Se sabía que un incremento del salario mínimo afectaría la tarifa del transporte público. Castigar a las ciudades por ello no es el camino.
Esta semana se empezó a sentir con fuerza otra de las consecuencias del alza desmesurada que tuvo el salario mínimo (23 %): el incremento del pasaje del transporte público. En las principales capitales, ello significó una subida de entre 9,5 y 13 %, esto es, entre 300 y 400 pesos adicionales, en promedio.
La razón principal son los costos de operación que acarrean este tipo de servicios y que pueden llegar a representar el 70 %. Hablamos de conductores, personal de mantenimiento, limpieza y aseo, tipo de combustible, entre otros. Buena parte de esa mano de obra que se emplea gana entre uno y dos salarios mínimos.
En el caso de Bogotá, el sistema de transporte masivo, TransMilenio, tuvo un alza del 10,9 %, lo que significa que el pasaje pasó de 3.200 a 3.550 pesos. Palabras más, palabras menos, quiere decir que una persona, con dos viajes al día, tendrá que gastar 15.400 pesos adicionales cada mes. Son las consecuencias de una medida del Gobierno Nacional que también empezó a afectar la compra de vivienda, el servicio de seguridad, el empleo doméstico y las cuotas de administración.
Las autoridades de Bogotá han explicado que el alza es consecuencia directa del incremento del salario mínimo, pues se tenía proyectado que fuera del 11 % y terminó siendo más del doble, 23 %. A ello se suman otras alzas también decretadas por el Gobierno Nacional, como el 15 % en el diésel o el 10 % en el gas, y hay que añadir el 5,3 % del IPC. Esa decisión del Ejecutivo disparó los costos para el sistema en 150.000 millones de pesos.
Cabe aclarar que la ciudad subsidia el 50 % de la tarifa de un pasaje y que esto representa 3,2 billones de pesos al año. Igual sucede en el resto de ciudades del país, por lo que el incremento para los usuarios fue similar.
Sin embargo, desde el alto Gobierno, antes que reconocer que se trata de un efecto provocado por un decreto que ha sido cuestionado tanto por amigos como por contradictores del Gobierno, este no solo ha criticado la decisión de los mandatarios locales, sino que ha amenazado con abrir una investigación y ha pedido explicaciones sobre el asunto.
El presidente Gustavo Petro, en otra salida que no se entiende, le ha dicho a Bogotá que la Nación está presta a girarle 1,5 billones de pesos (Bogotá dice que son 930.000 millones) para cofinanciar una flota eléctrica de 239 buses y que eso debería contribuir a la rebaja de la tarifa. Claramente no es así. Tales recursos tienen destinación específica, se trata de vigencias futuras que se irrigarían a partir del próximo año.
No obstante, la confusión ha sido aprovechada por el ministro del Trabajo, que, también en tono de amenaza para los bogotanos, ha advertido que la ciudad podría quedarse sin esos recursos si no se ajusta la tarifa ni se dan las explicaciones técnicas del caso.
Pero las explicaciones ya se han dado. Otra cosa es que el Gobierno quiera insistir en una narrativa más política que técnica en aras de salvar responsabilidades. Debe quedar claro que tal actitud lo único que consigue es afectar a Bogotá y su desarrollo en infraestructura limpia, cuando lo que tendría que primar es la buena relación que debe darse entre la ciudad y la Nación, antes que poner en riesgo el futuro de ella y de su gente.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-minimo-y-el-pasaje-3524608
