El Consejo de Estado suspendió el Decreto 415 de 2026. El que ordenaba trasladar $5 billones de las AFP a Colpensiones. El que reglamentaba una reforma pensional suspendida desde junio de 2025 por la Corte Constitucional. El Gobierno respondió como siempre. Dijo que el sistema quedó bloqueado. Advirtió que las pensiones están en riesgo. Y culpó al árbitro.
Hay algo que no cuadra.
No se puede construir un sistema pensional sobre una ley cuya entrada en vigencia está suspendida. No se puede reglamentar lo que la Corte tiene detenido. No se puede mover $25 billones de los colombianos bajo una norma que los jueces ya frenaron. Y cuando lo intentas, te caen y lo impiden, no puedes salir a decir que el problema es la justicia.
Hemos dicho esto antes en estas páginas. Lo dijimos con la conmoción interior del Catatumbo, cuyos decretos fueron cayendo uno a uno ante la Corte Constitucional. Lo dijimos con el decretazo de la consulta popular, suspendido por el Consejo de Estado porque el Gobierno no pidió el concepto previo del Senado. Un requisito que existe, que es conocido, que no es opcional.
Lo dijimos con la emergencia económica de diciembre, declarada inconstitucional porque el hundimiento de una ley en el Congreso nunca ha sido un hecho imprevisible. Lo dijimos con el Ministerio de Igualdad, inexequible. Con la reforma pensional, suspendida por vicios de forma. Y lo repetimos hoy con el Decreto 415 de 2026.
El patrón es el mismo. Decreto. Suspensión. Advertencia. Decreto nuevo. Suspensión. Más advertencias. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Algo que no debe pasar desapercibido.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado público. Las cortes colombianas no hacen eso. Las cortes hablan a través de sus fallos. Ese es su lenguaje. Ese es su poder. Cuando una corte sale a emitir un comunicado respondiendo declaraciones del Ejecutivo, no está polemizando. Está mandando una señal que va más allá del expediente. Ese comunicado es un campanazo.
No le están diciendo no al Gobierno. Le están diciendo que así no. Que hay formas. Que hay caminos.
Frente al patrón sistemático de decretos inconstitucionales solo hay dos explicaciones. O es calculado o es incompetencia. Y los dos escenarios son graves.
Si es calculado, el objetivo es otro. No es pensionar a los colombianos. Es mover recursos, crear hechos cumplidos, desgastar las instituciones y acorralar a los jueces. Es gobernar por decreto porque el Congreso no aprueba y la ciudadanía no acompaña.
Si es incompetencia, la pregunta es igualmente perturbadora. ¿Cómo un equipo jurídico de gobierno no sabe que no puede reglamentar una ley cuya vigencia está suspendida? ¿Cómo repiten el mismo error? Colombia tiene un ordenamiento jurídico claro. Las cortes no son el enemigo del Gobierno. Son el límite del poder. Cuando un gobierno choca sistemáticamente contra ese límite, y en lugar de corregir acusa a quienes lo señalan, no está gobernando. Está forzando.
El costo no es solo jurídico. Cada decreto suspendido es incertidumbre. Cada emergencia tumbada es un riesgo. Cada vez que un inversionista ve que las reglas cambian por decreto y los decretos los tumba la Corte, toma sus decisiones en consecuencia.
Las cortes le están diciendo al Gobierno que puede. Que tiene rutas. Que la Constitución no es una camisa de fuerza sino una hoja de ruta. Quisiéramos que el Gobierno los escuchara. No por las cortes, sino por los colombianos que están esperando que sus pensiones, sus reformas y sus derechos descansen sobre bases que duren. Gobernar dentro de la ley no es un obstáculo. Es la única forma de que las cosas sirvan.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
