La reforma pensional, que fue avalada parcialmente por la Corte Constitucional, abre ahora un nuevo frente de discusión en Colombia: su sostenibilidad fiscal.
Economistas, académicos y congresistas consideran necesario que el Gobierno Nacional impulse una contrarreforma para revisar algunos componentes del nuevo sistema, ante el costo que podrían representar sus beneficios y obligaciones futuras para las finanzas públicas, especialmente en un escenario marcado por nuevas presiones fiscales.
La discusión tomó fuerza luego de que varios expertos advirtieran sobre el impacto que tendría la implementación del nuevo esquema. Jorge Llano, exvicepresidente de Asofondos, sostuvo que se necesita “una contrarreforma” si el país quiere construir un sistema pensional sostenible en el largo plazo. Su planteamiento coincide con el del profesor Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana, quien considera que el régimen debe corregirse porque, según afirmó, “no lo podemos pagar”.
Reforma pensional: expertos alertan por el costo fiscal del nuevo sistema
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo que asumiría el Estado. Llano explicó que el diseño de la reforma puede generar inicialmente mayores ingresos para Colpensiones al concentrar allí las contribuciones de hasta 2,3 salarios mínimos. Ese efecto permitiría reducir temporalmente los recursos que el Gobierno debe transferir a la entidad, pero el alivio sería transitorio frente al envejecimiento de la población y las presiones demográficas.
De acuerdo con Llano, ese comportamiento incluso podría haber permitido financiar durante los primeros años parte del Pilar Solidario. Sin embargo, advirtió que la ventaja desaparecería posteriormente, cuando las condiciones demográficas vuelvan a aumentar las necesidades de recursos públicos. Desde su perspectiva, el país no necesitaba una reforma pensional de estas características para estructurar adecuadamente ese componente, pues el desafío central está en garantizar una financiación sostenible en el tiempo.
El debate también alcanza al pilar semicontributivo, que cobija a personas que no alcanzan las semanas requeridas para obtener una pensión. Llano cuestionó el mecanismo previsto por la reforma porque, a su juicio, termina haciendo más complejo el sistema y puede generar resultados menos favorables para algunos trabajadores frente al esquema establecido por la Ley 100. La preocupación combina dos elementos: el beneficio que recibiría el afiliado y el costo que asumiría el Estado.
Según su explicación, bajo el sistema anterior una persona que no lograba pensionarse recibía en Colpensiones una indemnización sustitutiva correspondiente a sus aportes ajustados por inflación. En los fondos privados, en cambio, recibía sus ahorros junto con rendimientos reales. Llano señaló que, en promedio, esos valores podían ubicarse alrededor de $5 millonesen Colpensiones y entre $35 y $40 millones en un fondo privado, para personas con situaciones laborales similares.
El nuevo diseño modifica ese escenario al establecer una prestación mensualizada para quienes están en el componente semicontributivo, acompañada de subsidios diferenciados y una rentabilidad real.
Llano cuestionó que este mecanismo termine siendo más complejo y, simultáneamente, implique un mayor costo fiscal. “En la medida que enredemos más el sistema, más difícil va a ser hacer pedagogía al respecto”, afirmó, al referirse a la estructura de pilares y a las nuevas reglas que deberán aplicar los afiliados.
Artículos pendientes podrían aumentar el gasto pensional del Estado
La discusión fiscal tendrá ahora otro capítulo en el Congreso. Jorge Restrepo explicó que, aunque el bloque principal de la reforma ya fue avalado por la Corte Constitucional, todavía quedan alrededor de 10 u 11 artículosque deberán ser discutidos nuevamente. A su juicio, al menos tres disposiciones pueden ampliar el hueco fiscal, entre ellas aquellas relacionadas con beneficios adicionales para mujeres y reducciones en las semanas de cotización.
Restrepo mencionó específicamente los beneficios para mujeres con hijos y las disposiciones dirigidas a poblaciones afrocolombianas, comunidades negras e indígenas. Su posición es que el Congreso debería revisar esas medidas a la luz de la situación fiscal del país. El economista considera que las nuevas obligaciones no pueden analizarse de manera aislada, especialmente después de las presiones que generó el terremoto y de las necesidades adicionales de recursos que implica atender sus consecuencias.
La discusión sobre una contrarreforma también incluye el umbral de cotización. Restrepo planteó que una alternativa sería reducir el límite de 2,3 salarios mínimos a un salario mínimo, con el objetivo de concentrar el componente solidario en personas que realmente requieren subsidios. También mencionó la posibilidad de ahorrar dentro del sistema de ahorro individual y recibir posteriormente los recursos acumulados bajo ese esquema.
Para Restrepo, el momento actual exige que la discusión se dé en el Congreso y no dependa de nuevos litigios ante la Corte Constitucional. Según explicó, el régimen pensional de la Ley 100 dejó de ser el marco vigente y las decisiones de ahorro, contratación y remuneración deberán considerar las nuevas reglas. Por eso, considera improbable que eventuales procesos judiciales produzcan cambios suficientemente rápidos como para modificar las decisiones que deben tomar trabajadores y empresas.
Nuevo Gobierno deberá definir el rumbo de la contrarreforma pensional
El nuevo Gobierno tendrá un papel determinante en esta discusión, tanto por su orientación política como por las restricciones de las finanzas públicas. Restrepo señaló que la administración deberá definir sus posibilidades fiscales y presentar un nuevo texto que permita corregir los elementos considerados problemáticos. La recomposición de las fuerzas políticas en el Congreso también podría modificar las mayorías que acompañaron la aprobación de la reforma durante el periodo anterior.
Desde el Congreso también existe respaldo a revisar el sistema. Hernán Cadavid, Senador por el Centro Democrático señaló que la eventual contrarreforma debería construirse a partir de una conversación seria con el Gobierno y considerando sus posibilidades fiscales. Su planteamiento apunta a evitar que una nueva iniciativa simplemente sustituya algunos artículos, sin abordar de manera integral la sostenibilidad del régimen y las obligaciones que deberá asumir el Estado durante los próximos años.
Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U, también consideró que una contrarreforma puede ser una oportunidad para corregir el sistema. Señaló que la decisión de la Corte Constitucional vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con un aval fiscal y de garantizar un equilibrio que permita pagar las obligaciones pensionales en el tiempo. A su juicio, la discusión debe avanzar antes de que aumente la incertidumbre regulatoria.
El debate, además, trasciende las cuentas públicas y llega directamente al mercado laboral. Salcedo advirtió que 56% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad y no cotiza al sistema de seguridad social, mientras que en el campo la situación es todavía más crítica, con 80% de los campesinos sin posibilidad de acceder a una pensión de vejez. Por eso, considera que una reforma pensional sostenible requiere aumentar la formalización laboral.
Con este escenario, la discusión pensional entra en una nueva etapa. El núcleo de la reforma ya no está en juego, pero sí varios de sus componentes y, sobre todo, la capacidad del Estado para financiar las obligaciones que genera. Economistas y congresistas coinciden en que el debate deberá combinar cobertura, beneficios y sostenibilidad fiscal. La pregunta central para el nuevo Gobierno será cómo corregir el sistema sin aumentar una presión sobre las cuentas públicas que ya consideran difícil de asumir.
Artículo basado en información de portafolio.co
