Colombia enfrenta una de las mayores presiones fiscales de las últimas décadas y necesita tomar decisiones urgentes para evitar que el deterioro de las cuentas públicas derive en una crisis de difícil reversión. Esa fue la principal conclusión del Seminario ANIF y EL TIEMPO Perspectivas Económicas 2026 con respuestas al desafío fiscal, donde economistas, líderes gremiales, congresistas y representantes de campañas presidenciales discutieron las medidas que debería adoptar el próximo gobierno.
José Ignacio López, presidente de ANIF, aseguró que el país requiere un ajuste cercano a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para estabilizar la deuda, recuperar credibilidad y garantizar sostenibilidad financiera. Según explicó, el balance primario del Gobierno que se refiere a ingresos frente a gastos sin incluir intereses, ha permanecido en terreno negativo durante buena parte de los últimos 35 años y hoy presenta niveles comparables con episodios como la crisis de 1999 y la pandemia.
El mensaje del foro fue que ya no bastan medidas parciales. El próximo gobierno tendrá que combinar recorte del gasto, una reforma tributaria estructural, lucha contra la evasión, eliminación de subsidios costosos y una agenda de crecimiento económico que permita ampliar ingresos sin ahogar la actividad productiva.
Recortar gasto y frenar expansión burocrática
Uno de los focos principales del debate fue el crecimiento del aparato estatal. Según cifras presentadas por ANIF, en los últimos siete años se habrían creado cerca de 20.000 cargos adicionales asociados al Presupuesto General de la Nación, equivalente a ocho nuevos puestos por día.
También se expusieron incrementos significativos en algunas entidades públicas. Entre 2019 y 2026, la planta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) habría crecido 545 por ciento, la Superintendencia de Servicios Públicos 217 por ciento y el sector Hacienda 70 por ciento.
Para ANIF, estas cifras reflejan la necesidad de revisar la calidad del gasto y no solo su magnitud. Por eso planteó un ajuste apoyado en menores costos de funcionamiento y una revisión profunda de la inversión pública, acompañado de reorganización institucional, congelamiento de vacantes y controles más estrictos al crecimiento de la nómina estatal. También insistió en reducir contratos de prestación de servicios y revisar entidades con funciones duplicadas.
López sostuvo que el país no puede seguir aumentando el gasto sin exigir resultados medibles en educación, salud, seguridad, infraestructura o productividad.
Reforma tributaria estructural y lucha contra evasión
En el conversatorio moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, participaron Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y Claudia Jiménez coordinadora económica de la campaña, Juan José Echavarría coordinador económico de Sergio Fajardo y Juan Mauricio Ramírez integrante de la campaña de Claudia López.
Otro de los consensos del encuentro fue que Colombia necesita una reforma tributaria más profunda y estable, enfocada menos en subir tarifas y más en ampliar el recaudo efectivo.
Varios panelistas coincidieron en que el sistema actual combina una alta carga para quienes sí pagan, múltiples beneficios sectoriales y una evasión persistente que limita la capacidad fiscal del Estado.
Juan José Echavarría, coordinador económico de Sergio Fajardo, afirmó que uno de los principales problemas es el incumplimiento tributario. “Los cálculos que hay en Colombia, de Eduardo Lora, de Fedesarrollo, es que en Colombia se evade la mitad de los impuestos”, dijo.
Juan Mauricio Ramírez, director programático de Claudia López, señaló que la evasión equivale al 8,6 por ciento del PIB y que una parte sustancial corresponde al impuesto de renta empresarial. A partir de ese diagnóstico, defendió una reforma profunda a la DIAN, reglas tributarias estables desde el primer año de gobierno y una revisión de exenciones que hoy reducen ingresos sin claros resultados económicos.
También propuso ampliar gradualmente la base del IVA, compensando a los hogares vulnerables, y reducir la tarifa corporativa en la medida en que la economía logre crecer por encima de 4 %, con el objetivo de estimular inversión y empleo formal.
Para varios asistentes, la discusión ya no es si habrá reforma tributaria, sino qué tan pronto se presenta y con qué capacidad política llegará el próximo gobierno.
Subsidios y gastos rígidos
ANIF también insistió en revisar subsidios regresivos que hoy presionan el presupuesto nacional. Uno de los más mencionados fue el de combustibles, especialmente el diésel.
Según estimaciones discutidas en el foro, el costo acumulado de esos apoyos podría superar 136 billones de pesos.
Echavarría afirmó que “hay que eliminar ese subsidio, es un subsidio altamente regresivo, muy costoso”, al señalar que beneficia en mayor medida a sectores de mayores ingresos y limita recursos para inversión social.
Además del tema de subsidios, varios panelistas alertaron sobre la rigidez creciente del gasto público. Rubros como deuda, pensiones, Sistema General de Participaciones y transferencias automáticas reducen cada vez más el margen de maniobra presupuestal y dificultan responder a nuevas necesidades fiscales.
Jiménez, de la campaña de Paloma Valencia, planteó una reducción de 25 por ciento en los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva, el restablecimiento de contratos de estabilidad jurídica y una reducción de impuestos orientada a estimular inversión privada.
Oviedo sostuvo que el ajuste no debe recaer sobre los hogares, sino sobre un Estado más eficiente, acompañado de medidas en seguridad, infraestructura y reactivación productiva.
Ramírez resumió el reto fiscal en tres frentes simultáneos: aumentar ingresos, reducir gastos y acelerar crecimiento. “Si falta alguno de los tres, esto no va a funcionar”, afirmó.
Congreso, justicia y control fiscal también entran al debate
En el panel “La visión del nuevo Senado de la República”, moderado por Jaime Pumarejo, se abordó otro punto clave: buena parte de la presión fiscal futura no proviene solo del presupuesto actual, sino de reformas pendientes en salud, pensiones y mercado laboral.
Allí participaron Carolina Corcho, Andrés Forero y Norma Hurtado. Allí se abordaron temas como informalidad laboral, reforma pensional, financiamiento del sistema de salud y productividad regional.
Carolina Corcho afirmó que el país no puede ignorar una economía informal que ubicó entre 60 y 65 por ciento de la actividad nacional. Señaló que miles de pequeños negocios siguen dependiendo del crédito informal y propuso facilitar acceso a financiamiento barato para impulsar emprendimiento y productividad. También defendió una política de reindustrialización basada en agroindustria, ciencia, medicamentos, turismo y transición energética gradual.
La senadora Norma Hurtado sostuvo que la sostenibilidad pensional comienza con empleo formal y advirtió que Colombia mantiene parámetros diseñados para otra realidad demográfica y que tarde o temprano deberá discutir edad de jubilación, semanas de cotización, subsidios a pensiones altas y fortalecimiento del ahorro.
A su turno Andrés Forero centró su intervención en la crisis del sistema de salud y aseguró que las tensiones financieras del sector terminarán trasladándose al presupuesto nacional. Cuestionó decisiones recientes sobre financiación y advirtió que reconstruir el sistema exigirá recursos crecientes.
En otro panel, moderado por Carolina Soto exviceministra de Hacienda participaron Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, Jenny Elizabeth Lindo Díaz, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República y María Margarita Zuleta, abogada y exviceministra de Justicia para debatir el papel institucional frente al deterioro fiscal.
Linares recordó que Colombia ha construido instrumentos como la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo y controles legales para proyectos con impacto presupuestal, aunque reconoció que aún faltan mecanismos más efectivos de cumplimiento.
Desde la Contraloría, Lindo explicó que el organismo ha intensificado funciones preventivas y advirtió sobre riesgos asociados a deuda pública y decisiones con alto impacto financiero. Señaló que en los últimos cuatro años se han recuperado más de $20 billones mediante procesos de responsabilidad fiscal y que siguen abiertos miles de expedientes adicionales.
Zuleta enfocó su intervención en la baja calidad del gasto. Cuestionó que el presupuesto muchas veces reproduzca asignaciones históricas sin evaluar resultados y propuso una revisión técnica que priorice metas concretas, transparencia y reasignación eficiente de recursos.
Desde la Contraloría se informó que en los últimos cuatro años se han recuperado más de 20 billones de pesos y que existen más de 4.000 procesos de responsabilidad fiscal por 23 billones de pesos adicionales.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, ganador encuesta ANIF Banco de la República lanzó una de las intervenciones más contundentes del seminario al advertir que buena parte de las decisiones económicas recientes han generado lo que denominó “efectos cobra”: políticas bien intencionadas que terminan produciendo el resultado contrario. Como ejemplo citó el aumento del salario mínimo, que a su juicio presionó inflación y tasas de interés; la reducción artificial de la tasa de usura, que habría sacado a miles de personas del crédito formal; y los cambios en Mi Casa Ya, que golpearon la vivienda de interés social. También alertó por el frente fiscal y sostuvo que Colombia pasó a pagar tasas de financiamiento propias de economías con mayor riesgo, lo que hoy encarece la deuda pública y limita el crecimiento.
Frente a ese panorama, Malagón planteó que la salida no pasa por más impuestos ni por mayor intervención estatal, sino por recuperar confianza, inversión y disciplina macroeconómica. Defendió el respeto a la regla fiscal, la estabilidad jurídica y el fortalecimiento institucional del Banco de la República y de las cortes como contrapesos clave.
También pidió reactivar sectores intensivos en empleo como vivienda e infraestructura, destrabar el crédito productivo y crear condiciones para que el país vuelva a crecer cerca de 4 por ciento anual. Según dijo, solo con una economía expandiéndose por encima de su potencial Colombia podrá aumentar recaudo, reducir pobreza y cerrar el déficit sin sacrificar competitividad.
Artículo basado en información de eltiempo.com
