Ya es una realidad que los generadores de empleo formal tendrán que pagar más a sus trabajadores de cara al nuevo régimen laboral, y que vuelve al ruedo la productividad.
La reforma laboral liderada por el Gobierno Nacional empezará a regir el próximo año e irá entrando de manera escalonada con el paso de los meses, pero es un hecho indiscutible que el modelo de negocio para muchos empleadores cambiará, al menos en los costos.
Los recargos nocturnos, el trabajo dominical, la restricción de contratos por obra o a término fijo, las indemnizaciones, la eliminación de topes, y en general el riesgo financiero para los generadores cambió radicalmente luego de que los congresistas pasaran la etapa de conciliación de la laboral y la nueva ley pasase a sanción presidencial.
De momento, lo único real para el modelo económico de muchas empresas es que el grueso de lo aprobado va a perjudicar las ganancias de las pequeñas empresas, que representan más 80% del empleo formal y 35% del PIB.
De lejos, fue una reforma de corte sindical que poco o nada le aportó a disminuir la informalidad y mucho menos dio incentivos para generar más empleo.
Los últimos datos de empleo en Colombia muestran que es el Estado quien ha logrado, a través de sus contratos a término fijo, bajar el número de personas sin trabajo, a menos de 8,8% anual, es decir, menos de 2,3 millones de desempleados y que la informalidad supera 55%, una de las cifras más altas de la historia reciente.
El pecado de la reforma que ahora es ley, es no atacar los dos problemas esenciales del mercado laboral: la informalidad y el desempleo, problemas endémicos que están vinculados como hermanos siameses; la reforma no previó la reacción de las pymes en un año que se crece poco y que la inflación sigue anclada en 5%, coyuntura en la que asumir nuevos costos es casi un camino a la quiebra, particularmente en negocios muy pequeños de los sectores como la seguridad, el hostelero, los comerciales, y el grueso de la economía del cuidado; es un hecho que se vendrá una avalancha de congelación de nuevas contrataciones, la reducción de personal, el aumento de la tercerización y la contratación por prestación de servicios; de igual manera, se desincentiva la contratación de pasantes del Sena.
Es una realidad que la ampliación del recargo nocturno en la que se debe pagar horas extras desde las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m.; el recargo de 100% por trabajo dominical y festivo; la restricción de contratos por obra o a término fijo y otra suerte de indemnizaciones, es un panorama adverso para el mercado laboral, en particular en sectores como comercio, turismo y servicios.
La nueva ley empezará a regir el 1 de enero de 2026, fecha en que los trabajadores comenzarán a ver el pago de estas dos horas adicionales.
Obligación que se suma a que desde el 15 de julio de 2025, la jornada laboral máxima semanal será de 44 horas, cambio que hace parte de la reducción gradual establecida por la Ley 2101 de 2021, que disminuyó la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera progresiva que finalizará en 2026 cuando se equipare al promedio de las horas trabajadas en los países de la Ocde.
Dicha jornada de 42 horas puede ser distribuida en 5 o 6 días a la semana, de común acuerdo entre empleador y trabajador. Son muchos cambios, que si bien benefician a los trabajadores, no son recíprocos con los empleadores que hoya tienen una alta carga tributaria, sobrecostos parafiscales, inflación alta y un pírrico crecimiento del PIB.
Información extraída de: https://www.larepublica.co/opinion/editorial/el-costoso-revolcon-en-el-regimen-laboral-4165438
