Tras un largo período de indefinición, la junta directiva de Ecopetrol aceptó la salida temporal de Ricardo Roa como presidente del grupo empresarial más grande de Colombia, a pocos días de una segunda imputación de la Fiscalía en su contra. El máximo órgano de la compañía le autorizó una licencia no remunerada que, sumada a un período de vacaciones, durará hasta el próximo 28 de junio, cuando ya estará definida la suerte de la campaña presidencial.

Este retiro voluntario parece poner punto final a casi tres años de Roa a la cabeza de la petrolera estatal. Su gestión estuvo marcada tanto por sus escándalos de corrupción personales –que condujeron a doble imputación de cargos de tráfico de influencias (tras revelaciones de la Unidad Investigativa de este diario) y de violación de topes electorales– como por un declive en los resultados económicos del conglomerado. El año pasado, por ejemplo, las ganancias de Ecopetrol se desplomaron en un 40 % en comparación con las del año anterior.

Si bien es de buen recibo que, después de tanto tiempo, haya reinado la sensatez en la decisión de relevar a Roa, es indiscutible que esta actuación de la junta directiva puede calificarse como tardía y de un alcance intermedio. En especial si se tienen en cuenta los desastrosos efectos que tuvo la permanencia de Roa sobre la reputación, el desempeño y el gobierno corporativo de la principal empresa de la economía colombiana.

Este hecho debe servir también para robustecer el gobierno corporativo del grupo petrolero, tan golpeado por la terquedad de sostener a Roa.

Como se afirmó en este mismo espacio cuando se definieron las fechas de la doble imputación, el grupo Ecopetrol requiere un presidente concentrado “exclusivamente en liderar” y no en defenderse de la Justicia. Por otro lado, la mayoría de la junta directiva de la empresa, que respaldó a Roa hasta el final, estuvo más preocupada por seguir las indicaciones políticas de la Casa de Nariño que por “defender los intereses de la empresa y de sus accionistas, así como gestionar los riesgos reputacionales”.

Lo ideal sería que tanto la junta directiva como la administración encargada de Ecopetrol aprendieran rápidamente las lecciones que dejan estos tres años de innecesario desgaste. Es el momento de recomponer los daños reputacionales y enviar los mensajes adecuados a los mercados y a la industria de hidrocarburos. La empresa necesita recuperarse del preocupante desempeño que la viene aquejando y tomar las decisiones ejecutivas requeridas para mejorar los números financieros, operativos y técnicos.

Este relevo debe servir también para robustecer el gobierno corporativo del grupo petrolero, tan golpeado por la terquedad de sostener a Roa y debilitado por la intromisión perjudicial de la Presidencia de la República. Los intentos desafortunados de la Casa de Nariño por evitar la salida de Roa –hasta un trino final que habla de entregarlo “en bandeja”– no hacen más que enrarecer un ambiente que debe estar lo más alejado de la politización y lo más cercano a la buena gestión.

Este pequeño avance del retiro temporal de Roa debe acompañarse de su distanciamiento real de las decisiones ejecutivas y administrativas de la petrolera. El peor escenario sería que esta decisión no se aplicara con el máximo rigor. Pero, sobre todo, es la hora de recordar, tanto para la junta como para la presidencia, que el objetivo primordial es blindar y proteger a Ecopetrol.