Colombia se disponía a discutir un Presupuesto que no correspondía con la realidad. Ese proyecto, del Gobierno anterior, fue devuelto por el Congreso y el nuevo Gobierno ya radicó su reemplazo.
El país empezó a ver las cuentas como son.
El punto de partida es fácil de entender. El Estado recibe en promedio $29,2 billones al mes y gasta $40,2 billones. Faltan $11,1 billones mensuales, y ese faltante se cubre con deuda.
Hoy, cerca de uno de cada tres pesos recaudados en impuestos se va en intereses. Hace una década era uno de cada seis.
El proyecto de Presupuesto para 2027 muestra de dónde salió el desajuste.
El texto devuelto, por $575,7 billones, dejaba sin financiar $6,5 billones en pensiones, $2 billones en aseguramiento en salud, $761.000 millones en universidades públicas y $4,5 billones de la nómina estatal.
Tampoco incluía un solo peso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cuyo costo es de $9,6 billones. Y calculaba el servicio de la deuda en $118 billones cuando cuesta $155,4 billones. Sumadas, esas omisiones explican los $634,9 billones del nuevo proyecto.
Conviene decirlo, porque la cifra al principio asustó.
El presupuesto no creció porque el Gobierno quiera gastar más, sino porque anotó obligaciones que ya existían. Un gasto que no se escribe no desaparece, solo se vuelve deuda más cara.
A la verdad la acompañan, por primera vez en mucho tiempo, fechas y montos.
Primero, un recorte de $21,9 billones este año, cerca de 1,1% del PIB. Segundo, una Ley de Rescate Económico centrada en reducir gasto (2,2 puntos del PIB en 2027) y no en subir impuestos. Tercero, un Plan Nacional de Desarrollo con estímulos a la inversión y una reforma del Estado.
El proyecto de 2027 ya trae $17,4 billones de austeridad en adquisiciones, transferencias flexibles e inversión no prioritaria. A eso se suman $4 billones para la emergencia del terremoto hasta fin de año.
Hay también honestidad sobre los alcances. Con todo eso, la deuda no baja, sino que se estabiliza alrededor de 64% del PIB.
Sin ajuste llegaría a 82% en 2030, con una crisis de pagos antes. El balance primario pasaría de un déficit de 3,3% este año a un superávit de 0,4% en 2030.
Es un esfuerzo de cuatro años seguidos, algo que el país no ha hecho nunca.
La lectura externa apunta en la misma dirección. J.P. Morgan considera que buena parte del mayor gasto corresponde a obligaciones heredadas que nunca se reconocieron del todo, y llama al sinceramiento un paso adelante.
Goldman Sachs advierte que el mayor déficit no debe leerse como menos disciplina, sino como el reconocimiento de una posición fiscal más deteriorada de lo estimado. Los CDS a cinco años se corrigieron 93 puntos básicos desde mitad de año. Es un voto de confianza, no un cheque en blanco.
Porque sincerar es apenas el primer paso, y las dos firmas coinciden en que el riesgo está en el Congreso.
Los 2,2 puntos del PIB que sostienen todo el escenario todavía no están aprobados. A eso se suma la ejecución y, sobre todo, el crecimiento.
Con una tasa de inversión de 16,1%, la más baja desde 1975, y siete años sin cumplir la meta de inflación, los cálculos no se cierran solo con tijera. La deuda se paga creciendo.
El Gobierno abrió además la discusión sobre cuánto gasto seguirá blindado en la Constitución.
Sin ese debate, cualquier ajuste será pasajero. Por ahora hay algo distinto. Ya se conocen las cuentas reales, con nombre propio y fechas. Lo que sigue es cumplir.
Artículo basado en información de portafolio.co
