Un diagnóstico crítico sobre el rezago tecnológico de la aduana colombiana y el anuncio de una batería de ajustes normativos para facilitar el comercio exterior sin descuidar el control marcaron la intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores.
El director de la entidad, Andrés Felipe Velásquez, reconoció que la administración tributaria y aduanera arrastra un retraso superior a los 25 años en sus servicios de analítica e informática. “Lastimosamente, en el anterior gobierno lo que se hizo retrasó el programa de modernización”, afirmó.
Además, señaló que la plataforma de gestión aduanera presentada a pocos días del cambio de gobierno fue “una declaración de buenas intenciones” con más de tres años y medio de atraso.
“No queremos destruir lo poquito que se adelantó, sino encaminarlo de la mejor manera para que las herramientas tecnológicas sirvan verdaderamente a lo que la modernización de la aduana necesita”, agregó.
Según comentó, el cronograma oficial contempla que la transformación integral de los sistemas informáticos —que implica arquitecturas tecnológicas diferenciadas entre el frente tributario y el aduanero— quede completamente consolidada a diciembre de 2028.
Eliminación de la ‘expropiación exprés’
En el frente operativo, la directora de Aduanas de la Dian, Sonia Rojas Ardila, expuso las modificaciones que se están evaluando para corregir fricciones con el sector privado. Una de ellas atañe a la declaración anticipada, mecanismo que ha generado resistencia entre las empresas.
La entidad busca alinear el procedimiento con estándares internacionales, permitiendo que los importadores entreguen información previa a nivel de partida arancelaria de cuatro dígitos junto con su descripción.
Esto habilitará los modelos de analítica de la Dian antes del arribo de la carga. “Esto tiene que ir acompañado de una gestión de riesgo, y la única manera de hacerlo es que contemos con una información anticipada”, precisó la funcionaria.
Asimismo, la entidad alista un ajuste normativo para eliminar la “expropiación exprés” a favor de la Nación por el simple incumplimiento de los términos en el lugar de arribo, una figura que “no tiene razón de ser”.
Al respecto, el director de la Dian enfatizó la necesidad de mantener la proporcionalidad en la regulación: “El Estado no puede intervenir de una manera agresiva en la economía. Debe facilitar el comercio exterior con un perfecto equilibrio. En lo que entra, debe ejercer una labor fundamental de seguridad nacional para sus propios habitantes, comerciantes y sector productivo”.
Para fortalecer la fiscalización, la directora de Aduanas confirmó la próxima entrada en funcionamiento de un nuevo motor de selectividad (S.W.I.M.F.). Este sistema integrará analítica de datos, trazabilidad de las operaciones y estándares reforzados de ciberseguridad.
El objetivo principal es optimizar las inspecciones físicas y documentales. “Será bastante favorable tanto para la Dian como para la facilitación del comercio, para que tengamos que revisar solo a los que realmente se debe revisar”, explicó Sonia Rojas Ardila.
De igual forma, con la implementación de la declaración sumaria de entrada, la entidad ratificó que los depósitos aduaneros mantendrán su rol estratégico dentro de la cadena logística y se evaluará la inclusión del régimen de depósito dentro de las nuevas dinámicas operativas.
Migración de UTS a OEA
En materia de seguridad en la cadena de suministro, la Dian hizo un llamado vehemente a las empresas para que migren del esquema de Usuario Aduanero con Trámite Simplificado (UTS) hacia la figura de Operador Económico Autorizado (OEA).
El director Andrés Felipe Velásquez advirtió que se han detectado casos de abuso bajo el esquema de UTS, por lo que se endurecerá la supervisión y se promoverá la transición a OEA por las garantías internacionales y la trazabilidad que ofrece este estatus. “No se asusten, pero sí queremos promover y controlar un poco más a los UTS”, acotó la directora de Aduanas.
Finalmente, la funcionaria anunció un avance clave para la infraestructura del país: el trámite de un decreto que levantará las restricciones de tránsito desde la zona especial de Urabá hacia el resto del territorio nacional. La medida busca garantizar la viabilidad operativa y el pleno aprovechamiento de megaproyectos como Puerto de Antioquia.
“Necesitamos más logística para mejorar el comercio exterior. No podemos invertir en una infraestructura portuaria de esa magnitud y dejarla sin utilizar. Este decreto permitirá tener operaciones mucho más fluidas“, concluyó.
Artículo basado en información de eltiempo.com
