El Consejo de Estado suspendió esta semana el artículo 2 del Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno ordena trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones en plazos de apenas 15 a 30 días, incluidos los ahorros de más de 120.000 afiliados que aún no han consolidado su derecho pensional.
El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar fue contundente: el Ejecutivo desbordó los límites de su potestad reglamentaria frente a la Ley 2381 de 2024. No es la primera vez. No será la última si el patrón continúa.
Porque este no es un episodio aislado. Es la expresión más reciente de una forma de gobernar que ha convertido el decreto en sustituto del debate legislativo y la extralimitación normativa en método. En octubre de 2025, el Consejo de Estado ya había frenado el Decreto 0858, con el que el Gobierno intentó reformar de raíz el modelo del sistema de salud sin ley del Congreso que lo respaldara.
En agosto, la Corte Constitucional, mediante el Auto 1174, declaró el incumplimiento del Ministerio de Salud en los tiempos de atención a los usuarios, tras más de tres años de compromisos rotos.
Y en el caso pensional, la Contraloría, la Procuraduría y el Banco de la República habían advertido con anticipación que el traslado exprés podría generar una desvalorización de portafolios de entre $25 y $30 billones y un incremento del pasivo pensional superior a $43 billones. No son cifras de la oposición. Son las propias instituciones del Estado. Nadie en el Gobierno escuchó.
Cuando la justicia actúa, la respuesta oficial no es corrección ni autocrítica: es acusación. Que el fallo favorece a los ricos. Que hay una conspiración del capital financiero.
Que los jueces van contra la vida humana. Esta retórica desplaza el debate de donde debe estar, en la falla técnica y jurídica del decreto, hacia la victimización política.
Los tribunales no suspenden normas por capricho ni por complot. Las suspenden porque la ley es clara y el Gobierno decidió ignorarla.
Contra ese gobierno no conspira nadie más que su propia incapacidad para hacer las cosas dentro del marco constitucional.
El fondo del asunto no puede perderse de vista. Colombia necesita un sistema pensional más incluyente. Tiene un sistema de salud con fracturas estructurales que exigen atención urgente. El país envejece aceleradamente y demanda respuestas a la altura de ese reto. Nadie niega la legitimidad de querer reformar.
Lo que no tiene cabida en un Estado de derecho es intentarlo por decreto, saltándose al Congreso, ignorando a los órganos de control y acusando de conspiradores a quienes simplemente exigen que se cumpla la Constitución.
Los funcionarios que con conocimiento de causa insisten en producir normas contrarias al ordenamiento jurídico tienen un nombre en el derecho colombiano: responsables. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen una obligación institucional y moral de hacer que quienes tratan la ley como letra muerta respondan por ello.
El futuro pensional y la salud de 50 millones de colombianos no son material de experimentos normativos improvisados.
No todo vale. Transformar por fuera de la ley no es reformismo: es autoritarismo disfrazado de urgencia. Y eso, en la República colombiana, debe tener consecuencias.
Artículo basado en información de portafolio.co
