La cotización oficial del dólar cerrará julio alrededor de $3.205, su nivel más bajo en más de siete años. Es probable que rebote algo: el DXY se mueve cerca de 101, la Reserva Federal mantiene su tasa entre 3,50% y 3,75% y el mercado apuesta a un alza en septiembre. Nada de eso devuelve el dólar a $4.000.
La pregunta útil no es hasta dónde sube, sino qué hace Colombia mientras la ventana esté abierta. Competitividad regala un descuento así. El problema es que la ventana viene con candado. El empresario enfrenta una paradoja: el equipo está barato, pero la plata para comprarlo está carísima.
El Banco de la República llevó su tasa a 12% y el consenso espera 12,5% esta semana. La usura bordea 29%. Los TES a diez años se negocian entre 12% y 13%. Fedesarrollo calculó el costo de uso del capital en 21,1% en 2025.
Un proyecto nuevo tiene que rentar más de eso, asumiendo riesgo. Muchos no lo logran, y la decisión racional termina siendo esperar. Una máquina 22% más barata financiada al 20% no es una máquina barata.
Aquí está el punto que se pierde en el debate. La misma restricción monetaria que abarató el dólar es la que impide aprovecharlo. Bajar la tasa real hace dos cosas a la vez: libera inversión y cierra la brecha de tasas frente a Chile, Perú y México, que es la que atrae capital de corto plazo y aprecia el peso.
No hay que escoger entre exportadores e inversionistas: el mismo movimiento les sirve a los dos. El Emisor no puede hacerlo solo. Bajar la tasa exige que la inflación converja, y ahí el Estado tiene obligaciones propias.
El congelamiento del gasto y el recorte de $60 billones que anunció el ministro designado Miguel Gómez, si resulta, serán la política cambiaria más eficaz disponible. Gómez Martínez descartó intervenir el mercado, y tiene razón: la intervención es costosa y transitoria. La disciplina fiscal no lo es.
Falta la agenda de fondo, la que explica por qué hacer empresa en Colombia cuesta tanto. El costo logístico se lleva 15,6% de las ventas cuando el promedio de la Ocde está entre 8% y 10%. Sobre la nómina se acumularon arandelas que no llegan al bolsillo del trabajador.
Interactuar con el Estado consume tiempo y honorarios. La inseguridad jurídica y física se cotiza en la prima de riesgo. La energía, además, viene al alza: el precio en bolsa subió 22,7% en lo corrido de 2026 y el Ideam da más de 90% de certeza a un El Niño en el segundo semestre.
El Emisor estimó que un choque de 10% en la tarifa eléctrica añade 0,78 puntos a la inflación anual. De ahí una medida concreta: una línea de Bancóldex con tasa compensada para bienes de capital, depreciación acelerada y descuento pleno del IVA en esos activos, con vigencia de 12 a 18 meses.
Un instrumento así convierte un fenómeno cambiario transitorio en capacidad productiva permanente. El gobierno que se posesiona el 7 de agosto puede administrar la queja con alivios sectoriales y esperar que el ciclo global haga el trabajo.
También puede usar la ventana para renovar el capital instalado mientras bajan inflación, tasas y el costo país. El primer camino deja al país con el mismo aparato productivo y un dólar impredecible.
El segundo la deja con maquinaria nueva y una razón para competir sin depender tanto de la TRM.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
