A las 7:34 de la mañana de ayer -lunes-, la agenda de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella dejó de existir. El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el más fuerte que siente Colombia desde 1979, obligó a tachar prioridades escritas durante meses y a reemplazarlas por una sola: responder. El primer reporte oficial suma más de un centenar de muertos, 1.575 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados, con daños en 18 centros de salud, 52 sedes educativas y 18 vías principales.
El golpe se repartió mal, como casi todo en Colombia. El epicentro fue Chocó, pero el mayor número de víctimas está en Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, donde Pereira ya declaró calamidad pública y Manizales perdió parte de su catedral. Esa aritmética engaña. En zonas de vivienda informal el censo de daños llega tarde o no llega nunca, la gente resuelve por su cuenta el remiendo de la casa y del pequeño negocio, y la pérdida relativa es total, aunque jamás entre en un registro.
Atender no es reconstruir, y reconstruir no es devolver las cosas al estado anterior. Devolver el Chocó al estado anterior es devolverlo a una de las mayores incidencias de pobreza multidimensional del país, a la carretera que nunca se terminó, al hospital que ya estaba débil (no por sus ladrillos, si no por su atención) antes del temblor. Esa no puede ser la meta.
El calendario ofrece entonces una coincidencia que sería un desperdicio ignorar. El miércoles arranca el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, primer encuentro del sector privado con el nuevo gobierno, y convertir esa agenda en el pacto de reconstrucción del occidente está al alcance de quienes se sienten en ese salón.
Lo que se necesita del empresariado no es un cheque sino lo que sabe hacer mejor: mover carga, contratar, abastecer, levantar obras. Pero más importante aún, invertir y apostar por esta región y su gente, crear empresa y prosperidad. Esa capacidad rinde cuando entra coordinada, con metas por sector y responsables con nombre propio, y se desperdicia cuando se dispersa en donaciones sueltas.
Coordinar es la función que la ley le asignó a la UNGRD, que no fue concebida como bodega de ayudas sino como articuladora de un sistema municipal, departamental y nacional. Esa red existe y lleva años entrenada, desde los consejos territoriales y los bomberos hasta la Defensa Civil, la Cruz Roja y centenares de organizaciones empresariales y sociales. Volver a convocar, trabajar en equipo y publicar cada contrato en tiempo real es la vía más corta para que la entidad recupere la autoridad que necesita y deje atrás los fantasmas de corrupción.
Sismos comparables en otros países han tenido consecuencias más catastróficas y conviene decirlo: la norma sismorresistente funciona donde se aplica. El pendiente es otro. La Ley 400 de 1997 ordenó reforzar hospitales y escuelas antes de 2003, y el plazo se prorrogó hasta 2024. La vivienda autoconstruida sigue levantándose sin asistencia técnica. La tarea está en lo viejo y en lo informal, no en el edificio nuevo.
Hay algo más y es lo que vuelve esto una prueba política. Las cadenas económicas del Pacífico llevan décadas ocupadas por economías ilegales donde el Estado no llegó. Una reconstrucción que compre local, contrate local y formalice local no es asistencialismo: es la primera ofensiva seria contra ese vacío. Los liderazgos que viven de dividirnos pierden terreno cuando el vecino ve obra, empleo y presencia.
Lo único que no vuelve es la vida. Honrarla exige que el esfuerzo de estas semanas no se agote cuando se apaguen las cámaras, y que las familias que lo perdieron todo tengan, esta vez, un futuro distinto.
Artículo basado en información de portafolio.co
