El aumento del salario mínimo para el 2025 debe responder esta vez mucho más a factores económicos, incluida la informalidad, que al entorno político.
Continúa desarrollándose el calendario oficial para la definición del salario mínimo para el año entrante por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Ayer, el Dane entregó cuatro datos de productividad, insumo crucial para las discusiones tripartitas entre empleadores, sindicatos y Gobierno. Según la organización nacional estadística, la productividad total de los factores fue de 1,73 por ciento, la productividad laboral por persona- 1,76 por ciento -productividad media del trabajo- 3,14 por ciento- y productividad laboral por horas trabajadas- 3,43 por ciento.
Hoy sigue la negociación con la escogencia del dato del cambio productividad para que, sumado a la inflación anual, se empiece a redondear el rango del aumento al salario mínimo para 2025. Los números del Dane, más altos que las proyecciones de analistas y centros de estudios, podrían llevar el debate más cerca del 7 por ciento o incluso más, que en torno al 6 por ciento.
Mientras el propio Gobierno Nacional hablaba de un 6,2 por ciento, Anif y Fedesarrollo del 6 por ciento, las centrales obreras insisten en un alza de dos dígitos, esto es 10 por ciento.
Lo cierto es que este aumento del 2025 debería cortar tres años seguidos de subidas de dos dígitos del salario mínimo: 10,1 por ciento en 2021, 16 por ciento en 2022 y 12 por ciento en 2023. Si bien la pandemia y el choque inflacionario pos-pandemia explican en parte estas decisiones, llegó el momento de regresar a aumentos mucho más razonables y más cercanos a los niveles técnicos. Bien lo afirma el centro de estudios Anif en un informe reciente: “el salario mínimo en Colombia ha crecido consistentemente por encima de la inflación y la productividad, influenciado por factores políticos”.
Esta seguidilla de aumentos -junto a otros factores más estructurales- ya se refleja en la conformación de los salarios dentro de la población trabajadora en Colombia. Mientras en 2015 el 48,4 por ciento de los ocupados tenía ingresos de hasta un salario mínimo legal, en 2023 esta proporción registró un 54,7 por ciento. A lo anterior se deben añadir los altos índices de informalidad laboral que aquejan la economía nacional: en octubre pasado la tasa fue de 55,3 por ciento.
En otras palabras, una política laboral integral no puede concentrarse únicamente en el bloque minoritario de trabajadores colombianos que devengan el salario mínimo. Millones de compatriotas que hoy se encuentran en la informalidad laboral necesitan que el Gobierno Nacional brinde estrategias específicas y efectivas para que se desbloqueen los caminos que los conducen a un puesto de trabajo formal y con los beneficios de ley.
Otro aspecto a mencionar es el de los impactos de un salario mínimo alto sobre las empresas generadoras de los puestos de trabajo.
La elevación de la carga laboral de los empleadores -en especial las pequeñas empresas- constituye un desincentivo para la creación de empleo formal y, de cierta manera, un empujón hacia la informalidad.
Si a esto se le suman las disposiciones que contemplaría el proyecto de reforma laboral del Gobierno de aprobarse, los costos de abrir una oportunidad de trabajo serán pesados para las micros y pequeños negocios.
Esta discusión tripartita apenas está tomando forma y restan varias sesiones. Pero la definición del aumento del salario mínimo para 2025 debería responder más a los factores técnicos y económicos y menos, al menos por esta vez, a los políticos.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/un-minimo-razonable-editorial-portafolio-618842
