El propósito de la consulta previa nunca fue que la comunidad otorgue un permiso, ni que el Estado deba levantarse de la mesa con un acuerdo firmado. Su razón de ser es que la comunidad sea escuchada a tiempo para que el proyecto se adapte, de modo que sus efectos positivos lleguen al territorio y los negativos se prevengan, corrijan o mitiguen.
La Corte lo ha repetido: no es un poder de veto, aunque tampoco habilita al Estado a imponer caprichosamente, y sin acuerdo la autoridad puede decidir siempre que lo haga de manera objetiva, razonable y proporcionada.
Nada de eso funciona hoy.
Sin reglas escritas, sin plazos ciertos y sin una instancia que dirima los desacuerdos, el derecho a ser oído se degradó en un permiso, y un permiso no se concierta: se otorga o se niega, de modo que termina teniendo precio.
Windpeshi lo resume.
Enel lo empezó en 2021, acumuló más de 33 bloqueos y lo suspendió en 2023 con 25% de ejecución. Ecopetrol lo compró para rescatar 205 megavatios y aún siguen las controversias que impiden la ejecución, y la Contraloría advierte un amplio detrimento patrimonial.
En el departamento más pobre del país, las comunidades no recibieron los empleos ni las compensaciones pactadas, porque cuando un proyecto muere el único ingreso que sobrevive es el de la intermediación.
A eso se suma un incentivo perverso: como la certificación del Ministerio del Interior nunca queda en firme y una tutela puede revocarla con la obra avanzada, todo empuja a consultar de más, incluso donde el propio Estado determinó que no había afectación directa.
Buena parte del arreglo no tiene que esperar al Congreso.
El Decreto 2353 de 2019 ya faculta a la Autoridad Nacional de Consulta Previa para impartir lineamientos y para definir la ruta metodológica y el término de duración cuando las partes no se ponen de acuerdo, de modo que los plazos por etapa, el protocolo único, el registro público de acuerdos y una instancia técnica que dirima alcance y compensación caben en un decreto.
Definir lo demás exige una ley y tanto el decreto, como cualquier nueva legislación, irónicamente deben ir a consulta y en ese cuentico llevamos tres décadas.
La urgencia no es abstracta. Las reservas probadas de gas pasaron de casi 14 años en 2011 a menos de seis y el faltante de este año se estima entre 20% y 39% de la demanda, con un sobrecosto de $11,2 billones entre 2025 y 2031 según Fedesarrollo.
Como la térmica funciona con gas y respalda una matriz hidráulica cercana al 63%, cada año sin reservas nuevas significa tarifas más caras, más costos para la industria y un racionamiento que vuelve con cada Niño.
Destrabar los proyectos de energía, gas y petróleo no es entonces una concesión al sector, sino la vía más rápida para cerrar parte del déficit fiscal, contener el costo de vida y alejar el apagón. Ahí debe cerrarse el trato, porque de los $30,9 billones del presupuesto bienal de regalías apenas $255.000 millones protegen áreas ambientales estratégicas, menos del 1%, mientras la deforestación llegó a 113.608 hectáreas en 2024.
Elevar sustancialmente esa asignación permitiría crear un Fondo de Energía y Minería para la Vida, alimentado por la renta extractiva incremental de cualquier expansión futura, dedicado a cuidar fuentes de agua, bosques y ecosistemas relevantes con monitoreo satelital, trazabilidad del oro y fuerza pública donde más se tala.
Colombia puede pasar otro cuatrienio administrando un mercado de vetos mientras importa gas, o devolverle a la consulta su propósito, que es oír a tiempo para ajustar el proyecto y no negociar un permiso. Lo primero ya sabemos cuánto cuesta.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
