El sábado pasado entraron en vigor los tres impuestos que nacieron tras ser declarada la conmoción interior por efecto de la compleja situación en la región del Catatumbo. Según el decreto expedido por la administración Petro a mediados de febrero, tales gravámenes serán aplicables hasta el 31 de diciembre del presente año, de prorrogarse las medidas de excepción, tal como lo disponen la Constitución y las leyes.
Aunque es indudable que la difícil realidad en la zona justifica una serie de intervenciones que son difíciles de hacer viables en medio de la profunda crisis fiscal que atraviesa el Gobierno, vale la pena hacer una serie de consideraciones de fondo. Estas comienzan con un plan de gastos cuya magnitud se desconoce, lo cual es atribuible en buena parte a un gabinete que sigue en condición de interinidad.
Mientras se saben los nombres de nuevos ministros y altos funcionarios, la situación en la zona dista de retornar a la normalidad. Una clara demostración de ello fueron los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, cuya área metropolitana también está incluida en la declaratoria de conmoción.
Inquieta, por lo tanto, que las intervenciones estatales se demoren en precisarse al tiempo que la emergencia humanitaria se prolonga. Es procedente hacer un llamado a la celeridad y la transparencia, a sabiendas de que uno de los lunares más protuberantes del Ejecutivo es su baja capacidad de ejecución.
No menos preocupante es que aquí se esté haciendo una reforma tributaria por la puerta de atrás, cuyo propósito sea distinto al de atender una necesidad urgente. Para nadie es un misterio que la Casa de Nariño es partidaria de aumentar las cargas con el fin de salvar lo más posible del Presupuesto Nacional de 2025, que, según múltiples expertos, requiere un tijeretazo significativo para que no se disparen todavía más el déficit y la deuda pública.
De acuerdo con las cuentas del propio Ministerio de Hacienda, con las contribuciones introducidas se recaudaría un billón de pesos en los próximos tres meses. El cálculo proviene de lo que dejaría la aplicación del impuesto al valor agregado a los juegos de suerte y azar operados por internet; la tasa de uno por ciento a la extracción de hidrocarburos y carbón en el momento de su primera venta o exportación, y el impuesto de timbre nacional, que castigará con uno por ciento a instrumentos públicos y documentos privados como escrituras, títulos valores, avales o garantías, por encima de los 298 millones de pesos.
Es este último acápite el que más amenaza con afligir la marcha de la economía. El motivo es que afecta de forma radical incontables contratos que son la base de las relaciones de negocios, sobre todo entre los particulares. Si bien la tarifa es temporal, no se necesita contar con una bola de cristal para afirmar que bien puede volverse permanente, si la idea se le lleva al Congreso de la República, con el argumento de que ya fue ambientada en la práctica.
Por lo tanto, no hay que perder de vista un tema con múltiples aristas. Una cosa es la solidaridad con miles de compatriotas que la merecen, y otra, los excesos disfrazados de buena voluntad, que amenazan con complicar la que ya es una realidad desafiante.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/conmocion-e-impuestos-3429673
