El gobierno que se posesionó el viernes llegó sin caja. Congelará el Presupuesto de 2026 por decreto, anunció un recorte cercano a $60 billones para 2027 y heredó un déficit que su propio ministro de Hacienda sitúa en 7,8% del PIB. En esas condiciones no puede comprar crecimiento.
Tendrá que encontrarlo donde no cueste y hay un lugar exacto donde buscarlo.
Desde el 24 de julio, Estados Unidos aplica un recargo de 12,5% a buena parte de las exportaciones colombianas.
La causa no fue ideológica. La Oficina del Representante Comercial concluyó que el país no adoptó ni aplicó de manera efectiva una prohibición a la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso en terceros mercados.
Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron en 10%, compitiendo con nosotros en los mismos anaqueles.
Analdex estima exposición por US$4.438 millones, tres de cada 10 que le vendemos a ese mercado. Todo eso ya se dijo. Lo que corresponde ahora es convertirlo en tarea de gobierno, con responsable y con fecha.
Conviene medir la asimetría de este fin de semana. Washington anunció hasta US$1.000 millones en asistencia de seguridad y un Diálogo Bilateral para la Prosperidad.
Es una buena noticia y merece reconocerse. También merece leerse la letra menuda: ese desembolso depende del Congreso estadounidense, es puntual y está atado a una agenda de seguridad. El arancel no depende de nadie. Opera todos los días, contenedor por contenedor, sin necesidad de aprobación alguna. La confianza bilateral no se mide solo en comunicados sino también en partidas arancelarias.
El primer encargo es expedir la prohibición y aplicarla. La propia decisión estadounidense advierte que publicar un proyecto de norma no basta: exige una prohibición adoptada, con capacidad de inspección aduanera y un régimen de debida diligencia sobre cadenas de suministro. Es competencia exclusiva del Ejecutivo, repartida entre Comercio, Trabajo y la Dian. No requiere trámite legislativo ni un peso adicional de presupuesto.
Debería estar firmada antes de que la reforma tributaria llegue a las comisiones económicas en septiembre.
El segundo es cambiar el objetivo de la negociación. El Diálogo Bilateral para la Prosperidad debe abrirse por el anexo de exclusiones, no por el paquete de ayuda. La meta verificable es la paridad con el grupo del 10% y la restitución de la preferencia del acuerdo de 2012 para flores, transformadores eléctricos, confecciones, plásticos y aluminio, es decir, para el corredor industrial que va de Atlántico y Bolívar a Antioquia y la Sabana. Pedir cooperación es fácil.
Pedir simetría comercial es lo que produce empleo.
El tercero es construir una sola arquitectura de cumplimiento. Colombia está perdiendo acceso a dos mercados por la misma carencia: no tiene un sistema de trazabilidad y de debida diligencia que resista auditoría externa. Washington nos cobra hoy por trabajo forzoso; Bruselas nos cobrará mañana por deforestación con el reglamento europeo.
Un solo sistema sirve para los dos frentes y su costo es una fracción del sobrecosto que hoy pagan los exportadores. Debería quedar como línea explícita del Plan Nacional de Desarrollo, con una entidad responsable y un cronograma, no repartido entre programas que nadie audita.
Este gobierno prometió orden.
El orden también es esto: menos épica y más expediente. Una norma que nadie firmó durante meses le cuesta al país más que varias discusiones que ocuparán el noticiero esta semana. La medida de los primeros 100 días no será solo cuántas megacárceles se anunciaron. Será si en enero un floricultor de Rionegro y un fabricante de transformadores en Barranquilla pagan 10% o 12,5%. Esa cifra sí se puede corregir sin pedirle permiso a nadie.
Jaime Pumarejo Heins
Artículo basado en información de portafolio.co
