Un modelo de inteligencia artificial no consume cobre, pero sí la subestación que lo alimenta y la línea que lo conecta a la red, y por eso J.P. Morgan calcula que los centros de datos demandarán unas 475.000 toneladas este año. A eso se suman las redes eléctricas, los vehículos y las renovables, y la Agencia Internacional de Energía advierte que hacia 2035 la brecha entre lo que el mundo necesita y lo que habrá podría ser del 30%.
América Latina concentra cerca del 40% de las reservas mundiales con poca exploración, y Colombia siente el efecto. Las solicitudes de títulos mineros para cobre pasaron de unas 10 al año entre 2001 y 2016 a cerca de 60 anuales en la última década, y hoy al menos 80 títulos activos lo buscan como mineral principal. La producción reconocida se reduce, en cambio, casi a una sola operación, El Roble, en el Carmen de Atrato, el mismo Chocó que acaba de sacudirse.
El debate público sigue instalado en si conviene producirlo, cuando el interés ya llegó y seguirá llegando. La pregunta que importa es otra: si ese cobre saldrá de una industria regulada que deje valor donde está el mineral, o de la misma economía ilegal que ya capturó buena parte del oro.
Un estudio de Fedesarrollo con Loom Strategy Centre documenta que los grupos armados ya incursionan en minerales críticos, el cobre entre ellos. La ausencia de reglas no detiene la extracción: la entrega.
El primer obstáculo es que nadie ha decidido dónde se puede. Según la Agencia Nacional de Minería, el 37% del potencial de cobre se superpone con reservas forestales de la Ley 2ª de 1959, que solo admiten actividad si el área se sustrae, y otro 22% cae en zonas donde la minería está prohibida. Esa mitad exige una decisión aplazada hace años: delimitarla con criterio técnico o excluirla de una vez, porque el limbo no protege nada y sí empuja la frontera hacia donde menos conviene: el piedemonte amazónico y el Chocó biogeográfico. La otra mitad está permitida, y tampoco allí pasa nada.
El segundo obstáculo explica ese silencio. El país no fija estándares antes de que lleguen los proyecto y que cada iniciativa negocia sus reglas desde cero, sin línea base de agua ni de biodiversidad, sin monitoreo independiente y con la consulta a comunidades cuando el título ya fue otorgado. La discusión llega al territorio convertida en pelea y el resultado se decide por presión, no por evidencia. Jericó fue la lección más costosa, pero no la única.
Lo que corresponde hacer no requiere ley nueva. Empieza por resolver la mitad indefinida, sustrayendo donde el país decida que sí y cerrando de manera definitiva donde decida que no, con plazos ciertos, porque la certeza protege al inversionista y al territorio por igual. Sigue por fijar el estándar antes y no después, con líneas base públicas, monitoreo independiente de datos abiertos y consulta previa al otorgamiento del título.
Termina por lo que nunca ha funcionado: una participación económica que llegue al municipio desde el primer año y capacidad real de fiscalizar, porque sin eso no hay licencia social ni con la mejor tecnología. El sector privado tiene aquí más que perder que nadie, porque un estándar exigente es lo único que separa un proyecto de 30 años de un pleito de diez, y porque el comprador pregunta por trazabilidad. Los gremios pueden aportar la evidencia que hoy no existe y las empresas demostrar, en un proyecto bien hecho, que el cobre no está condenado a repetir la historia del carbón ni la del oro.
Saber si funcionó será sencillo. Al cierre de esta década, produciremos y exportaremos cobre legal o ilegal. En el primero todos ganamos, en el segundo todos perdemos, especialmente la biodiversidad.
Artículo basado en información de portafolio.co
