El crecimiento del gasto destinado al servicio de la deuda se convirtió en uno de los principales focos del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el documento oficial y las reacciones de analistas y congresistas, el incremento de este rubro reduce el margen para la inversión pública, en un presupuesto que asciende a $575,6 billones y que además llega al Congreso con un faltante de $30,2 billones sujeto a la aprobación de ingresos adicionales.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un monto total de $575,6 billones, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB).Sin embargo, de ese total, $30,2 billones corresponden a ingresos contingentes que dependen de la aprobación de un proyecto de ley de recursos adicionales por parte del Congreso de la República.
Más allá del debate sobre su financiación, el documento muestra un cambio relevante en la composición del gasto público. El servicio de la deuda asciende a $118 billones, equivalentes al 5,5% del PIB, mientras la inversión pública programada se ubica en $90 billones, cifra que representa el 4,2% del PIB y que implica una reducción frente a 2026.
El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, advirtió que uno de los principales mensajes del Presupuesto es precisamente el crecimiento de los recursos destinados al pago de intereses. “Vemos cómo crece el gasto en el servicio a la deuda, en intereses, cuando uno mira la inversión y lo que sucede con funcionamiento, el crecimiento no es tan alto”, señaló al analizar el proyecto presentado por el Gobierno.
El representante a la Cámara Santiago Castro también puso el foco sobre este comportamiento. Según indicó, el servicio de la deuda presenta un aumento del 17,5%, al tiempo que la inversión pública reduce su participación dentro de la economía colombiana.
Inversión pública pierde espacio por la rigidez del gasto
El proyecto oficial explica que la inversión pública programada para 2027 asciende a $90 billones, equivalentes al 4,2% del PIB. Esta cifra representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales frente al año anterior, cuando alcanzó el 4,4% del PIB.
De acuerdo con el documento, esta reducción responde a varios factores estructurales. Entre ellos menciona la alta inflexibilidad del gasto de funcionamiento, la insuficiencia de los ingresos corrientes y la necesidad de avanzar en la reducción del déficit primario del Gobierno Nacional Central, en línea con el retorno pleno a los parámetros de la regla fiscal previsto para 2028.
El gasto de funcionamiento programado asciende a $367,7 billones y continúa concentrando la mayor parte de los recursos públicos. El Gobierno señala que seis componentes explican el 86,7% de su crecimiento: el Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y asignaciones de retiro, el aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las Instituciones de Educación Superior Pública y los gastos de personal.
A esto se suma que, excluyendo el servicio de la deuda, el gasto total alcanza $454,3 billones, equivalentes al 21,3% del PIB. El documento también precisa que el gasto primario disminuye en términos reales porque los gastos de funcionamiento e inversión crecerán apenas 0,5% nominal durante 2027, una cifra inferior a la inflación proyectada del 4,4%.
En ese contexto, Santiago Castro sostuvo que el proyecto de Presupuesto “tiene que ser revisado por el Gobierno entrante“ y afirmó que espera que las autoridades económicas presenten modificaciones al Congreso durante el trámite Legislativo. En su concepto, la solución al problema fiscal “no puede ser buscarla mano al bolsillo de los colombianos por más de $30 billones”.
Déficit fiscal y discusión del Congreso marcarán el trámite del PGN
Otro de los elementos que marcarán el debate presupuestal será su nivel de financiación. El proyecto establece que $30,2 billones dependen de la aprobación de una ley de ingresos adicionales, por lo que el presupuesto inicia su trámite sin respaldo definitivo.
David Cubides afirmó que ese será uno de los principales retos de la discusión legislativa. “El Presupuesto nace desfinanciado en cerca de $30 billones e incluso si se llega a aprobar la reforma tributaria, que es bastante improbable, incluso también quedaría desfinanciado cerca de $8 billones“, manifestó.
El economista agregó que existe una alta probabilidad de que el texto presentado no sea el que finalmente entre en vigencia. “Tenemos hasta octubre para que se logre la aprobación y ya una siguiente administración es probable que le haga cambios no menores o que incluso se mande un Presupuesto completamente nuevo, supervisado y elaborado por la administración entrante”, afirmó.
Desde el Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la sostenibilidad del proyecto. El senador Christian Munir Garcés aseguró que el Gobierno saliente deja “un Presupuesto inviable”, basado en una reforma tributaria que, según su posición, no será aprobada. Agregó que el reto de la siguiente administración será estabilizar las finanzas públicas, promover el crecimiento económico y generar mayores ingresos sin recurrir a nuevos impuestos.
El proyecto establece que,del monto total del Presupuesto, $545,1 billones corresponden a recursos de la Nación y $30,5 billones a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. En materia de rentas, se proyectan $308,9 billones provenientes de ingresos tributarios y $905.000 millones de ingresos no tributarios.
El Gobierno también explica que los ingresos totales pasarán del 27,3% al 25,5% del PIB en 2027. Según el documento, esta disminución responde a que la proyección excluye los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026, así como a un menor recaudo por impuestos externos asociado a la desaceleración prevista de las importaciones contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026.
La propuesta presupuestal fue elaborada con base en ese Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y mantiene como objetivo el retorno pleno al cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028. Para ello incorpora supuestos macroeconómicos como crecimiento económico del 2,2%, una inflación del 4,4%, una devaluación promedio del 2,7%, una tasa de cambio promedio de $3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente equivalente al 2% del PIB.
Con ese panorama, el proyecto del PGN 2027 inicia su trámite legislativo con dos discusiones paralelas: la necesidad de asegurar los recursos que permitan cerrar el faltante de financiación y el debate sobre la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas, en un contexto en el que la inversión pública pierde participación dentro del presupuesto nacional y el Gobierno entrante podría introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
LEIDY JULIETH RUIZ CLAVIJO
Artículo basado en información de portafolio.co
