La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos, abrió la discusión sobre la Ley de Rescate Fiscal, la siguiente iniciativa económica que deberá presentar el Gobierno al Congreso. El proyecto tendrá que radicarse en un plazo máximo de 90 días y definir cómo se realizará un ajuste del gasto estimado en 45 billones de pesos, equivalente al 2,2 por ciento del PIB, según las cifras citadas durante el debate presupuestal.
El principal reto será establecer qué gastos pueden reducirse, cómo hacer más eficiente el funcionamiento del Estado y de qué manera disminuir las necesidades de financiación sin incumplir obligaciones legales. También deberá aclararse si el ajuste incluirá cambios tributarios, una discusión relevante para los empresarios que piden evitar nuevas cargas que afecten la inversión.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el proyecto está prácticamente listo. “Apenas salgamos del Presupuesto vamos a radicar la Ley de Rescate, que busca hacer un ajuste fiscal a través del gasto. Está prácticamente lista”, señaló.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sostuvo que la iniciativa será necesaria para ejecutar las apropiaciones aprobadas. “La ley de rescate tiene que ser un elemento esencial para ejecutar el presupuesto. Así lo ha anunciado el Gobierno”, dijo.
El recorte: dónde ajustar y cómo hacer más eficiente el Estado
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advirtió que la aprobación del presupuesto apenas abre una nueva etapa de la discusión fiscal.
“Con el presupuesto aprobado, vale la pena recordar que apenas comienza esta larga odisea fiscal. Ahora viene lo más difícil: acordar y sacar adelante un ambicioso ajuste de 2,2 por ciento del PIB, cerca de 45 billones de pesos”, afirmó.
Pabón señaló que el Gobierno tendrá que tomar decisiones sobre el gasto y que probablemente necesitará una reforma tributaria. “Habrá que resistir el canto de las sirenas y mantener el rumbo. Se necesitarán recortes fuertes y probablemente una reforma tributaria”, sostuvo.
La eventual modificación de los impuestos es uno de los puntos que deberá aclarar el proyecto. Mientras el Ejecutivo ha anunciado un ajuste por el lado del gasto, no se conoce si propondrá cambios en los ingresos para cerrar la brecha fiscal.
Cuatro gremios proponen cambios tributarios para impulsar la inversión
Entre las propuestas de los gremios está eliminar la sobretasa del impuesto de renta aplicable a la extracción de petróleo, que puede sumar hasta 15 puntos porcentuales a la tarifa general del 35 por ciento. También plantean establecer un régimen de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para grandes inversiones en energía, petróleo y gas, así como fijar plazos para los trámites de licenciamiento ambiental y consulta previa.
Los gremios sostienen que la carga tributaria incide en las decisiones de inversión de una industria que requiere comprometer capital durante varios años antes de que los proyectos comiencen a producir. Sus propuestas buscan que el ajuste fiscal contemple medidas para movilizar recursos privados y ampliar los ingresos futuros, además de reducir el gasto.
En su balance petrolero del primer semestre de 2026, Campetrol destacó que los recursos prospectivos recuperables equivalen a cuatro veces las reservas probadas de petróleo y a 97 veces las reservas probadas de gas natural de Colombia.
El documento recoge un modelo elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, por encargo de seis gremios del sector. Según ese ejercicio, el aporte fiscal acumulado de la industria de hidrocarburos entre 2025 y 2050 podría oscilar entre 162 billones y 695 billones de pesos, dependiendo del desarrollo de los recursos y de la senda energética del país. Se trata de escenarios proyectados, no de ingresos garantizados.
Las propuestas de los gremios no corresponden a medidas confirmadas por el Gobierno. El proyecto deberá aclarar si el ajuste se limitará a reducir gastos o si incluirá cambios tributarios.
Deuda, inversión y financiación
José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público y Tesoro Nacional, cuestionó en X estos movimientos y el monto asignado al sector Hacienda.
“¡Lo hicieron! En Presupuesto Nacional 2027, ‘redujo’ rubro de ‘servicio de deuda’ desde $155 billones a $144 y pasó esa cifra a rubro de ‘Inversión’, aumentando desde $86 billones a $94. ¡Ojo! La piñata del rubro de Hacienda quedó en $48 billones. Déficit primario aumenta mal”, escribió.
Las cifras muestran una reducción del servicio de la deuda y un aumento de la inversión, pero no demuestran por sí solas que cada peso reducido haya pasado a inversión ni que el déficit primario haya aumentado. Para establecerlo se requiere analizar las proyecciones de ingresos y gastos. El monto de 48 billones de pesos para Hacienda también debe contrastarse con el detalle de las apropiaciones definitivas.
Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana, advirtió que el presupuesto ejercerá presión sobre el mercado de títulos de deuda pública. Estimó que su ejecución podría requerir entre 95 y 150 billones de pesos en nuevas emisiones, dependiendo de las operaciones de manejo de deuda y de los vencimientos que el Gobierno logre aplazar. Esa cifra corresponde a su estimación y no a una proyección oficial.
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana señaló que cerca del 24 por ciento se destinaría al servicio de la deuda y alrededor del 14 por ciento a inversión. Según su análisis, más del 40 por ciento de los recursos provendría de nuevo endeudamiento y el recaudo tributario no alcanzaría el 14 por ciento del PIB. La institución considera que el recorte anunciado podría reducir las necesidades de financiación.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también pidió presentar rápidamente la ley y cuestionó la viabilidad financiera del presupuesto. Sostuvo que el déficit previsto para 2027 sería del 9,2 por ciento del PIB y que el endeudamiento aumentaría cerca de 200 billones de pesos.
Salud, pensiones y seguridad recibieron recursos adicionales
En Trabajo se incluyeron 6,5 billones de pesos adicionales para cumplir obligaciones pensionales. La cartera contará en total con 66,9 billones de pesos. Para las universidades públicas se reconoció una brecha cercana a los 700.000 millones de pesos en recursos de funcionamiento.
El presupuesto contempla 9,6 billones de pesos para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En Minas y Energía se adicionaron 3 billones para financiar subsidios de energía eléctrica y gas.
En seguridad se asignaron 82,8 billones de pesos, de los cuales 74,9 billones corresponden a Defensa y Policía. La Fiscalía General de la Nación tendrá 7,8 billones, incluidos 100.000 millones adicionales.
En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo una reducción presupuestal de 181.400 millones de pesos. La cifra incluye un ajuste inicial de 170.000 millones y un traslado adicional de 11.402 millones al Ministerio de Defensa para pagar sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la Fuerza Pública.
El Observatorio Fiscal pidió mayor claridad sobre la financiación de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, pues en la información no se identifica una partida específica para esa emergencia. También destacó la aprobación de informes trimestrales de Hacienda sobre saldos y ejecución de fondos especiales, patrimonios autónomos y fiducias públicas.
El trámite en el Congreso
La Ley de Rescate Fiscal deberá tramitarse en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de proximidad del cierre del periodo legislativo. El Gobierno tendrá que explicar el alcance de los recortes y conseguir respaldo para medidas que pueden afectar las apropiaciones de distintas entidades.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó que el Congreso espera que el Gobierno presente el plan de ajuste y que vigilará la ejecución de los recursos aprobados.
El proyecto deberá definir cómo se distribuirá el recorte cercano a 45 billones de pesos, cuáles gastos se revisarán y qué medidas permitirán reducir las necesidades de financiación. También tendrá que aclarar si el ajuste se concentrará en el gasto o incluirá cambios tributarios, mientras los gremios piden condiciones que favorezcan la inversión.
Artículo basado en información de eltiempo.com
