La última legislatura del gobierno Petro tendrá un protagonismo económico que amerita seguimiento detallado por sus impactos en las empresas.
La cuarta legislatura del Congreso de la República (2025-2026) comienza su camino con una agenda económica cargada de tensiones, urgencias fiscales y un clima político marcado por los comicios legislativos y presidenciales de 2026. El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta esta última milla el reto de consolidar su legado en la economía marcado por un actividad que repunta con inflación a la baja, desgaste político, congresistas con la presión de su reelección y una apremiante crisis fiscal.
Desde el frente económico, cuatro proyectos de ley concentrarán el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo: el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, una nueva reforma tributaria, la ley de competencias fiscales para implementar el nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) y el proyecto de ley para reducir las tarifas de energía. Este portafolio se contempla con iniciativas sectoriales, pero de impacto, como la reforma a la salud 2.0 y la prohibición del fracking, entre otros.
Mañana a más tardar el Gobierno debe presentar el proyecto del PGN que, como se afirmó en este espacio hace unos días, reproduce errores del pasado como un desfinanciamiento de más de $20 billones, sin voluntad de austeridad ni recorte y buscando subir más los impuestos.
El llamado al Congreso es a debatir a profundidad el contenido de este proyecto de ley, de la mayor relevancia, teniendo en la mira la sostenibilidad de las finanzas públicas, asegurar los recursos para blindar la democracia y para los programas sociales, y ajustarse a las realidades de la economía.
En paralelo con la discusión presupuestal, estará la radicación de un tercer intento de reforma tributaria de la administración Petro. Este pulso también requiere de los congresistas un ejercicio serio de revisión técnica y de control a la indisciplina fiscal del Gobierno Nacional. Si bien la actividad económica del país viene transitando una senda positiva, el crecimiento es dispar y sectores claves como la explotación de minas y canteras y la construcción siguen rezagados o, como las industrias manufactureras, apenas sacando la cabeza.
Buscar un alza de impuestos de más de $19 billones, como preliminarmente se ha informado, afectando el bolsillo de las empresas y de los hogares, no se compadece con la persistente incertidumbre, la falta de inversión y el peso de las reformas ya aprobadas. Tampoco es menor el hecho de que los congresistas que votarán por esta nueva reforma tributaria saldrán pocos meses después a pedir el voto a los ciudadanos.
El empresariado debe asimismo mantenerse atento al proyecto de ley de competencias fiscales, que reglamenta la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). Si bien esta iniciativa se orienta a profundizar la descentralización y fortalecer económicamente a las entidades territoriales, el entorno de crisis fiscal en el que se está definiendo esta normatividad podría desatar mayores presiones financieras. Nuevas reglas, diseñadas en desconocimiento de la coyuntura, podrían conducir a un escenario indeseado.
Además, el Congreso históricamente es menos receptivo en el último año de gobierno, y la cercanía de las elecciones impacta los debates, en especial, cuando tocan el bolsillo de los electores. El tiempo corre en contra del Gobierno Nacional y esta agenda económica -mucho más amplia y ambiciosa para una última legislatura tradicional- no será sencilla de impulsar.
No obstante, sus impactos, generales y sectoriales, trascenderían el ocaso de la administración Petro y, por ello, demandan el seguimiento detallado de los empresarios y la discusión técnica y responsable de los congresistas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/la-agenda-economica-editorial-636312
