El 12 de junio, una carta del Departamento de Comercio de Estados Unidos obligó a Anthropic a impedir que cualquier extranjero usara sus dos modelos más avanzados.
La empresa terminó apagándolos para todo el mundo. La restricción se levantó semanas después. La tecnología nunca dejó de funcionar: lo que se suspendió fue el permiso para usarla.
No fue un hecho aislado.
Días antes, una orden ejecutiva había creado un mecanismo de revisión previa de los modelos más potentes. Después vinieron restricciones sobre otro desarrollo estadounidense y, en la cumbre del G7, la propuesta de otorgar acceso privilegiado a una lista de aliados de confianza.
La base jurídica sigue en disputa. El fondo no: el acceso a la inteligencia artificial de frontera dejó de ser una variable de mercado y pasó a ser una concesión de política exterior. Para una empresa que ya montó su operación sobre esos modelos, el riesgo dejó de ser tecnológico y pasó a ser geopolítico.
Cercar rara vez produce el resultado buscado.
Mientras Washington restringía, los modelos chinos de pesos abiertos ganaron en dos años una porción decisiva del uso global. Negar aceleró la alternativa.
Para Colombia la conclusión no es construir un modelo propio. Es entender que en la economía del conocimiento la soberanía se juega en tres activos que sí controlamos: energía firme, capacidad de cómputo en territorio nacional y talento con datos aprovechables.
Quien no los tenga alquilará inteligencia ajena, en las condiciones que fije quien la presta.
La carrera regional ya empezó. En los últimos cinco años las grandes plataformas anunciaron más de US$14.000 millones en infraestructura digital en América Latina, concentrados en México, Chile, Brasil y Uruguay. República Dominicana, con once millones de habitantes, capturó una inversión de Google para volverse punto de intercambio digital del Caribe.
No ganó por geografía. Ganó porque lo declaró prioridad nacional.
Colombia tiene mejores condiciones y menos resultados. Somos cuartos en la región, con poco más de treinta centros de datos y una capacidad instalada que es apenas una fracción de la de nuestros competidores.
A las costas del Caribe llega una decena de cables submarinos que conectan a Norteamérica, el Caribe y Suramérica. Ese activo es nacional, pero se ha manejado como agenda local.
Tres decisiones cambiarían la trayectoria.
La primera es de jerarquía. Declarar la infraestructura de cómputo como prioridad estratégica del Estado y sentar en una misma mesa, con plazo corto, a las plataformas, a los operadores de cables, a los generadores y a la banca multilateral. Sin esa señal no llega capital.
La segunda es energética, y ahí el Caribe deja de ser periferia. La región concentra buena parte de la expansión renovable del país: sol casi todo el año, uno de los mejores vientos del continente y la infraestructura de gas para respaldarlo.Falta lo de siempre: transmisión, reglas de conexión estables y contratos de largo plazo.
La tercera es contractual.
El Estado y los sectores regulados deberían exigir que sus proveedores garanticen portabilidad. Depender de un solo modelo extranjero es aceptar que una carta firmada afuera suspenda un proceso interno.
Hay dos futuros. En el primero, el gobierno que se posesiona el 7 de agosto convierte nuestro litoral con sus cables submarinos y potencial de vatios renovables en carga instalada, y llega a negociar con activos propios.
En el segundo, seguimos discutiendo cómo regular una tecnología que no producimos, ni alojamos, ni alimentamos, hasta descubrir que la soberanía digital es apenas una consigna.
Jaime Pumarejo Heins
Artículo basado en información de portafolio.co
