El país asiste, con creciente preocupación, a una confrontación inconveniente y promovida por el presidente Gustavo Petro contra la junta directiva del Banco de la República. Lo que comenzó como una diferencia sobre política monetaria, tras la decisión de esta última de subir la tasa de interés al 11,25 % con el sano propósito de mantener a raya la inflación, derivó en el portazo del ministro de Hacienda, seguido de una escalada de ataques, descalificaciones e intentos de ruptura institucional que han llevado a un deterioro nunca antes visto en la relación entre el Ejecutivo y el Emisor.
Las diferencias se ahondan. Al declinar la invitación a participar en un foro organizado por el Ministerio de Hacienda, el gerente del banco, Leonardo Villar, calificó, con razón, de infundadas y contrarias a la verdad las acusaciones recientes del Presidente. Y ayer en el Congreso dijo, también de manera acertada, que eran inadmisibles las acusaciones del Ejecutivo contra el equipo técnico del banco. Y es que no estamos apenas ante críticas duras o un desacuerdo político legítimo. Es el uso de calificativos como “genocida”, “fascista” o insinuaciones sobre el pasado personal de integrantes de la junta, como en el caso de Laura Moisá, lo que implica cruzar, por parte del mandatario, una línea que no debería cruzarse, pues están de por medio el respeto personal e institucional y la vida privada de funcionarios públicos.
Pero está en juego algo mucho más profundo: estos ataques afectan de manera directa la institucionalidad del país. Y eso nos perjudica a todos. La independencia del Banco de la República no es un formalismo. Es una pieza esencial de la arquitectura del Estado de derecho para blindar la política monetaria de presiones indebidas y coyunturales. Además, este tipo de señalamientos, más cuando provienen del jefe de Estado, minan la democracia. No solo porque degradan el nivel del debate público, sino porque pueden poner en riesgo la integridad de quienes son objeto de esas acusaciones.
No es un asunto ligero, ni puede normalizarse, que un presidente de la República señale a una persona de ser ‘fascista’ o ‘genocida’.
No es aceptable, ni puede normalizarse, que un presidente de la República señale a una persona de ser “genocida”. Frente a esto, el país debe hacer una pausa. Es necesario reflexionar y dimensionar la gravedad y la trascendencia de este proceder. Porque, además, no se trata de un episodio aislado ni de una salida en falso. Es la manifestación de un patrón que evidencia desconocimiento y falta de respeto por normas constitucionales básicas que regulan el funcionamiento del Estado.
Y a esta preocupante deriva se suma otro elemento: la insinuación hecha por el Presidente de responder a una nueva alza de las tasas de interés con otro aumento del salario mínimo este año, ante lo cual los expertos ven una clara violación de las normas que regulan ese proceso anual. Más allá de su aparente intención social, estas propuestas refuerzan la idea de un manejo económico guiado por consideraciones de corto plazo y cálculos políticos, dado su impacto en la campaña electoral. Con el agravante de que tales decisiones, muy lejos de corregir los efectos de fondo, terminarían alimentando la inflación que precisamente se busca controlar.
Esta es, en suma, una inquietante señal de alarma sobre el acatamiento a las reglas del juego institucional. Como si la apuesta fuera por deteriorar la confianza en el sistema democrático mismo. El llamado al respeto y la cordura es lo que corresponde.
Artículo basado en información de eltiempo.com
