El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reconoció que el Gobierno enfrenta serias limitaciones presupuestales para atender la emergencia dejada por el terremoto que golpeó a Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. El funcionario adelantó que ya se gestiona una reunión con el Ministerio de Hacienda para definir de dónde saldrán los recursos. “Nos dejaron la olla pelada”, afirmó, en una de las frases que resumió el diagnóstico fiscal con el que arranca el proceso de reconstrucción.
Restricciones presupuestales condicionan la respuesta oficial al terremoto
Beltrán fue enfático al describir el punto de partida de la cartera que dirige. “Estamos literalmente administrando las ollas raspadas, estamos literalmente administrando lo que dejaron”, señaló, en referencia al margen de maniobra fiscal heredado. La declaración se produce mientras el Gobierno busca articular fuentes de financiación distintas al Presupuesto General de la Nación, en un contexto en que la atención a las zonas afectadas exige desembolsos que, según el ministro, no están garantizados con los recursos actualmente disponibles.
Para resolver ese vacío, el ministro planteó una hoja de ruta que combina al menos tres frentes: la negociación directa con Hacienda, la vinculación de capital privado y el aporte de los entes territoriales. “Nos toca con la articulación de la empresa privada, la articulación de los entes territoriales y los recursos que la Nación pueda encontrar en este proceso”, dijo, al detallar cómo se pretende dar forma a cada uno de los proyectos de reconstrucción que se están estructurando.
Articulación con el sector privado y los entes territoriales
La estrategia anunciada por Beltrán se suma a otras iniciativas ya conocidas para financiar la emergencia. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, había declarado la emergencia económica y anunciado la creación del Fondo Milagro tras el sismo. A ese esfuerzo se ha sumado la oferta de cooperación internacional de China, equivalente a un millón de dólares y 15 millones de yuanes en insumos, según lo expresado por el embajador Zhu Jingyang.
En el frente territorial, Asocajas propuso habilitar hasta $90.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), para atender la afectación registrada en Comfandi y Comfamiliar Risaralda. Estas iniciativas se enmarcan en el mismo diagnóstico que expuso el ministro de Vivienda: la magnitud del daño supera la capacidad de respuesta inmediata del presupuesto ordinario, lo que obliga a sumar recursos de distintos orígenes para cubrir la totalidad de las necesidades identificadas en terreno.
Beltrán no entregó cifras específicas sobre el monto total requerido ni sobre los montos que aportaría cada actor. Su intervención se concentró en explicar el mecanismo de gestión que está siguiendo la cartera, más que en anticipar resultados de la negociación con Hacienda, que según dijo, se realizará próximamente. Esa reunión será determinante para establecer cuánto músculo financiero tiene el Gobierno para respaldar los compromisos de reconstrucción anunciados públicamente en las últimas semanas.
Un plan de reconstrucción en construcción para las zonas afectadas
Pese al panorama fiscal ajustado, el ministro buscó transmitir un mensaje de continuidad institucional hacia las familias afectadas por el terremoto. “Lo que sí les puedo decir a las familias colombianas es que este es un gobierno que desde ya ha trazado un plan, una ruta para la reconstrucción de estas zonas tan afectadas”, aseguró, sin precisar aún los tiempos ni los criterios técnicos que definirán el orden de ejecución de las obras.
La declaración se da en un momento en que distintas entidades públicas y privadas anuncian aportes puntuales, pero sin que exista todavía una cifra consolidada sobre el costo total de la reconstrucción. Beltrán reconoció que ese ejercicio de consolidación depende, en buena parte, de lo que resulte de la reunión con el Ministerio de Hacienda, entidad que deberá definir el espacio fiscal disponible dentro de las restricciones ya señaladas por el ministro.
El caso se suma a un debate más amplio sobre la disponibilidad de recursos públicos en Colombia, que en las últimas semanas ha incluido advertencias sobre los niveles de deuda proyectados y el espacio fiscal del país.
Carolina Morales Herrera
Artículo basado en información de portafolio.co
