrán.

Todo apunta a que la administración le apuesta a la reforma tributaria que se coló por la puerta de atrás, al amparo de la declaratoria del estado de emergencia que permite legislar por decreto. El lío es que, si la Corte Constitucional se inclina por declarar parcial o totalmente inválido el paquete de gravámenes, nos quedaríamos en el peor de los mundos, es decir con más compromisos sin que exista el dinero para pagarlos.

Debido a ello, al presentar un escenario que peca de optimismo, el Plan Financiero se convierte en un arma de doble filo. Cualquier incumplimiento serio implicará castigos que deberán ser asumidos por un fisco endeble. Porque así el papel aguante todo, los inversionistas no.

JAIME PUMAREJO HEINS

japuma@portafolio.co

Instagram: jaimepumarejoheins

X: @jaimepumarejo